sábado, 28 de noviembre de 2009

Viejos vínculos entre Domingo Díaz de Mera, el conocido empresario amigo de Barreda, y los cabecillas de la trama Gürtel

No, no lo hilo con ninguna cosa, porque es un tema de Huelva, no afecta a nadie de Madrid”. Esto le decía el letrado Manuel Delgado Solís, hombre de confianza de Francisco Correa (si es que la cosa no era al revés) a Pablo Crespo, otro de los miembros del “estado mayor” de “Don Vito”.

La conversación interceptada por la policía se refería, como hemos visto en el texto anterior, a la noticia de la imputación de Domingo Díaz de Mera a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla. Dicha imputación se produjo a causa de unos 19 Millones de € presuntamente distraídos durante la venta de la participación que El Monte tenía en la mercantil HC, una operación que, según la denuncia de la Fiscalía, habría estado urdida por Bueno Lindón, Selfa de la Gándara, Román Sanahuja y el propio Díaz de Mera.

Esa noticia sobresaltó a Manuel Delgado Solís lo suficientemente como para que llamara con urgencia al citado Pablo Crespo. Los pezzo da novanta del tinglado Gürtel se encontraban en ese momento en medio de una febril actividad. El registro policial en las oficinas del fiscalista Ramón Blanco Balín, ordenado en el contexto de la investigación sobre la trama de blanqueo de capitales descubierta en Liechtenstein, había puesto en manos del Juez documentación de las empresas de Correa lo bastante comprometedora como para que éste y sus hombres temieran seriamente acabar con sus huesos en una ergástula, cosa que luego sucedió.

La preocupación era intensa y parece ser que justificada. En la página 293 del Tomo III del sumario Gürtel consta una conversación entre Correa y el magistrado en excedencia Juan Pérez Mora, hombre que, según se desprende de las conversaciones grabadas, se dedicaba a informar a la trama sobre la marcha de la causa contra Blanco Balín en el Juzgado y a alguna otra cosa más que pudiera resultar mucho más comprometedora:

Francisco Correa: ¿Que si estamos en el merde? estamos perfectamente metidos en el merde, estamos dentro del merde. ¿Lo entiendes ya? Estamos dentro.

Juan Pérez Mora: Si, si.

Correa: Estamos dentro antes del registro.

Juan: Perfectamente.

Correa: Ahora cómo podemos salir bien del merde, pues eso, eso es de Antonio Sánchez, de mi primo, del que vive en Senegal.

Juan: Ya, ya, ya. ¿Y eso ya lo tenéis hecho o no?

Correa: Se está montando todo y se está viajando para que él tenga todas las acciones al portador porque las sociedades, eh, off-shore, el que tenga las acciones al portador esa sociedad … eh, son de él, es la ley.

Los nervios, sin duda, estaban crispados. Pablo Crespo, Manuel Delgado y José Antonio López “Pepechu” llevaban tiempo ya “montando todo”, es decir, organizando todo lo necesario para que el primo de Correa, Antoine Sánchez, apareciera como un testaferro verosímil en caso de que se desencadenara la investigación sobre ellos.

Para “montarlo todo”, según reveló Interviú en su número del pasado 9 de noviembre, no repararon en gastos. Buscaron la ayuda del bufete Garrigues –uno de los cien despachos de mayor facturación mundial y el más importante de Europa– o, al menos, de uno de sus socios, el letrado fiscalista Enrique Fonseca, quien inicialmente aparece en el sumario como “el de Garrigues”, luego pasó a ser “Enrique” y finalmente, en un clima de más confianza y camaradería, ya terminó siendo “Quique”.

En este contexto es en el que el imputado Manuel Delgado se entera de la noticia concerniente a Díaz de Mera y se sobrecoge pensando que el asunto pueda tocar a alguien “de Madrid”. La cuestión, por tanto, está en descubrir qué vinculación tiene Díaz de Mera con estos presuntos delincuentes y quiénes pueden ser esos “de Madrid” que tanto preocupaban a Delgado Solís.

Vinculaciones, al menos hay una y muy estrecha, por cierto, que además enlaza directamente con los hechos que han llevado a Díaz de Mera hasta los Juzgados de lo penal. Se remonta al año 2003 y a la OPA hostil lanzada entonces contra METROVACESA por uno de los hombres de Berlusconi, el constructor de origen siciliano Francesco Gaetano Caltagirone.

En ese momento METROVACESA estaba controlada por Joaquín Rivero quien andaba a la búsqueda de un inversor extranjero. Ese inversor, en concreto el citado Francesco Gaetano Caltagirone, le fue presentado ni más ni menos que por Alejandro Agag, el mismo Agag que invitó a su regia boda en el Escorial a la plana mayor de la trama Gürtel.

La mediación en el desembarco de Caltagirone en METROVACESA, supuso para Agag una comisión de 300.506 € según publicó La Gaceta de los Negocios el 30 de abril del 2003 y en ella participó, directamente, el íntimo de Agag, Jacobo Gordon, ahora imputado en el caso Gürtel.

Caltagirone, Jacobo Gordon y el propio Rivero se reunieron en un hotel de Lisboa para pactar las condiciones de la entrada del siciliano en la constructora. Sin embargo, por muy hombre de respeto que fuera Caltagirone, a Rivero no le convenció el precio ofrecido por el italiano de modo que el propósito de aquella reunión se malogró.

Sin embargo, a un uomo di rispetto no se le desaira así como así. El siciliano lanzó una OPA hostil contra METROVACESA y en el fragor de las aguas revueltas que eso produjo, no tardaron en aparecer varios escualos financieros que ya en 2003 estaban empezando a pensar a lo grande.

Ante el ataque siciliano, los que entonces controlaban METROVACESA trataron de desmantelar la cabeza de puente de Caltagirone, es decir, atraer hacia sí al círculo de poder del que Alejandro Agag y Jacobo Gordon aparentaban ser la cabeza visible. Para ello recurrieron a un hombre excepcionalmente situado en ese círculo, el que fuera portavoz del Gobierno de Aznar: Miguel Angel Rodríguez Bajón y le ofrecieron algo más de 600.000 € por “llevar los temas de comunicación” de la constructora.

Miguel Angel Rodríguez, por extraño que pueda parecer, rechazó la oferta. Sin embargo, los hechos que se sucedieron inmediatamente después puede que arrojen cierta luz, aunque sólo sea indiciaria, sobre el extravagante desinterés de Rodríguez.

El 4 de marzo de 2003 el fondo árabe ABU DHABI INVESTMEN vendió el 7% de las acciones que tenía de METROVACESA y los compradores fueron gente entonces menos famosa que ahora: Luis Portillo, salpicado por el caso Malaya y artífice del fiasco de INMOBILIARIA COLONIAL junto a Domingo Díaz de Mera o a Aurelio González Villarejo, adquirió el 2% del paquete árabe a través de EXPO-AN; Domingo Díaz de Mera se hizo con otro 2% mediante HC; y EL MONTE se quedó con el 3%.

Pero, además, como el Mundo rebosa coincidencias, resulta que Miguel Angel Rodríguez Bajón, el mismo al que Joaquín Rivero había tratado de poner en nómina para debilitar al siciliano Caltagirone, tuvo la presidencia de LATERAL INVERSIONES AL ANDALUS, al menos hasta el verano del 2004 y LATERAL INVERSIONES es una sociedad de Domingo Díaz de Mera en cuyo consejo de administración, hoy día, aparecen Ignacio Barco Fernández y Pablo Usandizaga Usandizaga pero cuya propiedad pertenece en un 100% a la mercantil GLOBAL CONSULTING PARTNERS, presidida por Díaz de Mera y con Barco Fernández como consejero delegado.

Es muy posible que ya en ese momento, el siciliano Caltagirone estuviera husmeando un preocupante tufo a traición, pero las escaramuzas que desencadenó su OPA sobre METROVACESA no habían terminado aún. Ahora iban a entrar en escena los Sanahuja, otros socios de referencia de Domingo Díaz de Mera.

Joaquín Rivero había tenido problemas con José Aguinaga, uno de los consejeros más significativos de METROVACESA. Rivero consiguió solventarlos momentáneamente aumentando la participación de Aguinaga en METROVACESA resultado de lo cual fue que el vasco se convirtió en el cuarto accionista de la constructora. Sin embargo, las buenas relaciones duraron poco y Aguinaga entró en conversaciones con FADESA –hoy también llevada a la quiebra– y con Caltagirone para venderles su paquete de acciones.

Esto hubiera supuesto la victoria del siciliano y es en ese momento cuando Román Sanahuja aparece como el hombre providencial para Rivero. Los Sanahuja, a través de SACRESA, habían entrado en METROVACESA comprando el 4% de la compañía y Rivero convenció a Aguinaga para que les vendiera a estos y no a los italianos.

Hago gracia al lector de las subsiguientes estocadas venecianas que acabaron con Joaquín Rivero fuera de METROVACESA y con la constructora en manos de los Sanahuja, pero sí quiero recordar que una de esas maniobras fue, precisamente, la que protagonizaron Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera para hacerse con la cuota parte de las acciones de METROVACESA que correspondía a la participación de EL MONTE en la mercantil HC, y quiero subrayar también que, precisamente, esta maniobra, cuyos movimientos se han explicado con detalle aquí, es la que ha llevado a Román Sanahua y a Domingo Díaz de Mera a estar imputados tras la denuncia que presentó contra ellos la Fiscalía Anticorrupción por haber, presuntamente, distraído 19 Millones de € del patrimonio de CAJASOL.

Así que, resumiendo los hechos desnudos, aquí tenemos a los cabecillas de la trama Gürtel preocupados por la imputación de Díaz de Mera; a otro de los ahora imputados en el caso Gürtel, Jacobo Gordon –actuando junto a su amigo, a la par que amigo de Correa y de “El Bigotes”, Alejandor Agag– para propiciar el abordaje del siciliano Castalgirone a METROVACESA; a Miguel Angel Rodriguez Bajón, socio de Domingo Díaz de Mera y hombre del círculo íntimo de Aznar y, por lo tanto de su yerno Agag y del amigo de éste, Jacobo Gordon, rechazando una fabulosa oferta por hacer de “comunicador” para Joaquín Rivero; a otro socio de Díaz de Mera, el catalán Román Sanahuja, aprovechando el terror despertado por la OPA de Castalgirone en el consejo de METROVACESA para tomar con el control de la constructora; a Luis Portillo, socio del “malayo” Enrique Ventero y estrechamente relacionado con Roca, como informó en su momento El Confidencial, comprando junto a Díaz de Mera parte de las acciones de METROVACESA puestas a la venta por los árabes; y finalmente, al imputado en el caso Gürtel, Manuel Delgado Solís, diciéndole a su presunto cómplice, Pablo Crespo, que la imputación de Díaz de Mera no la hila con nada porque afecta a gente de Huelva y no de Madrid.

Una última cosa. Ya dije hace tiempo que Aurelio González Villarejo, otro de los constructores áulicos de Castilla-La Mancha, no era ajeno a METROVACESA. Lo recuerdo ahora: CCM –presidida por el ahora destituído Hernández Moltó– constituyó una sociedad el 11 de abril de 2003: CAJA CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLO INDUSTRIAL S.L. cuyo accionariado se reestructuró el 22 de diciembre de 2003 quedando CCM CORPORACIÓN S.A. con el 40%, METROVACESA S.A. con otro 40%, CORPORACIÓN HMS HERMASAN S.L. con un 10% y PROMOCIONES GONZÁLEZ, propiedad de González Villarejo, con el 10% restante.

Aurelio González Villarejo, hombre de estrecha relación con Barreda y José Bono, fue también parte fundamental de la dotación de presa con la que Luis Portillo se hizo con el control de INMOBILIARIA COLONIAL... Un mundo diminuto este de hoy en día.


Noticia Relacionada: La policía registra la sede de SACRESA, sociedad de Román Sanahuja, por su vinculación al caso de corrupción de Can Domenge.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

La imputación de Domingo Díaz de Mera hizo cundir la alarma entre los cabecillas de la trama Gürtel

El 13 de noviembre de 2008 El Mundo, ABC, Expansión, etc. daban la noticia. Román Sanahuja y Domingo Díaz de Mera, el importante empresario manchego amigo personal de Barreda y uno de los principales protagonistas del caso del aeropuerto de Ciudad Real a más, también, de uno de los mayores deudores de la quebrada CCM, habían sido imputados a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte.

Ese mismo día Manuel Delgado Solís, mucho más que el abogado de “Don Vito”, es decir, de Francisco Correa –a juzgar por los datos que se desprenden del sumario Gürtel– y de hecho imputado en el caso, llamó por teléfono a Pablo Crespo Sabarís, otro de los principales cabecillas de la trama. Eran las 14:41 de la tarde y esta fue la conversación según consta en el sumario, es decir, en las Diligencias Previas 275/2008, Tomo II, pags 96 y 97


Pablo: Manolo

Manolo: Pablo.

Pablo: ¿Qué tal?

Manolo: Que..., bien, estoy en Canarias.

Pablo: Si.

Manolo: Que acabo de llegar ahora, y he leído el periódico.

Pablo: Si.

Manolo: Y he visto que está imputado Diaz de Mera.

Pablo: ¿Que está?

Manolo: Imputado por la Fiscalía Anticorrupción, por un tema en Andalucía.

Pablo: Ya

Manolo: ¿Lo sabías o no?

Pablo: No, no lo sabía, no.

Manolo: ¿Sabes quién es, no?

Pablo: Si, perfectamente, si, si.

Manolo: Vale ¿vale?

Pablo: Ya, pero..., bueno, bien..., y...

Manolo: No, nada.

Pablo: ¿Lo hilas con alguna cosa o qué?

Manolo: No, no lo hilo con ninguna cosa, porque es un tema de Huelva, no afecta a nadie de Madrid.

Pablo: Ya.

Manolo: Es un tema de Huelva.

Pablo: Ya.

Manolo: Lo que te pasa es que te contaré, siempre del mismo, por donde vienen los tiros, el autor del mismo.

Pablo: Ya, ya.

Manolo: Porque el autor del mismo proponía con este un tema.

Pablo: Ya, ya

Manolo: ¿Me entiendes?

Pablo: Ya, ya..., Oye, pues nada, yo te iba a llamar, porque...


A partir de aquí la conversación discurre por otros derroteros. En concreto se centran en cómo parar los artículos publicados por Javier Chicote en Interviú relativos a las tramas de blanqueo de capitales que se destaparon con el caso de Liechtenstein y que siguieron con el registro del despacho de Ramón Blanco Balín durante el cual fue incautada documentación concerniente a la trama de Correa.

En cualquier caso, lo que parece desprenderse de la conversación intervenida, sin muchas dudas razonables, es que Domingo Díaz de Mera tiene alguna relación con la trama Gürtel y que esa relación es lo suficientemente preocupante como para que Manuel Delgado Solís, uno de los principales soportes intelectuales del tinglado de Correa junto con Pablo Crespo (en la foto) y José Antonio LópezPepechu”, llame inmediatamente para dar la alerta cuando descubre que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto sus manos sobre aquel.

También parece evidente que el propio Pablo Crespo considera el caso de Díaz de Mera lo bastante alarmante como para extremar el laconismo de la conversación y cambiar de tema a la primera oportunidad.

Hay que recordar que a esas fechas la trama ya se sentía acosada. Tras el registro del despacho de Blanco Balín, el temor a las consecuencias que se pudieran arrastrar a causa de la documentación descubierta, hicieron que tanto Correa como Pablo Crespo, Manuel Delgado Solís y José Antonio LópezPepechu” comenzaran a desplegar una actividad frenética para interponer entre ellos y las sociedades “gestionadas” por Blanco Balín, a un testaferro creíble: el primo de Correa, Antoine Sánchez, el cual, por otra parte, andaba relacionado con el tráfico –ilícito, porque en el sumario constan conversaciones en las que se planea cómo eludir los controles policiales de las aduanas– de mercancías no determinadas entre Dubai y Dakar, donde finalmente serían recogidas por un “banquero de París” que las introduciría en Europa en su avión privado.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

El “oasis” manchego. El Pocero aún sin declarar y Manuel Fuentes condenado

Hoy se ha hecho pública la noticia. El juzgado nº 1 de Toledo ha condenado –la Sentencia se puede descargar desde aquí– en primera instancia a Manuel Fuentes, alcalde de Seseña y a otros cuatro concejales de IU por unas supuestas calumnias al Pocero. La frase, la única frase que el juzgado en cuestión ha considerado calumniosa es la siguiente: “En Seseña compra los votos más fáciles: dos concejales y un familiar directo del portavoz de una parte de la oposición están en la nómina de ONDE-2000, su empresa de construcción”.

La Sentencia considera que lo afirmado en esa frase reúne todos los elementos del tipo de cohecho; que por lo tanto supone la imputación de un delito perseguible de oficio, condición necesaria para que se aprecie el delito de calumnias; y que, además, la citada frase “no responde a la verdad, al menos parcialmente”.

El tipo penal del cohecho como por cierto muy bien dice la Sentencia, configura un “delito de resultado cortado”, es decir, se consuma con la entrega o promesa de la dádiva por parte del corruptor, que lo hace con la intención de corromper, independientemente de que su propósito tenga éxito o no. Así, a partir de aquí, la Sentencia se centra en dilucidar si es verdad o no que el Pocero ofreció como dádiva un puesto de trabajo a los concejales en cuestión con la intención de moldear la voluntad de estos a favor de sus intereses.

Pues bien, en la página 19 de la Sentencia se lee, textualmente, que: “es verdad que dos concejales están contratados por ONDE-2000 SL, es relativamente cierto que otro concejal presta su trabajo para ONDE-2000 SL, pero mediante otra empresa contratada por ésta”. Sin embargo, el Ilmo Sr Magistrado-Juez, considera que “no es verdad que sus votos estén comprados”.

Esta es la base de la condena de Manuel Fuentes y sus compañeros y, por eso, en mi muy modesta pero indignada opinión, la sentencia resulta contradictoria y yerra gravemente. Como ya se ha dicho, la modalidad de cohecho en la que se puede subsumir la frase del artículo “El Mago del Ladrillo” configura un delito de resultado cortado. Por lo tanto, para que se comenta y, consecuentemente, para que no sea punible la imputación de su comisión, los concejales que reciben las dádivas, no tienen por qué haberse corrompido. Basta con que el Pocero haya hecho esas dádivas y que las haya hecho con el objeto de volver obedientes a sus intereses las voluntades de esos concejales.

No voy a entrar a dilucidar cuál era la voluntad del Pocero al dar trabajo a unos concejales de un Ayuntamiento que tenían un poder decisivo sobre la tramitación administrativa de su PAU y que, por eso, podían influir favorable o desfavorablemente en el éxito de su multimillonario negocio, pero el propio Magistrado D. Eduardo Luis Gonzáles del Campillo-Cruz afirma en su Sentencia que es cierto que esas relaciones laborales existen, es decir, que la dádiva existió.

Si los concejales, a pesar de eso, no torcieron la rectitud de sus actuaciones, la cuestión resulta irrelevante para la existencia o no del presunto cohecho cometido por el Pocero, porque ya hemos repetido que ese es un delito de resultado cortado, un tipo que adelanta las barreras penales al momento de la tentativa y si en el artículo del boletín de IU de Seseña se afirma que esos concejales estaban “comprados”, la supuesta “calumnia”, de no ser eso así, les afectaría a ellos, que no eran querellantes ni partes en el proceso, y no al Pocero, que sí está probado, según la sentencia, que les contrató laboralmente a unos o les favoreció económicamente a otros.

Ahora bien, incidiendo en su tesis, la Sentencia argumenta que los votos de los concejales Felipe Sancho Ricoy –a quien el PSOE de Madrid, no de Toledo, expulsó del partido al tiempo que disolvió la agrupación socialista de Seseña a causa de las intensas sospechas de corrupción que pesan sobre sus miembros– Catalina Murillo Rodríguez, Tomás García Félix y Cándido Mejía; no estaban comprados, porque Felipe Sancho siempre votó a favor de los proyectos del Pocero aún antes de entrar a su servicio y porque el resto de los aludidos o no habían hecho lo propio a fecha de publicación del artículo o porque la vinculación con el Pocero estaba establecida a través de un familiar directo o mediada por intereses urbanísticos.

En este punto la Sentencia olvida que la dádiva no tiene por qué ser coetánea a los hechos, ni ser para quien la recibe, sino que también puede ser para un tercero, y que igualmente basta, para consumar el delito, la promesa de ésta: El artículo 420 dice que “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa...”; el 421 ser refiere a “la dádiva solicitada, recibida o prometida” y el 423 CP dice que “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos serán castigados...”.

Por otra parte, que la voluntad de Felipe Sancho ya se hubiera manifestado a favor del Pocero antes de entrar a trabajar bajo sus órdenes, no quiere decir que las voluntades no sean mudables como plumas al viento y que el Pocero no se viera obligado a continuar cultivando de forma sostenida en el tiempo las buenas inclinaciones de Felipe Sancho y de otros hacia sus intereses.

En conclusión, que siendo verdad la vinculación laboral o económica de los concejales citados, por sí o por familiar interpuesto, con el éxito del negocio del Pocero; que siendo cierto o “relativamente cierto”, al decir de la Sentencia, que existe remuneración dineraria del Pocero a estos; y siendo más cierto aún que el delito de cohecho se consuma con dádiva entregada u ofrecida o con promesa de ésta, independientemente de que el propósito corruptor se vea coronado o no por el éxito; se me hace imposible entender –a salvo de que se den si se dan los elementos subjetivos del tipo– que la frase que ha llevado a la condena de Manuel Fuentes y de sus compañeros no esté sobradamente amparada por el derecho fundamental a la libertad de información.

Pero si esta sentencia en sí misma ya es preocupante, también tiene la virtud de hacer que el contexto en el que se produce adquiera tintes sobrecogedores. En Castilla-La Mancha las únicas autoridades públicas condenadas son Manuel Fuentes y los concejales de IU de Seseña.

Es decir, esa condena se produce en una comunidad autónoma en la que CCM ha financiado a la trama delictiva –uso la expresión del auto de imputación del Juzgado nº 5 de Marbella en el Caso Malaya y a él me remito– de Roca con no menos de 200 Millones de Euros y ha sido llevada a la quiebra, en muy buena parte, a causa de inversiones generosísimas hechas en los negocios de un ínfimo grupo de constructores pública y estrechamente vinculados a Bono y Barreda.

Esa condena se produce en la misma región en la que se ha descubierto a un presunto miembro de la mafia calabresa –Giovanni Piero Montaldo– vinculado, según la policía, al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, pagando más de 700.000 € al que fuera alcalde de Seseña cuando con una celeridad inaudita se aprobó el PAU del Pocero.

Esa condena se produce en un lugar en el que se ha documentado al Pocero haciendo trabajos en el hipódromo de José Bono, entonces presidente regional, sobre los cuales el mismo Pocero ha declarado que no se los pagó Bono, sino las empresas anunciantes del hipódromo, entre las que está IBERDROLA, la misma que había nombrado al citado “malayo” y presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo como su apoderado en Marbella.

Esa Sentencia se dicta en la misma región en la que un tribunal consideró la forma en que el Pocero se hizo con el Quiñón como una “estafa procesal” y en la que la empresa utilizada para dicha adquisición, PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE, tuvo como primer administrador a un tal Luis Simarro Belmonte, implicado en la estafa multimillonaria –15.775.000 $– del caso KHEMA TRADING Ltd., embrollo del que salió bien parado con la ayuda de los buenos oficios del abogado y socio del Pocero, José Luis Sanz Arribas.

Se dicta en una región donde la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de haber instado la acción judicial contra José Luis Martín, el anterior alcalde de Seseña ahora imputado por corrupción, no ha considerado oportuno llamar a declarar al Pocero, ni siquiera como testigo.

Se dicta en la misma región en la que se ha descubierto una finca –cuyo proyecto urbanístico había sido considerado por la propia Junta como “inviable”– adquirida por el “malayo” Pedro Román mediante un crédito de 30 Millones de € concedido por la CCM de Hernández Moltó y renovado in extremis días antes de la intervención de la Caja.

Se produce en la misma región donde otros casos, de menor repercusión mediática, pero no por ello menos significativos, como son los de Carranque, Chozas de Canales o el de la propia Diputación de Toledo, o bien están llevando una existencia vegetal en los Juzgados o bien se han considerado de tan “escaso contenido penal” que no han merecido la menor diligencia de investigación por parte de la Fiscalía.

Esto ocurre, en definitiva, en una región en la que ha tenido que ser un Juzgado de Marbella, el número 5, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las actividades y vinculaciones de las tramas urbanísticas toledanas con la delincuencia del Caso Malaya.

Y en esta doliente región, en este “oasis” de la calamidad, es donde Manuel Fuentes y sus compañeros tienen el honor –y digo bien: el honor– de haber sido condenados por denunciar las actuaciones del Pocero, que dice no llegar a fin de mes porque le “da el dinero a los pobres”. No sé si esa será la explicación de porqué el ex alcalde de Seseña José Luis Martín antes era pobre y ahora es rico.