viernes, 5 de marzo de 2010

Chozas de Canales: una moción de censura, un tránsfuga y la venda antes de la pedrada en la frente de Jesús Gregorio Fernández Vaquero

Ya es público. Los concejales de obediencia bonista unidos a un tránsfuga del PP van a presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo) y como siempre, para desvelar o atisbar la realidad que subyace en este asunto hay que despreciar el velo de ciertas banderías políticas y chercher l'argent, seguir la pista del dinero, de la guita, del botín en definitiva.

La situación de Chozas de Canales fue objeto de un amplio reportaje en la revista Interviú en el cual se ponía de manifiesto que el procedimiento seguido por los protagonistas de lo sucedido ha venido siendo el habitual en Castilla-La Mancha: Un ayuntamiento: el de Chozas de Canales; un alcalde, en este caso ya ex alcalde: Antonio Antúnez y un constructor áulico o adscrito a la corte municipal: Felipe Barbarroja.

Como escribí en este artículo, el catálogo de los hechos, tal y como se desprenden de los informes de la Secretaría del Ayuntamiento, comprende la aprobación ilegal de PAUs sin que consten los informes y autorizaciones preceptivas y vinculantes de los organismos superiores; liquidación de impuestos por parte de las empresas de Barbarroja mediante pagarés –medio de pago no aceptado por el Reglamento General de Recaudación– que unas veces se pasan a descuento en CCM y otras, simplemente, no consta que se hayan hecho efectivos; usurpación, consumada por las empresas de Barbarroja, de suelos de cesión obligatoria al Ayuntamiento; construcción clandestina de viviendas y naves industriales antes de ninguna aprobación o validación de esas actuaciones urbanísticas; emisión de informes por parte de Antúnez, presuntamente falsos y contrarios a los emitidos por la Intervención del Ayuntamiento, sobre la suficiencia de suministros de agua en las urbanizaciones de Barbarroja; aprobación de planes de reparcelación en los que no se incluyen los suelos de cesión al Ayuntamiento; ignorancia sistemática y consciente de los reparos e informes emitidos por el Secretario-Interventor cuando estos eran contrarios a los intereses de las empresas de Barbarroja, etc. etc.

El resultado, como se puede comprobar en el reportaje de Interviú, son casas que se hunden, vecinos viviendo entre escombros, calles sin urbanizar y fabulosos beneficios en manos del constructor Barbarroja y, con toda probabilidad, de alguien más que aún está por determinar.

La consecuencia jurídica ha sido una denuncia archivada por la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, que como viene siendo habitual en esta doliente provincia, consideró que lo denunciado no alcanzaban relevancia penal; y admitida por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Illescas, el cual ha imputado al citado Antonio Antúnez, al constructor Felipe Barbarroja ―no es un apodo, sino su auténtico apellido― y al teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento, Tomás Martín Bargueño.

El desenlace político es el que ahora se va a producir en unos días. Un tránsfuga se alía con los partidarios del ex alcalde Antúnez para presentar la correspondiente moción de censura y apartar al alcalde actual, que denunció el caso.

No recuerdo o no me quiero acordar de qué conocido y distinguido picapleitos decía hace poco, en relación con la trama Gürtel, que cuando se es inocente se va al fondo de la causa y cuando se es culpable, al procedimiento. Pues bien, cuando ni una cosa ni otra es suficiente, a lo que se va es a la moción de censura y para defenderla ha salido al foro público un hombre que llevaba mucho tiempo viviendo en un contenido silencio: Gregorio Fernández Vaquero, vicesecretario provincial del PSOE de Toledo y, si no recuerdo mal, vicepresidente del parlamento regional de Castilla-La Mancha.

Según este político de notable peso en la provincia, el responsable de la moción de censura en Chozas de Canales es el PP, es decir, el alcalde que va a perder el Ayuntamiento, y no quienes con la asistencia de un más que sospechoso tránsfuga recuperan el control de una corporación que se mostró tan compresiva hacia las necesidades del constructor Barbarroja cuando en la alcaldía estaba un hombre sometido a la disciplina del PSOE toledano.

El actual alcalde, Julián Agudo, autor de la denuncia que ha llevado a Antúnez, a Barbarroja y a Martín Bargueño ante los tribunales, ha dicho ―mucho me temo que no sin razón― que «al alcalde de Seseña, por denunciar estas cosas, le llevan a los tribunales. A mí, por lo mismo, me cortan la cabeza».

Por su parte, los dirigentes del PP toledano han reaccionado airadamente ante las declaraciones de Fernández Vaquero y las consideran «calumnias que sólo se pueden entender desde la más absoluta mezquindad política y que únicamente pueden provenir de quién es capaz de actuar de ese modo en política», añadiendo que «se cree el ladrón que todos son de su condición».

Esto es un hecho insólito en Toledo y, en general, en Castilla-La Mancha. La política de Bono y de Barreda, a la vista ciencia y paciencia de cualquiera que se molestara en comprobarlo, fue desde muy temprano, la supresión de cualquier traza de oposición.

Izquierda Unida fue expulsada de las instituciones mediante una ignominiosa ley electoral, pues en los tiempos que corren los pucherazos no se consuman robando urnas, sino alterando las circunscripciones y manipulando las leyes electorales; el PP amansado mediante un generoso reparto de sinecuras y canongías de las que han venido disfrutando algunas de sus cabezas más visibles; y la información pública convertida en propaganda mediante el control directo de algunos medios o el indirecto de otros, en manos de constructores ―Méndez Pozo y Domingo Díaz de Mera― con amistad notoria y acceso inmediato, primero a Bono y luego a Barreda.

Por esto digo que la reacción del PP parece insólita a la par que insuficiente, tanto en el asunto de Chozas, como en otros escándalos que irremediablemente van aflorando en Castilla-La Mancha: Seseña, CCM, aeropuerto de Ciudad Real, Fundción Virtus ―lo de virtus léase con retranca― Carranque, Bargas, etc. etc.

Sin embargo, sea insólita o no, sí que parece demostrar que el castillo de naipes de la omertà toledana se desmorona y que el pacto de las canongías, fraguado durante décadas entre el PSOE bonista y el PP toledano, está roto y de ello sólo se puede derivar, por fin, el beneficio de la verdad y de la Res Publica.

Y el caso es que Fernández Vaquero, el hombre que tachó de “bandoleros” a los dirigentes de IU de Toledo cuando denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción los casos de Illescas y Carranque, comparte conmigo esta opinión o, al menos, esos deduzco de otra de sus declaraciones hechas al hilo del caso de Chozas, que más parece venda antes de pedrada que otra cosa.

Según Vaquero, el presidente provincial del PP toledano «ha dado órdenes en la Junta Provincial de su partido de hurgar en la vida personal del los miembros del partido socialista» a lo que añadió, bien pudiera ser a modo de aviso, que «nosotros no vamos a hurgar en la vida de ningún ciudadano ni de ningún dirigente político».

No sé por qué se me antoja que Vaquero confunde conceptos. Me parece que donde dice «vida personal» realmente quiere decir «negocios personales». Bueno, pues si él no «hurga» en eso, no faltará quien lo haga. Yo, sin ir más lejos, porque ya me fatiga tanta desenfrenada y jactanciosa audacia.