miércoles, 30 de diciembre de 2009

Detenido el Director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real en una importante operación antidroga

miciudadreal.es

“El director de Carga del Aeropuerto de Ciudad Real, Ricardo González Placer, fue ayer detenido por la Guardia Civil como uno de los presuntos responsables de una espectacular operación de tráfico de drogas en el Aeropuerto de Vitoria. Según publica el diario El País, agentes de la Benemérita se incautaron en la madrugada del pasado jueves de dos toneladas de esa droga, de gran pureza, que llegaron desde Bogotá, vía Caracas, hasta el aeropuerto de la capital alavesa. Los fardos, camuflados en un cargamento de flores, hubieran alcanzado un valor de 70 millones de euros en el mercado negro.

Entre los trece detenidos está González Placer, ex gerente de la promotora del Aeropuerto de Foronda, Vitoria International Airport (VIA). Placer fue fichado por el Central de Ciudad Real tras su fracaso en el lanzamiento de la actividad carguera de la compañía Futura (declarada ahora en suspensión de pagos), y después de abandonar sus trabajos en la Cámara de Comercio de Álava.

Según explica El País, González Placer se especializó en abrir nuevas rutas para la carga hacia el aeropuerto de Vitoria, hasta el punto de convertir el aeródromo en el tercero de España tras Madrid y Barcelona. En 2007 abandonó VIA después de trece años al frente de la institución que integraban el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, y el aeropuerto.

González Placer estaba con otras dos personas, cenando en el restaurante Ruta de Europa, muy cerca de Vitoria, cuando varios agentes los detuvieron. La operación, coordinada por el juzgado central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional, está bajo el secreto de sumario”.


La truculenta agonía del aeropuerto de Ciudad Real se complica. Una nueva demanda de concurso de acreedores y guerra en Grupo Montreal

Viejos vínculos entre Domingo Díaz de Mera, el conocido empresario amigo de Barreda, y los cabecillas de la trama Gürtel

La imputación de Domingo Díaz de Mera hizo cundir la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel

La oposición exigirá en el Senado que Fernández Ordóñez explique por qué ha prohibido a CCM ejecutar los créditos vencidos de CR Aeropuertos

Plusvalías multimillonarias para los socios del aeropuerto de Ciudad Real tras la modificación de la LOTAU impulsada por Barreda

Otras noticias relacionadas con el Aeropuerto de Ciudad Real

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Barreda “estudia” represalias contra los sindicatos que han denunciado prácticas “inconfesables” en la Administración de Castilla-La Mancha

La gravedad de los hechos denunciados unánimemente por todos los sindicatos presentes en la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración de Castilla-La Mancha ―algunos de lo cuales podrían ser constitutivos de delito como por ejemplo la recepción de regalos, de origen y destino desconocido― ha provocado la inmediata reacción de José María Barreda.

Según una nota de prensa difundida por el Gobierno Regional, como lo dicho por las organizaciones sindicales sólo «intenta confundir a la opinión pública» el Gobierno de Barreda, no para defender su precaria posición, sino, faltaría más, «a los trabajadores y trabajadoras públicos ―aquí debería decir “públicos y públicas, pienso yo― de la Administración Regional» va a ordenar inmediatamente «a los servicios jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia que estudien si las falsedades sobre la profesionalidad del personal de la Junta de Comunidades difundidas durante los últimos días pueden ser causa de acciones legales».

Eso lo dice un Gobierno presidido por un hombre que, por ejemplo, tiene como asesor personal a Agustín Jiménez, el alcalde de Noblejas, condenado por golpear a una de sus propias concejalas; lo dice un Gobierno presidido por quien se pasea públicamente con Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque (en la foto) condenado por agredir a un anciano de 82 años y sobre el que pesa la imputación de más de una veintena de delitos relacionados con la corrupción; lo dice un Gobierno presidido por quien amparó a Hernández Moltó mientras CCM financiaba con más de 200 millones de € a los principales cabecillas de la trama delictiva de Marbella; lo dice un Gobierno que tiene por presidente a quien se carteaba y recibía con abrazos al Pocero al tiempo que un investigado por su posible pertenencia a la mafia calabresa e imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo, pagaba más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña y militante de su partido; lo dice un Gobierno presidido por quien es amigo personal de un personaje como Domingo Díaz de Mera, imputado por graves delitos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y cuya situación judicial despertó la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel; etc. etc. etc.

No me parece a mi que Barreda y su Gobierno estén en situación de prodigarse en bravatas.

Respuesta del CSI-F a la nota del Gobierno de Barreda

Ana Guarinos pide a Barreda que ponga coto a la corrupción.

lunes, 21 de diciembre de 2009

Denuncia sindical en Castilla-La Mancha contra la situación de clientelismo y beneficios inconfesables que se vive en la Administración de Barreda

El mismo día en que José María Barreda, con una desfachatez insólita, declaraba en el diario Público que en Castilla-La Mancha no hay corrupción: “aquí podemos meter la pata pero no la mano. Tenemos una tradición de claridad, transparencia y control”, fueron sus palabras exactas; todos los sindicatos con representación en los Servicios Centrales de la Administración regional han hecho público un manifiesto denunciando el desprestigio creciente de dicha Administración “aumentado considerablemente por los clientelismos políticos, los beneficios particulares inconfesables o de algunas empresas vinculadas invariablemente con concesiones u otras decisiones administrativas”.

Estas son las prácticas, si no corruptas, al menos escandalosas que CCOO, UGT, USO, CSI-CSIF y STAS, han denunciado en el día de ayer:


"José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, viene incumpliendo sistemáticamente su palabra para justificar su elevado sueldo o aclarar el destino de sus honorarios.

Se recoloca, en puestos en algunas ocasiones mejor remunerados, a los cesados, con el populista argumento de la reestructuración para reducir gastos, que evidentemente no suponen ahorro alguno a las arcas públicas.

La oposición y los grupos políticos guardan un preocupante silencio en torno a estos temas, en lo que parece un gran pacto de carácter económico, muy alejado de las verdaderas preocupaciones que afectan a los castellano-manchegos.

Se argumenta la profesionalidad para dar cobertura a muchas contrataciones con elevados sueldos, cuando la realidad es que han sido ellos los que nos han sumido en la actual crisis global y en la más que probable desaparición de Caja Castilla La Mancha, emblema regional, tal y como la conocemos.

La creación de Fundaciones, Sociedades Públicas y Empresas creadas a la sombra de organismo públicos, sólo buscan la duplicidad de los órganos administrativos, sobresueldos, beneficios personales y vías para escabullirse de los límites legales y la fiscalización y vigilancia de los empleados públicos, que tiene el deber moral de velar por los intereses generales.

Se alientan privatizaciones o externalizaciones que provocan pérdidas de puestos de trabajo, modelos de contratos en precario e inestabilidad en el empleo

Se mantienen índices de temporalidad en el empleo de casi el 25% (23,91% a 1/09/2009), apoyados en numerosas ocasiones en excesivas comisiones de servicio, que pervierten el sentido de los concursos de traslados.

Se guarda un riguroso secreto sobre las gratificaciones concedidas. Se evita hacerlas públicas y, ni siquiera, se incluye tal posibilidad en el articulado de la Ley de Presupuestos.

Se aceptan regalos sin un registro de los mismos, que en las fechas navideñas se multiplican escandalosamente, sin que nadie conozca su procedencia o su destino final.

Se multiplican sin control los puestos de asesores, que sirven para recolocar a cargos políticos en su mayoría, siendo significativo el número de asesores docentes en educación (más de 100) que desempeñan puestos de funcionarios de administración general.

El número de designaciones a dedo crece sin medida. Si sumamos a las más de 2000 comisiones de servicio, los puestos de libre designación y concurso específico (libre designación encubierta) nos acercamos a la escandalosa cifra de más de 3000 puestos de trabajo".

domingo, 20 de diciembre de 2009

El Juzgado número 5 de Illescas mantiene la imputación a los denunciados en el caso de Chozas de Canales. La Fiscalía había archivado la investigación

El pasado 10 de diciembre prestaron declaración ante el Juzgado nº 5 de Illescas el constructor Felipe Barbarroja, António Antúnez ex alcalde “bonista” de Chozas de Canales y Tomás Martín Bargueño teniente de alcalde y tesorero del Ayuntamiento de esa localidad. El colectivo “Manos Límpias”, personado como acusación popular, ha solicitado prisión preventiva para los imputados ante el inminente riesgo de fuga.

La denuncia presentada contra los implicados en el caso, acompañada de exhaustiva documentación, hace referencia a hechos que comienzan a producirse en 1998 y que se prolongan hasta la salida de Antúnez del ayuntamiento tras ser condenado en firme por prevaricación e inhabilitado para el ejercicio de cargo público.

El catálogo de los hechos, según la denuncia y según los propios informes de la Secretaría del Ayuntamiento que se acompañan a ella, comprende –tal y como se verá luego en detalle– la aprobación ilegal de PAUs sin que consten los informes y autorizaciones preceptivas y vinculantes de los organismos superiores; liquidación de impuestos por parte de las empresas de Barbarroja mediante pagarés –medio de pago no aceptado por el Reglamento General de Recaudación– que unas veces se pasan a descuento en CCM y otras, simplemente, no consta que se hayan hecho efectivos; usurpación, consumada por las empresas de Barbarroja, de suelos de cesión obligatoria al Ayuntamiento; construcción clandestina de viviendas y naves industriales antes de ninguna aprobación o validación de esas actuaciones urbanísticas; emisión de informes por parte de Antúnez, presuntamente falsos y contrarios a los emitidos por la Intervención del Ayuntamiento, sobre la suficiencia de suministros de agua en las urbanizaciones de Barbarroja; aprobación de planes de reparcelación en los que no se incluyen los suelos de cesión al Ayuntamiento; ignorancia sistemática y consciente de los reparos e informes emitidos por el Secretario-Interventor cuando estos eran contrarios a los intereses de las empresas de Barbarroja, etc. etc.

Y todo ello con el añadido de que a fecha de los hechos, el alcalde Antúnez prestaba servicios laborales para empresas del constructor Barbarroja; y el correlato, según denunció Interviú en su número del pasado 26 de octubre, de “calles y cimientos que se hunden, casas en suelo rústico sin teléfono ni internet, suministro de agua sin garantizar, desagües que se desbordan, escombreras en lugar de zonas verdes, cables tirados por el suelo...” Ni que decir tiene que CCM financió los proyectos de Barbarroja.

No consta, por otra parte, que el PSOE de Toledo, en aplicación de su presunta política de tolerancia cero con la corrupción, haya tomado medida alguna contra Antonio Antúnez.


La postura de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo.

El caso de presunta corrupción de Chozas de Canales (Toledo) comenzó mediante denuncia interpuesta por el actual Alcalde de la localidad, Julián Agudo Santos, ante la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, el día 27 de mayo de 2008.

El 15 de octubre de ese mismo año, el Ilmo Sr D. José Javier Polo Rodríguez, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, evacuaba decreto de archivo de diligencias justificándolo con la siguiente fundamentación jurídica:

No se han concretado Actos, Acuerdos o Resoluciones aprobadas por el Ayuntamiento de Chozas de Canales en los que se observe una voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos.

Antes al contrario, lo que se constata por los informes de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda es que se han producido irregularidades en ejecución de obras, sancionadas por el propio Ayuntamiento. En todo caso, nos encontramos ante ilícitos administrativos que deben tener su respuesta en dicho ámbito y no en el del Derecho Penal.

Por tanto, a la vista de lo denunciado, el Fiscal Jefe considera que no nos encontramos ante un hecho que revista caracteres de delito ni, por tanto, existe fundamento para ejercitar acción alguna por este Ministerio”.

Sin embargo, este criterio de la Fiscalía, como ya sucedió en su día con el caso del campo de golf de Carranque, no ha sido compartido por el Juzgado Nº 5 de Illescas, que en providencia de fecha 20 de octubre de 2009 citaba como imputados a Antúnez, Barbarroja y Martín Bargueño, imputación que ha mantenido tras la declaración de estos.


La mercantil de Barbarroja FLOS INVERSORA SL y los “Quiñones”.

El 9 de noviembre de 1998 el constructor Barbarroja a través de FLOS INVERSORA, empresa de la que es administrador único, presentó solicitud de licencia para la construcción de 50 adosados. El 11 de noviembre del mismo año, el Secretario de la Corporación emitió un informe en términos inequívocos: la zona para la que se solicitaba licencia no reunía los requisitos del art. 109 de la LOTAU puesto que no estaba aprobada ninguna modificación puntual de normas subsidiarias, ni el planeamiento de desarrollo; no existían los presupuestos de edificación exigidos por el art. 131 de la citada ley y, además, los proyectos presentados ni siquiera tenían el visado del Colegio de Arquitectos competente, al margen de que tampoco existía informe del arquitecto municipal.

En consecuencia, el secretario del Ayuntamiento advierte al alcalde de la imposibilidad de conceder la licencia solicitada, advertencia que Antúnez ignora con voluntad y consciencia, y el 12 de noviembre, mediante un decreto de la alcaldía, se concede a Barbarroja lo que éste había pedido.

Ya en el 2000, el 9 de marzo, la empresa de Barbarroja, la mencionada FLOS INVERSORA, volvió a solicitar licencia para construir otros 21 adosados más en el mismo paraje y, nuevamente, Antúnez mediante decreto de alcaldía en el que queda constancia del informe desfavorable del Secretario-Interventor, es decir, otra vez con conciencia y voluntad, accede a la petición de Barbarroja.

Pero el asunto no termina en la pura ilicitud urbanística que denuncia el secretario del Ayuntamiento. La concesión de las licencias lleva pareja la liquidación del correspondiente impuesto y en este caso Felipe Barbarroja liquidó los aproximadamente tres millones de pesetas mediante un pagaré con vencimiento al 10 de mayo del 2000.

Con ese pagaré, Atúnez abrió una línea de descuento en CCM, cómo no, y cobró anticipadamente la deuda pero con ciertas peculiaridades porque existe una “nota de reparo” del Secretario-Interventor fechada el día 12 de marzo del 2000, según la cual: 1.- El pagaré no es un medio de pago de los previstos en el Reglamento General de Recaudación. 2.- La fecha de vencimiento supone un aplazamiento encubierto del pago de la deuda tributaria. 3.- Que el descuento del pagaré implica que CCM cargaría la cuantía de la deuda sobre el Ayuntamiento si a fecha de vencimiento el librador –Barbarroja– no hace efectivo el pago. 4.- Que al negociar el pagaré con CCM, el Ayuntamiento estaba incurriendo en gastos, comisiones e intereses que “no tenía porqué soportar en forma alguna”.

No termina aquí lo descubierto sobre el periodo de Antúnez al frente del Ayuntamiento de Cozas. El 21 de marzo del 2000, Barbarroja pide una nueva licencia para segregar las 21 parcelas sobre las que ya había obtenido la licencia de edificación. Eso origina otro informe del Secretario según el cual “los terrenos sobre los que se solicita licencia de segregación tienen la clasifiación de suelo rústico, sobre los que se tramita un PAU que no ha sido aprobado ni adjudicado el derecho a urbanizar”. Además, sigue advirtiendo el secretario, “el artículo 90.3 de la LOTAU establece la prohibición de parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. Por otra parte, “el alcalde no es competente para otorgar esta licencia, por estar la competencia delegada en la Comisión de Gobierno” y, finalmente, para que no quepan dudas, se añade en ese informe que “la parcelación solicitada es ilegal, y se recomienda a Alcaldía que no otorgue dicha licencia”

Pero es que, a más de todo lo dicho, siempre según el informe del Secretario, Barbarroja ni siquiera había acreditado la propiedad del suelo en cuestión y mucho menos, estar en posesión del derecho a urbanizar, ni había garantizado las cesiones obligatorias, ni había probado la afectación de la finca al cumplimiento de las obligaciones de urbanizar.

En resumen, que la situación, tal y como se desprende de los citados informes, entraba en la más completa, evidente y manifiesta ilegalidad, no obstante, el alcalde Antúnez, que para eso era alcalde, mediante decreto de 3 de abril de 2003 y dejando constancia que se había visto el informe del Secretario, otorga lo pedido a Barbarroja, es decir, a FLOS INVERSORA, por cierto, empresa con la que en esas fechas, “mantenía relación laboral” según los denunciantes.


La mercantil de Barbarroja JOVAFE 13 SL y el PAU “Sector I Industrial”

Una situación similar a la anterior se produce cuando el 25 de mayo de 2005 el Pleno del Ayuntamiento de Chozas, por unanimidad, aprobó un PAU industrial, la correspondiente modificación de las Normas Subsidiarias y su adjudicación a la empresa JOVAFE 13 SL, propiedad también de Felipe Barbarroja.

Esa adjudicación se hizo –siempre según las denuncias presentadas y los informes de Secretaría– careciendo el Ayuntamiento de competencia para la aprobación definitiva del PAU y sin que existieran o sin que constara la existencia, de los informes vinculantes y previos que legalmente son imprescindibles.

Tan es así que el 8 de julio del 2005 la Consejería de Administraciones Públicas requirió al Ayuntamiento para que en el plazo máximo de un mes anulara el anuncio publicado en el correspondiente Diario Oficial y el acuerdo del Pleno citado.

Al mismo tiempo, el Secretario-Interventor advierte a la alcaldía que el PAU carece de la aprobación del informe de impacto ambiental, que la Consejería a requerido la anulación del acuerdo y que el convenio aprobado junto al PAU aceptaba que las cesiones de suelo dotacional se hicieran en los terrenos de un futuro PAU que, ni siquiera estaba presentado.

No se volvió a saber más de esta asunto hasta que el nuevo alcalde de Chozas ordenó a la Policía Local que realice una inspección del lugar “en el que se dice fueron construidas ilegalmente 60 naves industriales.

En el informe policial consta que se realizó reportaje fotográfico de la zona, que por uno de los caminos del Polígono no se puede circular, por presentar grandes desperfectos, y que “hay montones de plásticos, tuberías, escombros, etc, que han sido esparcidos y tapados en su gran mayoría con tierra”.


La mercantil de Barbarroja YAQUIN INVERSORA SL y el PAU Z-9.

La empresa YANQUIN también es propiedad de Barbarroja o, al menos, él tiene la condición de administrador único de la entidad. El 20 de julio del 2004 esta empresa, por boca de Barbarroja, solicitó al Ayuntamiento presidido por Antúnez, licencia para construir 334 chalés por un lado, y 7 más por otro.

Al respecto, y según consta en la documentación adjunta a la denuncia, el arquitecto municipal advirtió que antes del inicio de las obras deberá presentarse dirección de obra de arquitecto y aparejador y estudio de seguridad y salud, y acreditación de que el proyecto ha sido visado por el correspondiente colegio profesional.

Por su parte el Secretario también previene que no se han cumplido las condiciones exigidas por la Comisión Provincial de Urbanismo, que no consta la aprobación de la modificación de las Normas Subsidiarias que corresponde a la Consejería de Urbanismo, que el PAU no ha sido inscrito en el Registro oportuno, que no se ha publicado la aprobación definitiva del PAU, que no se ha presentado por la promotora la garantía exigida para simultanear las obras de construcción y urbanización y que dichas obras habían comenzado clandestinamente, antes de la solicitud de la licencia.

Y a pesar de todo esto, una vez más, el Ayuntamiento por decreto de alcaldía firmado por el Teniente de Alcalde Tomás Martín Bargueño, concede las licencias pedidas por Barbarroja quien, por otra parte, vuelve a liquidar los impuestos correspondientes, mediante pagaré y al parecer, según los denunciantes, de forma aparentemente incompleta pues no consta el pago íntegro de la liquidación librada por el Ayuntamiento.


La mercantil de Barbarroja MORGUEN INVERSORA y el Sector Z-10.

El 17 de junio de 2003 entró en el Ayuntamiento de Chozas una denuncia firmada por F. Martín, vecino de la localidad en la que se ponía de manifiesto que se estaba edificando en el Sector Z-10. La misma persona solicitó la emisión del certificado oportuno por parte del Ayuntamiento.

A consecuencia de esto, el 18 del mismo mes y año, el Secretario-Interventor acreditó que en ese Sector se tramitaba un PAU a instancias de MORGUEN INVERSORA SL., otra de las empresas de Barbarroja; que ese PAU carecía de aprobación definitiva; que no estaba aprobado el Proyecto de Urbanización y Reparcelación; y que no se había otorgado licencia de edificación en el Sector en cuestión.

Como quiera que además el 16 de junio de 2003 el Ayuntamiento había ordenado la paralización de las obras ilegales, el Secretario emitió un informe advirtiendo al Alcalde de todas estas circunstancias y manifestando la necesidad de hacer efectiva dicha paralización. Sin embargo a día de hoy no consta en la documentación existente en el Ayuntamiento que se haya tomado ninguna medida al respecto o que se iniciara el necesario expediente sancionador.

El 14 de febrero del 2004 el arquitecto municipal informó que en relación con el PAU del Sector Z-10 “no se garantiza el abastecimiento de agua, la presión ni el caudal mínimo”. Contradiciendo esto, Antúnez, dirigiéndose a la Comisión Provincial de Urbanismo, a efectos del informe vinculante que ésta debía emitir en relación con el PAU, aseguró que “según los informes y datos que me constan, existe caudal suficiente de agua para el abastecimiento de las futuras construcciones a desarrollar al amparo del PAU Z-10”.

El día 11 de marzo del 2005, el Ayuntamiento de Chozas aprobó definitivamente el PAU de Barbarroja, sin que estuvieran subsanadas las deficiencias que en su momento señaló la Comisión Provincial de Urbanismo, sin que estuvieran constituidas las garantías previas que fija la ley, sin que existieran los informes técnicos exigidos legalmente para aprobar el proyecto de reparcelación y, por supuesto, con el hecho consumado de las viviendas ya construidas.

En este caso, Barbarroja volvió a liquidar las impuestos correspondientes mediante un pagaré que, a fecha de la denuncia no constaba que se hubiera hecho efectivo.

Ya en diciembre de 2006 hay un nuevo informe del Secretario en el que se vuelve a poner de manifiesto que la empresa de Barbarroja no ha presentado la garantía a la que está obligada; que el Tesorero Municipal admitió como pago por el “aprovechamiento lucrativo” –la parte de suelo que corresponde al Ayuntamiento por participación en las plusvalías– dos pagarés que vencidos, no constaba que hubieran sido presentados al cobro; que el “aprovechamiento lucrativo perteneciente a la Administración se ha usurpado por el Agente Urbanizador”; y que “el Ayuntamiento, no sólo ha consentido esta actuación ilegal, sino que además, no ha iniciado expediente sancionador alguno... una dejación o abandono de las potestades por parte de los órganos municipales, que se han replegado a la conveniencia de los intereses del Agente Urbanizador, en detrimento de los intereses generales”.

A esto, el informe de Intervención de 1 de octubre del 2007 añade que el proyecto de reparcelación del PAU Z-10 incumplía el Convenio correspondiente al haberse inscrito a nombre de MORGEN INVERSORA la finca 1.790 de la cual, al Ayuntamiento, le correspondían 7.560 m2; y que el 10% de la cesión obligatoria se había calculado sobre metros de parcela y no sobre superficie de edificabilidad, ello en beneficio del Agente Urbanizador.


La mercantil de Barbarroja MORGEN INVERSORA y el PAU Z-11

La situación aquí, es similar a lo visto hasta ahora. Según los informes del Secretario-Interventor que constan en el respectivo expediente, no existía informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, se habían edificado viviendas en la zona sin que existiera licencia para ello; el proyecto de reparcelación no incluía la asignación al Ayuntamiento de las parcelas de cesión obligatoria; y el Alcalde había sometido el proyecto a información pública antes de que existieran los informes preceptivos.

El 20 de diciembre, ante la inminente aprobación definitiva del PAU, el Secretario vuelve a insistir que que esta aprobación no es posible porque se infringiría el art. 81 ROF, porque no se ha emitido el informe de Secretaría a que obliga el art. 175 ROF; y porque no existe el informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Urbanismo sin la cual el Ayuntamiento no podría aprobar el PAU.

Ajeno a tanto inconveniente burocrático, Antúnez y los concejales presentes en el Pleno del 20 de diciembre de 2006, aprobaron el PAU y lo adjudicaron a la mercantil de Barbarroja. A partir de ahí, el resto de la tramitación, al decir del Secretario-Interventor, continuó con los vicios que ya se vienen haciendo familiares.

El 30 de enero del 2007, una diligencia de la Secretaría del Ayuntamiento, advirtió que se había ordenado por el Alcalde la publicación del PAU, lo que no era posible porque éste no estaba inscrito en el correspondiente Registro y que la mercantil MORGEN INVERSORA no había hecho efectiva la garantía necesaria.

Ignorando toda esta tramitación viciada, el 27 de marzo del 2007, Antúnez concedió licencia a la empresa de Barbarroja para la construcción de 304 y18 adosados en el PAU en cuestión.

En ninguno de estos hechos, acreditados mediante documentos oficiales, la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, ha observado “voluntad manifiesta de apartarse de la legalidad con desprecio absoluto de las normas y procedimientos”.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

La truculenta agonía del aeropuerto de Ciudad Real se complica. Una nueva demanda de concurso de acreedores y guerra en Grupo Montreal

La prensa ya dio la noticia hace tiempo. El Grupo MONTREAL, del que es accionista mayoritario Domingo Díaz de Mera, había solicitado concurso necesario de acreedores contra el aeropuerto de Ciudad Real, del que también es socio de referencia el citado Domingo Díaz.

La cosa despertaba sospechas dada la particular situación del accionariado de CR AEROPUERTOS. La fenecida CCM –y digo fenecida porque lo que hay ahora ya es otra cosa que poco o nada tiene que ver con la entidad llevada a las más altas cotas del fiasco financiero por Hernández Moltó– es en realidad el único inversor de ese proyecto de “singular interés” y lo es porque los demás socios, entre los que destacan Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo, financiaron su participación en el aeropuerto con créditos concedidos en un alarde de temeraria o puede que presuntamente delictiva, largueza de CCM y, en la medida en que le corresponde el control de inversiones de esa magnitud, también del Gobierno de Barreda.

Dicho para que se entienda. CCM financió la inversión de los demás socios del aeropuerto y estos garantizaron el pago de esos créditos con sus propias acciones del aeropuerto. Es decir, que recibieron billetes de banco de curso legal y se comprometieron a devolver, si las cosas iban mal, unos papeles en los que estaba impresa la frase “acción al portador” y cuya utilidad quedaba reducida, por ejemplo, a la de servir de envoltorio a un bocadillo de panceta.

Así las cosas, el concurso de acreedores instado por el Grupo MONTREAL, parecía beneficiar, más que a muchos, al propio Domingo Díaz de Mera y por eso sus protestas contra el presidente del mencionado Grupo, parecían lágrimas de cocodrilo.

Sin embargo, ahora lo que entonces pudo ser una maniobra para forzar a los nuevos ejecutivos de CCM a hacerse cargo de las deudas y a inyectar capital sin tardanza antes de que la quiebra del aeropuerto fuera un hecho manifiesto, se está empezando a complicar más de lo esperado pues CAJASUR, otro de los acreedores del aeropuerto, ha presentado por su cuenta una nueva solicitud de concurso necesario de acreedores.

Días después de que esta noticia se hiciera pública se ha conocido que el consejo de administración del Grupo Montreal, reunido por imperativo del Juez competente, ha destituido al presidente José Angel González, a quien Díaz de Mera responsabiliza de la presentación del concurso de acreedores.

Díaz de Mera posé el 51% del capital social, de modo que la decisión de destituir al señor González, acompañada de la autorización para emprender acciones judiciales contra él; debe atribuírsele.

Mientras todo esto sucede, Barreda permanece silente como tumba antigua y Hernández Moltó, no sólo silente, sino también desaparecido puesto que aunque ABC llegó a publicar que había encontrado refugio en el gremio de la charcutería, concretamente en la mercantil CARNICAS TELLO, la cosa fue luego rotundamente desmentida por esa entidad, que debió entender que cualquier relación con Moltó la ponía en comprometedor entredicho. O quam cito transit gloria mundi.

En fin, que no me resisto a incluir aquí, íntegramente, el artículo que publica hoy el diario CAPITAL MADRID y que contiene algunas informaciones del mayor interés:


Guerra en Caja Castilla La Mancha por el aeropuerto de Ciudad Real. La junta de accionistas del Grupo Montreal cesa a su presidente

J. Hervás.– Lo que mal empieza, mal acaba. Cuando a la falta de transparencia se añade el oscurantismo obligado por recibir créditos arriesgados gracias a los apoyos políticos, se acaba como se ha visto ayer, con amenazas. La junta de accionistas de Grupo Montreal (Montajes y Realizaciones) decidió por mayoría simple cesar de sus funciones al presidente, José Ángel González, quien había instado el concurso necesario de acreedores contra el Aeropuerto de Ciudad Real. El 51% del accionariado de Montreal pertenece a Domingo Díaz de Mera, uno de los empresarios preferidos del presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, y que más favores ha recibido de la Caja de Castilla La Mancha hasta su intervención.

Se llegó a preparar un avión particular para que tan destacado representante de los medios de comunicación regional no faltara y acudiera hasta Oriente Próximo a uno de los viajes de recreo organizado por el ex presidente de la Caja, Juan Pedro Hernández Moltó, como premio a los consejeros por el "magnífico trabajo realizado".

Menos mal que el trabajo era magnífico. Si llega a ser malo, en lugar del Banco de España y CajAstur, habría tenido que acudir en su ayuda la Reserva Federal en sus buenos tiempos. Mientras, las encuestas ofrecen cada mes peores expectativas electorales para el presidente de la Junta de Comunidades. Sus posibles sucesores presionan, directa o indirectamente, para que haya un cambio de cara a las autonómicas de 2011.

Domingo Díaz de Mera decidió ejercer la acción social de responsabilidad contra González, que detenta el otro 49% de la sociedad, por supuestas irregularidades en la gestión.

Fuentes próximas a González interpretan que los acuerdos adoptados por la junta de accionistas son nulos al vulnerar los estatutos de la sociedad, que exigen una mayoría del 60 por ciento para validar este tipo de decisiones. Fuentes consultadas por Capital Madrid recuerdan que las juntas de accionistas son soberanas para cambiar los estatutos, pero mientras no se cambien los vigentes dan la razón a González.

La actuación podría ser constitutiva de delito. Lo que pretende es la retirada de la presentación del concurso necesario contra CR Aeropuertos, la sociedad gestora del aeropuerto de Ciudad Real, donde a su vez participa Díaz de Mera, para facilitar la venta al fondo de inversiones que ha comprometido inicialmente la compra.

Montreal presentó ante un juzgado de Ciudad Real el pasado mes de junio la solicitud de concurso necesario de acreedores contra el Aeropuerto Central de Ciudad Real, al reclamar una deuda de 17 millones de euros. Montreal ha venido ejecutando obras además de en el propio aeropuerto de Ciudad Real, en la urbanización del polígono industrial adyacente donde esperaban obtener importante plusvalías los socios, como comentó a Capital Madrid, Luis Arroyo, ex rector de la Universidad de Castilla La Mancha y ex consejero de la corporación industrial de la CCM.

martes, 8 de diciembre de 2009

Miguel Angel López Toledano, ex director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, podría estar implicado en el caso Astapa

Ya ha aparecido relacionado con la fundación Metrópoli en Aranjuez y también fue el redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y del Plan General de Illescas

Hace un tiempo, en un artículo dedicado Petra Mateos Aparicio y a los tentáculos de la operación Malaya en Aranjuez, encontramos al ex director general de urbanismo de Madrid, Miguel Angel López Toledano, relacionado con la Fundación Metrópoli encabezada por Alfonso Vegara Gómez, un hombre sólidamente asociado a los miembros de la trama vasco-malaya y también, como acabamos de saber, a personajes vinculados a la operación Pretoria.

En Aranjuez, el nombre de López Toledano apareció relacionado con negocios que CCM e ISOLUX-CORSAN, esta última presidida por Luis Delso, pretendían poner en marcha en esa misma localidad madrileña; concretamente en el PAU de las Cabezadas, en relación con el cual también intervenía la fundación de Alfonso Vegara, presente en el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, donde coincidía con Petra Mateos, con Juan María López Alvarez (socio de los “malayos” Roca y Pedro Román) y con José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde de Cartagena.

Ahora, tras el levantamiento del secreto sumarial de trece de los tomos que componen las previas del caso Astapa, el ingeniero López Toledano podría estar implicado en los hechos que han llevado al alcalde de Estepona a la cárcel.


Toledano y el caso Astapa.

El día 25 de junio del 2007, a las 18:48 horas, la policía interceptó una conversación entre Antonio Barrientos González, entonces alcalde de Estepona, y Patricia Rojo, hija del Presidente del Senado y que también tenía el puesto de representante del PSOE en la gerencia de urbanismo de la localidad malagueña:

Patricia: Le han dicho que has estado en Brunete, que le llamó a Juan, Raul y le dijo que estabas por allí, y por eso lo sabe.

Antonio: Le dice que el año que viene se hace aquí, que ha estado en El Larguero, una finca que tiene José Ramón (¿de la Morena?) allí, que si la hacen en allí (Estepona) está en la cárcel. Tiene un límite, tiene una parcela de 25.000 metros, tiene invernadero, cerezos, pista de padel y se está haciendo una mansión de 2.000 metros cuadrados, y tiene una casa agrícola y ya sabes, tiene una casita agrícola de 2.000 metros cuadrados vinculados a la explotación agrícola. Luego le pregunta si se acuerda cuándo estuvieron los de URBACEIS (sic) que querían aumentar de densidad de vivienda por la zona...

Patricia: Le dice que sí, que la documentación la tiene Tacho (el arquitecto municipal de Estepona) que si no está en su despacho.

Antonio: Le dice que allí hay dos cosas, nada más.

Patricia: Le dice que le diga que llame mañana que no se acuerda cuál es el sector, que lo dejó encima de la mesa.

Antonio: Le pregunta qué problema tenía eso.

Patricia: Le dice que querían aumentar la densidad, pero comercialmente no les interesaba, pero no se podía montar jurídicamente, que iban a venir abogados de Madrid, y dijeron que lo estudiarían.

Antonio: Si, ya, que vino Toledano que era gerente de urbanismo de Madrid.

Miguel Angel López Toledano no ha sido “gerente de urbanismo” de Madrid, pero sí Director General del ramo durante los gobiernos de Leguina. Por otra parte, en los registros mercantiles no consta ninguna sociedad denominada “URBACEIS”. Por el contrario, la que sí consta en dichos registros y en otros lugares del sumario Astapa, es URBASEVI, acrónimo de URBANIZADORA SEVINOVA, constructora originada en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva y que también opera habitualmente en la localidad vecina de Brunete, de modo que todo indica que la inexistente URBACEIS es en realidad la existente URBASEVI, ligeramente deformada por la prosodia malagueña de Barrientos; la cual tiene importantes intereses en Estepona.


URBASEVI y el caso Astapa.

La mercantil URBANIZADORA SEVINOVA y Miguel Angel Rosa Rodríguez, hijo de Miguel Rosa Morán, aparecen repetidamente en los tomos del sumario Astapa que se conocen hasta este momento. Así, por ejemplo, en el Tomo II; en el Tomo III págs 147, 343, 463 o 653; en el Tomo VI págs 55, 239, 647 y 831; en el Tomo VII pags. 241 y 243 etc.

En el Tomo VII de las Previas 1030/2007, es decir, del sumario Astapa, consta un informe de la UDEF Central-Brigada de Blanqueo de Capitales. En la página 119 de ese informe, página 241 del Tomo, hay un apartado titulado “Contraprestaciones económicas efectuadas por Miguel Angel Rosa Rodríguez”. En él se lee que este tal Miguel Angel Rosa “es representante de la mercantil URBANIZADORA SEVINOVA S.A. perteneciente la grupo inmobiliario URBASEVI PROMOCIÓN INMOBILIARIA, con intereses urbanísticos en la localidad de Estepona”.

A continuación se añade que: “a pesar de que en el momento de producirse las conversaciones que se mencionan a continuación el Ayuntamiento tenía una enorme deuda que pudiera ascender a los 100 millones de euros, la financiación para determinadas actividades continuaba produciéndose, como un campeonato de tenis cuyo coste asciende a 120.000 €... El cual es patrocinado por el grupo inmobiliario URBASEVI PROMOCIÓN INMOBILIARIA, contando entre sus empresas con URBANIZADORA SEVINOVA SA (CIF A80797749) y cuyo representante es Miguel Angel Rosa Rodríguez, y con el cual mantienen reuniones al parecer de carácter urbanístico... Como se desprende de las conversaciones telefónicas mantenidas entre el citado Miguel Angel y Antonio Barrientos González, en las que conciertan una reunión para el día 27/7/07 a la que asistirían probablemente Rafael Antonio Duarte Martínez, concejal de urbanismo e Ignacio de la Hoz Pérez-Pla (Tacho) arquitecto municipal”.

Se ha comprobado ―continúa el informe de la Brigada de Blanqueo― que esta empresa tiene en proyecto un conjunto de 653 viviendas colectivas en Estepona, llamado “Señorío del Retiro”, por lo que de igual forma dicha empresa podría estar esperando algún tipo de contraprestación por parte del Ayuntamiento”.

La empresa URBASEVI cerró el patrocinio de un campeonato de fútbol para niños, solicitando seis días más tarde Miguel Angel Rosa Rodríguez que Antonio Barrientos González intercediera ante el alcalde de la localidad de Mijas respecto al expediente 171/07”.

En el Tomo XII consta otra conversación entre Miguel Angel Rosa y Barrientos mantenida el 27 de septiembre del 2007 a las 18:51:

Antonio Barrientos: Le pregunta cómo le van las cosas.

Miguel Angel Rosa: Le dice que bien.

Antonio: Le dice que el mes que viene hace lo del congreso mundial de noticias y que es un buen marco publicitario, mucho mejor que lo otro y que están entrando muchas empresas con pequeñas aportaciones.

Miguel: Le pregunta cómo va su tema, que tiene que tirar para adelante.

Antonio: Le dice que ha estado hablando con Rafa (Rafael Duarte, concejal de urbanismo) y que si que cree que se pueda tirar para delante.

Miguel: Le dice que si eso, se ven la semana que viene.

Pero a 10 de diciembre de 2007, “lo suyo” de Miguel Angel Rosa Rodríguez todavía no ha tirado para adelante. En esa fecha la policía intercepta varios SMSs enviados por Rosa a Barrientos. El de las 11:23 dice:

Antonio. Voy para Mijas, mira si puedes hablar con alcalde y que me reciba 2 minutos. Llevamos mucho tiempo LPO y necesito que me ayudes. Tengo clientes de

Segundos después Miguel Angel Rosa envía otro SMS:

uñas y los tiempos... Expt 171/07. Llegaré Ayto 12:30h. Un abrazo y gracias. Miguel Angel Rosa. Urbasevi

El mismo día, a las 13:07 Barrientos llama a Rafael Duarte, el concejal de urbanismo de Estepona y toma ciertas medidas de seguridad para que la conversación no sea escuchada:

Antonio Barrientos: Le dice que le han entrado esta mañana mensajes de hace una semana, luego le pregunta que si puede hablar.

Rafael Duarte: Le dice que tiene gente cerca.

Antonio: Le dice que se separe, que le tiene que comentar una cosa... Le dice que le ha llamado el de URBASEVI y que le ha mandado un sms en el que pone algo de un expediente, algo de una cita a las 12:30 y le pregunta que si él le ha dado cita y le pregunta que si él ha solicitado algo de la licencia de obra.

Rafael: Le dice que no, que él no sabe nada”.

Así que, en resumen, URBASEVI tiene intereses urbanísticos en Estepona. En relación con esos intereses está tratando de conseguir un aumento de densidad, asunto del que se están ocupando Patricia Rojo, una de las hijas del actual Presidente del Senado y “Tacho” el arquitecto municipal. También, respecto a ese aumento de densidad, que “no se puede montar jurídicamente”, se espera en Estepona la llegada de los abogados de URBASEVI, hecho que le hace recordar a Barrientos que respecto a ese asunto ya había estado “Toledano, que era gerente de urbanismo de Madrid”.

También sabemos, por las conversaciones intervenidas, que URBASEVI patrocina competiciones deportivas organizadas por el Ayuntamiento y que el propio Miguel Angel Rosa Rodríguez solicita favores a Barrientos para desbloquear “su tema” porque tiene “clientes de uñas”, y para que le facilite entrevistas con el alcalde de Mijas.

Finalmente, sabemos que la Brigada de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal está investigando la correlación que pueda existir entre los negocios inmobiliarios de URBASEVI en Estepona y aledaños, y las “aportaciones económicas” hechas por esta empresa al Ayuntamiento dirigido por el detenido Barrientos.


Miguel Angel López Toledano y el Grupo URBASEVI

Por otro lado, Miguel Angel López Toledano aparece con anterioridad inequívocamente relacionado con URBASEVI. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 262 de 10 de noviembre de 2005 publicó un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y URBANIZADORA SEVINOA S.A. para “el desarrollo y ejecución de los sectores SAU 5 del núcleo urbano tradicional y SAU 8 de «Los Manantiales».

El convenio urbanístico se había firmado en mayo de 2003 por el entonces alcalde, Juan Antonio Teresa Villacieros y por Miguel Rosa Morán, dueño de URBASEVI y se da la circunstancia de que para esas fechas el tal Juan Antonio Teresa ya tenía varios asuntos pendientes con la Justicia.

Teresa había formado parte del equipo de gobierno de Angel Batanero, un sujeto que se mantuvo al frente del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva durante veinte años, hasta 1999. A partir de una moción de censura presentada en 2001 que tuvo éxito gracias al apoyo de un tránsfuga del PSOE, la situación se invirtió, pasando Teresa a la Alcaldía y Batanero a su equipo de gobierno.

El día 17 de septiembre del 2002, El Mundo titulaba: “La Fiscalía se querella contra el ex alcalde del PP de Sevilla la Nueva”, es decir, contra Batanero. Según esa noticia “La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella por prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias contra Angel Batanero, actual edil de educación y ex alcalde de Sevilla la Nueva... También se le imputa falsedad de documento público y negociaciones prohibidas a causa de las graves irregularidades urbanísticas supuestamente cometidas entre 1993 y 1999”.

En el contexto de esa investigación, el Juzgado nº 1 de Navalcarnero ordenó a la Guardia Civil el registro del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y de varias agencias inmobiliarias de Brunete, así como la intervención de la documentación de la inmobiliaria del propio Batanero.

La querella de la Fiscalía se refería a la moción de censura que dio la alcaldía a Teresa, diciendo que “parece que tuvo como único fin conseguir el control de las decisiones municipales a los efectos del favorecimiento de los intereses privados urbanísticos”.

Más adelante, en la querella del Fiscal se lee: “el equipo de gobierno ―encabezado por Juan Antonio Teresa Villacieros y del que, como concejal, seguía formando parte Batanero― elegido tras la sesión del primero de septiembre de 2001 ―la de la moción de censura― se aplica a beneficiar los intereses urbanísticos privados tolerando expresamente que se ejecute el desarrollo de la UE 20 sin establecer el régimen de protección pública que establecía la ficha urbanística”.

La Fiscalía continuaba argumentando que el propio Batanero participó en las decisiones municipales sobre la actuación urbanística a pesar de ser su propia inmobiliaria la que construía las viviendas. Relata, también, la presunta “entrega” de un parque público a otro constructor: Valentín Sagarduy y el presunto enriquecimiento privado de Batanero “vinculado a un levantamiento de cargas hipotecarias” producido a partir de la moción de censura.

Sin embargo, no acaban aquí las andanzas de Juan Antonio Teresa. Durante la investigación de la promotora de Angel Batanero, la Guardia Civil, en un informe sobre los presuntos delitos cometidos por éste, hizo constar la intervención de documentación referida a la empresa EUROHOLDING, propiedad de Francisco Bravo Vázquez.

Este Francisco Bravo Vázquez fue el mismo que admitió haber reservado dos habitaciones de hotel para los tránsfugas Eduardo Tamayo y Mª Teresa Sáez, protagonistas del “Tamayazo” en la Comunidad de Madrid.

El día 16 de junio del 2003, El País, haciendo referencia a este hecho, añadía que “el mismo promotor ―Francisco Bravo Vázquez― propuso hace unos días al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, una operación política para quitar al PSOE una alcaldía... El promotor... llamó a Romero de Tejada para decirle que quería presentarle a un concejal independiente de Sevilla la Nueva dispuesto a hacerse con la alcaldía, pese a que la fuerza más votada en esa localidad es el PSOE”.

Al día siguiente, el 17 de junio, el mismo periódico ya había descubierto quién era el concejal que le fue presentado a Romero de Tejada por el constructor Bravo Vázquez: “Ricardo Romero de Tejada trató sobre un posible pacto para arrebatar la alcaldía de Sevilla la Nueva al PSOE con el concejal independiente Juan Antonio Teresa, al que el partido había expulsado dos años antes por apoyar una moción de censura contra el hoy portavoz del PP en ese Ayuntamiento. Teresa presidió el equipo de Gobierno desde 2001, del que formaba parte Batanero ―alcalde del PP entre 1981 y 1999, cuyas decisiones urbanísticas han motivado una querella de la Fiscalía de Madrid contra dicho equipo en pleno”.

Por último diré que en marzo de 2009 la Audiencia Provincial de Madrid condenó al tal Juan Antonio Teresa a 6 meses de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito de coacciones contra la concejal socialista Concepción Rojas Rubio, a la que ordenó detener tras percatarse de que dicha concejal estaba fotocopiando documentación relativa a las normas subsidiarias del pueblo.

Pues teniendo esto en cuenta, volvamos al convenio urbanístico firmado por Teresa con el dueño de URBASEVI y, en concreto, a la adenda que se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva el día 7 de abril del 2005, con Pilar Barroso Belvís como alcaldesa y con Juan Antonio Teresa ya fuera de la alcaldía.

Según esa adenda URBASEVI afirmaba que “teniendo en cuenta la desestimación del recurso de alzada contra la resolución de la Comunidad de Madrid de fecha 14 de juni de 2004... y en definitiva, puesto que el Ayuntamiento y URBASEVI están interesados en superar las diferencias de criterio que mantienen respecto al desarrollo de los SAU 5 y 8, deseando establecer un nuevo marco para la gestión urbanística de los mismos...”

Es decir, entre la nueva corporación y URBASEVI existían “diferencias de criterio” y esas “diferencias” incidían en la “valoración del suelo de cesión para redes públicas” y la “valoración de las unidades de aprovechamiento para la compensación económica que, claro está, afectaban directamente en el dinero que debía recibir el Ayuntamiento de la promotora URBASEVI.

Resulta que tanto la Dirección General del Suelo de la CAM como los propios servicios técnicos del Ayuntamiento hicieron valoraciones de ese suelo de cesión considerablemente superiores a las previstas en el convenio firmado entre URBASEVI y Juan Antonio Teresa.

La valoración del suelo de cesión para redes públicas que había hecho la Dirección General del Suelo de la CAM para el SAU 8 fue de 38,71 €/m2. La valoración hecha por los servicios técnicos del Ayuntamiento, tanto para el SAU 5 como para el 8, fue de 38,15 €/m2. Por el contrario, la valoración prevista en el convenio original firmado por el citado Teresa, era de 20,49 €/m2 para el SAU 5 y de 33,59 €/m2 para el SAU 8.

En lo que se refiere a la valoración de las unidades de aprovechamiento para la compensación económica, las diferencias también eran notables. En el convenio firmado por Teresa, el valor de la unidad de aprovechamiento del SAU 5 era de 137,67 €/Unidad de ejecución y el del SAU 8 de 110,91 €/Unidad de ejecución. Esas cantidades tras la firma de la Adenda acabaron siendo de 248,19 y de 199,95 €/Unidad de ejecución, respectivamente.

Pues bien, se produce la notable coincidencia de que las valoraciones previstas en el convenio firmado por Juan Antonio Teresa Villacieros eran obra ―pues así consta en la adenda citada― del “ingeniero de caminos don Miguel Angel López Toledano”.


Otros trabajos del ingeniero Miguel Angel López Toledano: el Plan General de Illescas y el aeropuerto de Ciudad Real.

El día 23 de octubre del 2008 escribía en este blog lo siguiente: La noticia de las extrañas circunstancias que rodean a GESCOAR ASESORES (CIF: B83783472) Sociedad que ha cobrado 360.000 € por la redacción del POM de Illescas, ha saltado a la luz a partir de la denuncia expuesta por la PLATAFORMA CIVICA DE LA SAGRA. Según esta asociación y según los datos que constan en el Registro Mercantil, la empresa se constituyó sólo 17 días antes de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Illescas -Presidido por Tofiño- del pliego de condiciones relativo a la licitación del POM. Su capital fue el mínimo legal exigible y no consta ningún otro patrimonio a su nombre ni, tampoco, que tenga contratado personal alguno. Así mismo, esta sociedad, según las cuentas registradas, carecía de ingresos, y su saldo en el ejercicio 2004, año en que tuvo que depositar la garantía correspondiente a la adjudicación del concurso público, ascendía a 2.715 €.

Las vivas sospechas se acentúan aún más si se tiene en cuenta que la sociedad en cuestión trasladó su domicilio desde la C/ La Diligencia, número 4 de la barriada de Entrevías de Madrid hasta la Cañada Real de Merinas, un asentamiento chabolista de Illescas; que carece de cualquier experiencia en el sector; y que su plica era la más cara de las presentadas al concurso.

Además de todo esto, resultó que la extraña entidad GESCOAR ASESORES estaba relacionada con CCF-21 empresa de los testaferros de Roca, Carlos Sánchez ―hombre al que se atribuye la frase: “todos los días se levanta un tonto dispuesto a que le roben su solar. Busquemos a ese tonto”― y Andrés Lietor.

Por aquel entonces, fuentes bien informadas de Illescas manifestaron a Notitia Criminis sus sospechas de que tras la mercantil GESCOAR, en realidad estubiera la empresa EQUIPO REDACTOR MALT, es decir, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, sin embargo, demostrar eso mientras en Illescas no haya un Juez dispuesto a ordenar media docena de registros es algo que raya con lo imposible.

A pesar de ello, resulta que el propio señor López Toledano tiene manifestada su participación en los planes urbanísticos de Illescas. López Toledano es uno de los “expertos” que trabajan para la mercantil LR FORENSIC y en el currículum que esta empresa presenta de su experto en urbanismo afirma que entre los trabajos que ha desarrollado está la redacción del Plan General de Illescas.

En cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, donde confluyen nombres tan señalados como Domingo Díaz de Mera o Antonio Miguel Méndez Pozo que ya sabemos que estuvo en prisión condenado por el caso de la construcción de Burgos; y que se ha convertido en una de las principales causas de la quiebra de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, no es necesario repetir ahora todo lo dicho, pero a estas alturas ya no sorprenderá al lector descubrir que la redacción del proyecto fue encargada a EQUIPO REDACTOR MALT, esto es, a Miguel Angel López Toledano.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

“Ciudadanos de Espartinas” destapa nuevos vínculos entre el “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, la trama vasco-malaya y el caso Pretoria

Alfonso Vegara Gómez, un conocido “urbanista” que está al frente de la FUNDACIÓN METROPOLI y al que hemos visto haciendo negocios inmobiliarios en compañía del “malayo” Javier Arteche Tarascón y de sus socios; vinculado a Petra Mateos Aparicio Morales en una extraña sociedad durmiente de Aranjuez: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE; relacionado en esa misma localidad con Miguel Angel López Toledano, el que fuera Director General de Urbanismo de Madrid durante los gobiernos de Leguina, cuyo nombre –ya lo adelanto aquí– aparece en el sumario de la operación Astapa; y tras una truculenta tentativa de construir 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte; aparece ahora ligado a personajes centrales de la operación Pretoria y, nuevamente, a la trama vasco-malaya. Los hechos los ha destapado en otro de sus imprescindibles trabajos –que reproduzco íntegramente aquí– el colectivo CIUDADANOS DE ESPARTINAS:


1.- TRAMA VASCO-MALAYA - ALT ASESORES - CIALT - LA HACIENDA PARALELA

Ya vimos en su día como la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz estaba directamente relacionada con ALT ASESORES, hoy CIALT.

Vimos que en ALT ASESORES coincidían IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE (técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades malayas vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.

Vimos que ALT ASESORES tenía oficinas en C/ CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN y que en esta última dirección estaba domiciliada EKIALDE 4021, una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

Vimos que EKIALDE 4021 estaba participada por las sociedades GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), ambas controladas por Fernando González Enfedaque y que el anterior domicilio social de GLASS COSTA era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS.

Meses después, la fiscalía imputaba a Jiménez Oruna como administrador de CIALT (antes ALT Asesores), cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la Hacienda foral y la estatal abrieron una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de CIALT Asesores, conocida como la "Hacienda Paralela".


2.- ALT ASESORES - CIALT - ALFONSO VEGARA - ANA GORROÑO -ASMOA ZERO

Coincidiendo con los mismos domicilios de CIALT - ALT Asesores (Avda Libertad, nº17-4º y Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián) encontramos a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ANA GORROÑO ARRIZABALAGA y ALFONSO VEGARA GOMEZ, prestigioso urbanista de reconocimiento internacional.

En una reseña del libro "Territorios Inteligentes" la Web euroresidentes.com publicaba el siguiente perfil de Alfonso Vegara:

Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales, Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html


3.- ALFONSO VEGARA - RIOFISA - CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN

En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana).

En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el 'pelotazo' del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.

http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm

No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.


4.- TERRITORIOS 21 - JOSE MARÍA DEL NIDO -LEXLAND - EDUARDO ARENAS - BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la presentación de la operación urbanística para el traslado de la ciudad deportiva del Sevilla F.C. a Bollullos de la Mitación, José María Del Nido Benavente, presidente del club e imputado en el caso Minutas de Marbella, compareció con el presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, como "socio tecnológico" y consultor junto con Territorios 21 en el proyecto.

TERRITORIOS 21 S.L. se constituye en Mayo de 2005 y está participada al 40% por ASMOA ZERO, cuyo domicilio social coincide con el de CIALT y antes con el de ALT Asesores.

En el consejo de administración de TERRITORIOS 21, junto a Alfonso Vegara encontramos a LEXLAND Abogados y a dos de sus miembros: Alfonso Ruiz Eguiguren y Jesús Fernando Risquet Fernández.

Hasta Junio de 2006, Eduardo Arenas Bocanegra, hermano del ex-ministro Javier Arenas, es miembro de Lexland Abogados.

De hecho, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN TERRITORIOS 21 S.L., que tiene por accionista a TERRITORIOS 21, se constituye en Febrero de 2006 y su domicilio social coincide con el de LEXLAND Abogados en el nº3 de la sevillana calle San Pablo.

Posts relacionados: