lunes, 21 de septiembre de 2009

El Fiscal General del Estado afirma, en presencia de Bono, que “hay que erradicar las conductas corruptas”

Hoy ha tenido lugar la apertura del año judicial. Con ese motivo el Fiscal General ha asegurado que “se van a erradicar las conductas corruptas”. Esta afirmación trae a la memoria las promesas solemnes de las pasadas elecciones. El PSOE no presentaría en sus listas a ningún candidato imputado por corrupción. El propio José Blanco, entonces secretario de organización del PSOE, llegó a asegurar que “no era consentible” (sic) que ningún imputado permaneciera en su cargo.

Sin embargo varios imputados del PSOE fueron presentados en las listas y varios imputados continúan en sus cargos y no sólo ante la pasividad de los responsables y dignatarios del partido, sino con su manifiesto apoyo, como se puede comprobar en la fotografía adjunta donde Alejandro Pompa Mingo ―alcalde de Carranque al que en ese momento ya se le imputaban, y se le siguen imputando, una veintena larga de delitos relacionados con la corrupción a causa del caso de la permuta, del caso del campo de golf de Carranque y del caso de las cartas PIP, además de estar condenado en firme por golpear a un anciano de 82 años― camina codo con codo junto a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha.

En estas circunstancias sólo puedo acoger la afirmación de hoy del Sr. Fiscal General con un intenso escepticismo, aunque hay algo que me hace, sancta simplicitas, concebir una frágil esperanza. Llamo la atención del lector sobre la expresión y gestos de uno de los asistentes al acto: el Presidente del Congreso y antes ministro de defensa y antes presidente de Castilla-La Mancha, José Bono Martínez. El rictus, desde luego, es expresivo.




Por otro lado, hoy El Mundo se refería a un dossier con el que el PP pretende probar el trato desigual que recibe por parte de la fiscalía, cuando el corrupto o el presunto corrupto es de su partido. Me ha alegrado ver que en la noticia se hace referencia al caso de Petra Mateos Aparicio Morales, presidenta de HISPASAT, presidenta de TELECOM CASTILLA LA MANCA y administradora única de ALTKOCA, sociedad que participa en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una compañía en la que aparece el socio de los “malayos” Roca y Pedro Román, el salmantino Juan María López Alvarez, investigado en su día por su actuación en los hechos del caso Malaya y que lo continúa siendo con respecto a sus negocios junto al “malayo” Pedro Román, en Toledo. Sin duda es reconfortante comprobar que la información de Notitia Criminis ―véase este artículo― no cae en saco roto.