miércoles, 12 de enero de 2011

La imputación de Hernández Moltó, las zonas oscuras de CCM y las nuevas formas de corrupción


Finalmente, Hernández Moltó, el “inquisidor” de Mariano Rubio, el recto hombre político que podía sostener la mirada a cualquiera, el amigo íntimo de José Bono, el ex diputado, el ex consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el destituido presidente de CCM; está imputado a causa de los presuntos delitos cometidos durante lo que bien se puede llamar el saco de la caja de ahorros manchega.
Esta imputación trae cuenta del informe elaborado por los inspectores del Banco de España y remitido hace algunos meses a la Fiscalía Anticorrupción. Parte de ese informe –que se puede descargar desde este enlace– se ha filtrado a la prensa y en él tienen protagonismo muy señalado los habituales nombres que llevan años merodeando por los pasillos del palacio de Fuensalida: Domingo Díaz de Mera, los hermanos Barco Fernández, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo e incluso la laureada Petra Mateos Aparicio.
Simplificando las cosas, lo que en el citado documento se destapa es la servidumbre sistemática del aparato financiero dominado por la Junta de Bono y Barreda –es decir, de CCM– hacia las operaciones de esos personajes, todos los cuales mantienen una pública, manifiesta y reconocida cercanía personal a los citados Bono y Barreda.
Coincidiendo con eso, la atención de la política regional, ante el fiasco de la Caja, se ha centrado en asuntos tan turbios como el demencial aeropuerto de Ciudad Real o el misterioso agujero de la Fundación Virtus. En menor medida y sólo debido al impulso dado a la causa por IU y especialmente por Cayo Lara, también en el caso del Pocero de Seseña, donde por no faltar, no falta ni la mafia calabresa, la 'Ndrhangheta.
Sin embargo son más las cosas destapadas en Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo, que provocan una acuciante preocupación. Recordemos algunos de las más señaladas.
Allá por las postrimerías de 2006 Notitia Criminis reveló que el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez había impulsado un proyecto de privatización del mantenimiento de las carreteras de la provincia, del cual había resultado la concesión a una de las empresas del grupo PEYBER de una contrata de 27 millones de €. Al mismo tiempo, los propietarios del mencionado grupo crearon otra empresa –SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS– en la que participaba como socio el hijo del señor Tofiño, un joven con los estudios de arquitectura recién terminados. Denunciado el caso por IU, la Fiscalía de Toledo consideró que no había nada que investigar en este asunto. Por su parte, Tofiño y Gregorio Fernández Vaquero, otro alto cargo del PSOE toledano, se apresuraron a contratar los servicios del bufete Garrigues para intentar –inútilmente, a la vista está– silenciar a este modesto blog.
También se ha revelado aquí otro hecho que induce, inevitablemente, una viva sospecha. Se trata de la presencia en el pueblo toledano de Layos de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya”, un enrevesado y complejísimo entramado empresarial en el cual relumbran nombres como el de Javier Arteche Tarascón –presunto testaferro de Juan Antonio Roca e imputado en piezas separadas del caso Malaya– Luis Maya Galarraga, Maria Eugenia Yeregui Kinkel, Ignacio Lasa Georgas, etc. En este caso, no sólo la Fiscalía ha considerado irrelevante el asunto, sino que toda, repito, toda la prensa, ha guardado un reverencial silencio, pudiera ser porque asociado con esos personajes aparece ahí –concretamente en la mercantil LAYOS CASA CAMPO– el apellido Oriol e Ibarra.
La generosa financiación dada por la Caja capitaneada por Hernández Moltó a Juan Antonio Roca, a Pedro Román Zurdo y a Enrique Ventero Terleira, es otro de los hechos escalofriantes acaecidos en el entorno político-económico de la Junta manchega. Ya dije aquí que CCM, según documentación que consta en el sumario del caso Malaya, había financiado a Roca la compra del palacio de Saldaña en Madrid, pero también, como en su día revelaron Alejandra Ramón y Javier Romera en El Economista, CCM ha prestado a algunos de los cabecillas de la trama Malaya –entre ellos al propio Roca– no menos de 200 Millones de €. Esta circunstancia no ha merecido la atención de la Fiscalía y, parece ser, tampoco de la inspección del Banco de España o, lo que es más sorprendente, de la oposición regional.
Así mismo, y relacionado con lo anterior, ha sido mínimo el revuelo levantado por el descubrimiento de que CCM participaba en varias sociedades con el imputado en Malaya, Enrique Ventero Terleira y con el también imputado en pieza separada del caso, Luis Portillo, el artífice de la quiebra de Inmobiliaria Colonial.
No obstante, si hay un caso flagrante en relación con esta vinculación de CCM con las tramas de corrupción marbellíes, es el de la finca Alcalvín de Bargas, tres millones de metros cuadrados adquiridos en sospechosas circunstancias por la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y recalificada parcialmente bajo la autoridad del alcalde de la localidad, Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la Diputación toledana y mano derecha e izquierda de su presidente, José Manuel Tofiño.
Sobre la mitad de esta finca, cuyo proyecto de urbanización está calificado como “medioambientalmente inviable” se constituyó una primera hipoteca a favor de CCM por valor de unos 30 millones de €. El plazo era de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que PUERTA ORO TOLEDO hubiera pagado a CCM ni un céntimo del capital o los intereses del crédito, la Caja de Hernández Moltó lo renovó el 15 de mayo de 2007 en las mismas condiciones y por otros dos años. Esos dos años volvieron a transcurrir sin que los propietarios de la finca pagaran absolutamente nada del crédito recibido y así, el 13 de mayo de 2009, dos días antes del nuevo vencimiento y con CCM manifiestamente en quiebra, la Caja presidida por Moltó volvió a renovar el crédito de 30 millones en idénticas condiciones y sin ninguna penalización o ampliación de garantías.
Pero si esta operación en sí misma es turbia, el hecho adquiere un significado preciso cuando sabemos que los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO son, ni más ni menos, que el “malayo” Pedro Román Zurdo, el socio de Roca y del citado Román, Juan María López Alvarez, la constructora SACYR y uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Europa, el bufete Cuatrecasas.
El caso mereció un amplio artículo en El Mundo firmado por Cristina Caballero, pero ni la Fiscalía, ni la oposición ni –por lo que se sabe hasta ahora– la Inspección del Banco de España, han considerado la cosa digna de investigación.
Esta no es una relación exhaustiva. Existen otros hechos que ensombrecen toda la política urbanística de Castilla-La Mancha y, especialmente, de la comarca toledana de La Sagra, fronteriza con la provincia de Madrid; hechos que atañen a Illescas, a Carranque, a Borox, a Chozas de Canales, a Casarrubios del Monte, por supuesto a Seseña, etc. etc., ninguno de los cuales parece tener la suficiente relevancia penal ni reclamar una investigación judicial o policial.
No obstante, para quienes consideran –y yo lo considero así– que la situación española ha alcanzado un estado de “corrupción endémica” tal y como la ha definido el Parlamento Europeo en el Informe Auken y que, por lo tanto, es obligación cívica sospechar, investigar y denunciar; lo conocido hasta ahora en Castilla-La Mancha –aunque no sólo ahí– dibuja una evolución preocupante en las estructuras de corrupción política. Si habitualmente se identifica corrupción con cohecho, es decir, con soborno, los datos disponibles pergeñan un esquema sustancialmente distinto y mucho más perfeccionado.
Ya no se trata de que un constructor tenga que pagar un soborno a un alcalde o a un responsable político dentro de su ámbito de poder, sino de la creación de zonas geográficas de monopolio a favor de determinadas empresas o grupos empresariales vinculados más o menos abiertamente a los poderes políticos de esos territorios. Tales grupos no solamente se benefician de su privilegio monopolístico, sino de la disponibilidad incondicional e ilimitada del crédito por parte de los gobernantes regionales a través de las cajas de ahorro y, si llega el caso y así es necesario, de la potestad de estos para modificar la legislación aplicable y convertir en jurídicamente viable lo ilícito, si es que no lo decididamente delictivo.
La crisis y el fiasco ladrillesco, además de haber puesto al país al borde de la intervención y de la liquidación del Estado Social, también han enervado estos nuevos esquemas de corrupción que amenazan con barrer el Estado de Derecho porque parten, precisamente, del mismo poder legislativo que los debería combatir; pero no los han hecho desaparecer. Permanecen donde estaban, a la espera de que vuelvan los buenos viejos tiempos, y sólo una más que improbable reacción civil podrá estorbar el desmoronamiento definitivo de la más elemental decencia pública.
Entre tanto, el actual alcalde de Toledo, eterno delfín de Bono, Emiliano García Paje, ha asegurado a la prensa que Hernández Moltó “no está imputado por corrupción”. ¿No?.