viernes, 22 de julio de 2011

Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Gobierno blinda la corrupción contra la acción ciudadana

Hoy está prevista la aprobación de una nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno de los últimos estertores del cadavérico gobierno de Zapatero y en ella se consuma una vieja pretensión que el Felipe González de los tiempos del GAL no tuvo valor para perpetrar: La instrucción, es decir, la investigación de las causas criminales pasa a manos de la Fiscalía, pero no sólo esto. En congruencia con lo anterior la Acción Popular, un derecho establecido por la Constitución pero no determinado en ella, desaparece de facto en todos aquellos tipos penales cuyo bien jurídico protegido no corresponda a derechos personalísimos o a personas físicas determinadas. Así ocurrirá, por ejemplo, con el Título de los delitos contra la Administración Pública o con el de los delitos contra la Administración de Justicia o con la mayor parte de aquellos relativos a organizaciones criminales o a delitos contra la Hacienda Pública tal cual es el de blanqueo de capitales.

Según la reforma que se aprobará hoy, los partidos políticos, los sindicatos y las Administraciones Públicas son definitivamente privados, en todos los supuestos, del derecho a personarse en una causa criminal como Acusación Popular. En el resto de los caso, también será arrojado fuera del proceso quien se haya personado como tal Acusación, sea persona física o jurídica, si la víctima del delito –de haberla– y el Fiscal piden el sobreseimiento de la causa.

A esto, se añade un reforzamiento del secreto de las actuaciones cuyo principal efecto es hurtar a la opinión pública el conocimiento sobre las circunstancias y presuntos autores de los delitos investigados. Con el aparente propósito de proteger al “investigado” de la llamada “pena de telediario”, lo cual parece loable a primera vista, la nueva Ley prohíbe que durante la instrucción se hagan públicas la identidad o imágenes de los investigados –antes imputados– cosa que, en la práctica, dificulta, si es que no impide, que otras investigaciones no judiciales, como las periodísticas, desvelen hechos y datos que no se investiguen en la instrucción, es decir, que el Fiscal no quiera o no sepa investigar.

La consecuencia inevitable de todo ello es que el Ejecutivo pasa a controlar y monopolizar discrecionalmente la persecución de la corrupción político-económica. ¿Por qué? Pues porque, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía es un apéndice del poder Ejecutivo y no porque una Ley así lo diga, sino porque lo dice la propia Constitución. Según el artículo 124.2 CE “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”; y según el 124.4 “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”.

Con otras palabras, el Gobierno tiene el control inmediato y pleno de la actuación de la Fiscalía por el evidente, flagrante y manifiesto hecho de que a él le corresponde, a discreción, el nombramiento y el cese del Fiscal General del Estado y porque el resto de los miembros del Ministerio Fiscal están sujetos a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, cosa que no se nubla en absoluto aunque ese Ministerio también deba atenerse a los principios de legalidad e imparcialidad, por cierto, igual que le pasa a todas las demás Administraciones Públicas, las cuales, no por eso, dejan de ser órganos dependientes y sujetos a la voluntad gubernativa.

Y si esto es así, y así es, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se va a aprobar hoy –seguro que con aplastante apoyo parlamentario– significa, ni más ni menos, que a partir de ahora la impunidad o el castigo de los delitos de corrupción queda al libre albedrío, al antojo, del presidente del Gobierno.

Con lo que está sucediendo en este día, nuestra narcotizada segunda Restauración se adentra profundamente en la mutación del Estado en Hampa organizada, y con ello enuncia nuevamente unas viejas palabras y reclama del Ciudadano, del Cives, que las reconsidere otra vez:

Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.

martes, 19 de julio de 2011

Castilla la Mancha en quiebra. No es mala gestión, es pillaje

Bono y Barreda

Ya es un hecho consumado. Según informa hoy el diario Expansión, el Gobierno regional, a 30 de junio, tenía un saldo disponible en cuentas bancarias de 36,8 millones de euros y unos pagos pendientes de 2.606,7 millones. La situación, por tanto, es de quiebra y salvo que el Estado se haga cargo de tales pagos, ni médicos, ni maestros, ni profesores de instituto, ni enfermeras, ni barrenderos ni nadie podrá cobrar sus nóminas de funcionarios en el próximo mes.

Desde hace cinco años, en este blog se están sacando a relucir tramas que revelan una sistemática estructura de saqueo público. Aquí se ha echado luz sobre la presencia en la región de capos del caso Malaya y del caso Astapa, incluso de individuos que constan en las bases policiales como pertenecientes a la mafia calabresa. Dentro de no mucho, ya lo adelanto, veremos a la mafia, no en sentido lato, sino estricto, agazapada tras el fabuloso proyecto de un parque temático y no es necesario insistir en otras cosas como la operación del aeropuerto de ciudad real consistente en cambiar millones de billetes de curso legar por estampitas que llevaban impresa la leyenda “acción al portador”.

De lo investigado aquí, ha ido surgiendo una sistemática constante que, necesariamente, tiene que obedecer a un plan jerarquizado y sometido a una cadena de mando que, obligatoriamente, acaba o comienza en la cúpula del régimen instaurado por José Bono y continuado por Barreda. En toda la región, al menos en todas las partes de la región en las que el “negocio” inmobiliario lo permitía, mediante la generación de plusvalías fraudulentas basadas en la recalificación y control del suelo, en la confiscación de éste a labradores indefensos y en la utilización arbitraria del crédito a través de CCM; se ha instaurado la misma maquinaria de pillaje: un ayuntamiento, un alcalde adicto y protegido por el régimen y un constructor o un número limitado de constructores que, contando con la complicidad política, monopolizaban, al margen de la Ley unas veces y en contra de ella otras, el mercado inmobiliario del lugar.

Así, se ha ido dibujando una línea que comenzando en Aranjuez, continuaba por Borox, Seseña, Illescas, Ugena, Carranque, El Alamo, Valmojado y Casarrubios del Monte, ha establecido, al sur de Madrid, las fronteras de una corrupción que, en demasiadas ocasiones, ha llegado a la más desvergonzada obscenidad.

Hoy la prensa publica también el descubrimiento de un coche blindado encargado por Barreda que llegó a costar en el año 2007, 377.749 euros y cuyo cuentakilómetros marca 53.000. El vehículo fue comprado mediante un contrato negociado y sin publicidad, pero lo que calla la prensa, lo fundamental, es a quién fue comprado ese automóvil. El hecho, comparado, por ejemplo, con los 200 millones de euros prestados por CCM a Roca y a otros dos cabecillas del caso Malaya, no deja de ser anecdótico pero, no obstante, ejemplifica, perfectamente, la operativa puesta en práctica para vaciar los fondos de una de las comunidades autónomas más extensas del Estado español.

Y sobre todo esto, la Fiscalía ha venido callando y los Tribunales inhibiéndose. Sin embargo, a matacaballo y sin entrar en detalles técnicos, se me vienen a la cabeza unos cuantos tipos penales que pueden y deben ser aplicados: Malversación propia e impropia, falsedad en documento público, falsedad contable, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, cohecho, inhibición del deber de perseguir delitos... y todo ello aderezado con los correspondientes fraudes de ley y abusos de derecho.
Es falso que el Código Penal no disponga de instrumentos para hacer frente a tales delitos, tan falso como la impostura de llamar a esto “mala gestión” o “despilfarro”. Aquí no se ha despilfarrado, se ha robado, se ha robado en una escala desconocida hasta ahora y las víctimas son unos ciudadanos que, sin darse cuenta, hace tiempo que devinieron en súbditos, si es que no en siervos y en pecheros, unos ciudadanos a los que hay que preguntar sin van a hacer algo al respecto o si, por el contrario, son idiotas.

martes, 5 de julio de 2011

Tofiño hace “fijo” en la Diputación de Toledo al hijo de Jesús Gregorio Fernández Vaquero



Gregorio Fernández Vaquero

La denuncia presentada por UPyD contra José Manuel Tofiño Pérez, ex alcalde de Illescas y ex presidente de la Diputación Provincial de Toledo, por presunta prevaricación cometida al “regularizar” la situación laboral de varios contratados por la Diputación, está revelando datos interesantes.

A pesar de la reacción de Tofiño, que rápidamente se ha apresurado a declarar que tal denuncia supone “un insulto a los trabajadores” y a alegar que la información desvelada viola la Ley de Protección de Datos, en un patético intento de silenciar la información; hoy el Digital de Castilla la Mancha hace públicos algunos de los nombres favorecidos por la citada “regularización”. Entre ellos destaca el del hijo de Jesús Gregorio Fernández Vaquero: Ignacio Fernández Maqueda. Pero también aparecen otros de familiares y cargos del PSOE toledano:

Ignacio Fernández Maqueda: Hijo de Jesús Fernández Vaquero, vicesecretario Provincial del PSOE y Secretario de las Cortes de Castilla La Mancha.
Anastasio Arevalillo Martín: Nº 2 del PSOE de Torrijos.
Sonia Cebadera Cabo: Hija del ex diputado del PSOE José Luis Cebadera.
Raúl Escudero Aparicio: Hijo del ex alcalde del PSOE de Villaluenga.
Francisca Meseguer Nicolau: Esposa del Delegado Provincial de Bienestar Social.
Maria Angustias Ortega Fernández: Hermana del ex alcalde del PSOE de Cobisa. Dir. General de Ordenación Territorial.
Javier Sánchez Salas: Concejal del PSOE en Yeles.
Cristina Escalante Rodríguez: Cuñada del representante sindical de UGT.
Juan Carlos Hernández Morin: Cuñado de la Jefa de personal.
Junquera Medina Pablo José: Sobrino político de la Jefa de Personal.
Antonio Largo Rodríguez: Ex alcalde de Cobeja por el PSOE.
Ángel de Paredes Alonso: Alcalde de Borox.

¿Quién es Jesús Gregorio Fernández Vaquero? Desde luego un peso pesado del bonismo toledano y uno de los integrantes, junto a Tofiño, del aparato político que tiene en su cúpula, por supuesto a Bono y a Barreda, pero de forma más concreta a Emiliano García Paje.

Ya se ha dicho que este personaje, igual que Tofiño maestro de escuela, ocupa los puestos de vicesecretario Provincial del PSOE y, hasta el fiasco electoral del PSOE, el de secretario de las Cortes de Castilla La Mancha, pero su curriculum tiene más hitos y así aparece en la ficha personal de la página web de las Cortes de Castilla la Mancha:

Diputado Regional por la provincia de Toledo (desde el 19-06-2007).
Miembro del Grupo Parlamentario Socialista.
Vicepresidente 1º de la Mesa (desde el 19-06-2007).
Vicepresidente 1º de la Diputación Permanente (desde el 26-06-2007).
Vocal de la Comisión de Reglamento y Estatuto del Diputado (desde el 25-06-2007).
Vocal de la Comisión de Salud y Bienestar Social (desde el 02-10-2008).
Vocal de la Comisión de Bienestar Social [Suprimida] (desde el 09-07-2007 hasta el 25-09-2008).
Vocal de la Comisión de Sanidad [Suprimida] (desde el 09-07-2007 hasta el 25-09-2008).
Vocal de la Comisión de Mujer (desde el 09-07-2007 hasta el 26-10-2009).
Vocal de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo (desde el 02-10-2008 hasta el 21-06-2010).
Maestro.

Lo que no aparece en esa ficha es el incidente del “Fax de Seseña”, un documento remitido desde el despacho de Fernández al concejal de Seseña Felipe Sancho dándole instrucciones para oponerse a los presupuestos presentados por el alcalde Manuel Fuentes, cosa que tenía relevancia porque tanto Felipe Sancho como el resto de la agrupación del PSOE en Seseña habían sido aparentemente expulsados del partido a causa de las sólidas sospechas de corrupción que pesaban sobre ellos a cuenta del caso del Pocero.
Vaquero también fue quien acompañó en rueda de prensa a Tofiño cuando éste intentó dar respuesta a la denuncia presentada contra él por IU ante la Fiscalía Anticorrupción, relativa a la concesión de una contrata de 27 millones de euros a un grupo constructor (PEYBER) del que su hijo era socio; y también fue Vaquero el que tachó de “cuadrilla de bandoleros” a los militantes de IU a causa de aquella denuncia; el que se refirió a uno de los diputados regionales de la oposición con el calificativo de “buitre de Sevilleja”; o quien, junto a Tofiño, contrató los servicios del bufete Garrigues para intentar silenciar este blog, como a la vista está, con inútiles resultados.
Ahora su nombre vuelve a aparecer vinculado al escándalo de las contrataciones en la Diputación pero, seguramente, en esta ocasión el señor Vaquero se cuidará de declarar que los militantes de UPyD son una “cuadrilla de bandoleros”.

domingo, 3 de julio de 2011

Tofiño trata de borrar el rastro de sus actos en el Ayuntamiento de Illescas


José Manuel Tofiño, ex  alcalde "bonista" de Illescas

Si a principios de este mes de julio se conocía que UpyD había presentado denuncia –ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Toledo– contra José Manuel Tofiño Pérez, ex alcalde de Illescas y pronto ex presidente de la Diputación Provincial, por un presunto delito de prevaricación que éste habría cometido al “regularizar” fraudulentamente la situación laboral de varias personas, entre las que se encuentran familiares suyos a más de varios ex cargos públicos del PSOE; hoy se ha conocido también que los ordenadores de varias concejalías sensibles del Ayuntamiento de Illescas, como la de Obras Públicas y Urbanismo, han sido “formateados”, es decir, que el contenido de sus discos duros y el sistema operativo han sido borrados.

La cercanía del ex alcalde o de su familiares a ciertas constructoras como PEYBER o el Grupo GV, propiedad de Aurelio González Villarejo; el sospechoso secreto que ha rodeado la construcción de la comisaría de la policía local de Illescas, realizada por la citada constructora PEYBER pero con ausencia de carteles, banderines o de cualquier otro signo distintivo de la identidad del concesionario; el truculento episodio de la redacción del POM, supuestamente concedido a una empresa domiciliada en una barriada chabolista de la localidad, de la que ya se informó aquí que tenía vínculos con CCF 21, mercantil que la UDYCO atribuye al “malayo” Juan Antonio Roca Nicolás; el hecho de que, poco después, se supiera que el verdadero artífice de la redacción de ese POM fuera el ingeniero Miguel Angel López Toledano, cuyo nombre aparece en el sumario Astapa y que está estrechamente relacionado en Aranjuez con la Fundación Metrópoli, a su vez vinculada a la trama vasco-malaya; etc. etc. etc. bien pueden ser causas que expliquen la orden de “formatear” los discos duros de los ordenadores del Ayuntamiento.

Ahora bien, podría ser que el desconocimiento y las prisas hayan traicionado a Tofiño puesto que formatear un disco duro no borra, ni mucho menos, la información contenida en él, sólo registra como espacio libre para nuevas grabaciones el lugar que antes ocupaba el contenido de los viejos archivos y programas, y ocurre que recuperar esa información, casi completamente indemne, es fácil, barato y rápido, así que el futuro de José Manuel Tofiño Pérez, hombre de gran poder en Toledo hasta hace poco, depende en estos momentos de que haya caído o no en la cuenta de que para hacer desaparecer la información contenida en un disco duro es necesario bastante más que el elemental comando “format c:/”.