miércoles, 29 de julio de 2009

“Malaya” y Toledo, un buen ejemplo de omertà

Bargas, Layos, Arges, Aranjuez, Carranque... Esta es una lista, en absoluto cerrada, de las localidades Toledanas o próximas a Toledo, como es el caso de Aranjuez, en las que han aparecido negocios relacionados, de una manera u otra, con la delincuencia organizada que en 2006 se destapó oficialmente en Marbella bajo la etiqueta de “Operación Malaya”.

La presencia en Toledo de los saqueadores de Marbella, de Estepona, de Rincón de la Victoria, de Espartinas, etc, contrariamente a lo que se pudiera suponer, no es reciente. Algunos de los casos detectados se remontan a finales de los noventa y la mayoría se centra entorno al año 2003, comienzo de la Ominosa Legislatura durante la cual la criminalidad político-urbanística se convirtió en un hecho cotidiano, tan cotidiano que el Parlamento Europeo se ha visto obligado a calificar la situación española como de “corrupción endémica”.

En consecuencia, la tesis de que los hombres de la trama “malaya” se hayan desplazado hasta el centro de la Península huyendo de la presión judicial y policial en la costa, no se sostiene. Tampoco es sostenible esta hipótesis si recordamos el papel central que Caja Castilla-La Mancha ha tenido ―y aún tiene, pese al discreto silencio de la prensa― en la financiación y protección de los negocios que sociedades y personajes “malayos” emprendieron en las provincias de Madrid y Toledo, sin olvidarnos, claro está, de Murcia. En este sentido, el caso de la finca Alcalvín, en Bargas es, con toda seguridad, el más manifiesto e hiriente de los conocidos... Hasta ahora.

Decididamente, Toledo fue desde el principio un territorio hospitalario en el que los “malayos” pudieron llevar a cabo o planear algunos de sus más grandes “golpes” inmobiliarios, y en ese benévolo recibimiento, por necesidad lógica y por sentido común, cierto papel habrá tenido y tiene que jugar la estructura política de la región.

Estos hechos y otros nuevos a los que apunta la investigación, hacen que el artículo publicado en El Mundo que reproduzco a continuación, cobre no sólo actualidad, sino que se convierta en una herramienta de análisis utilísima, especialmente atendiendo a lo que en él se dice sobre el indulto que benefició al difunto Jesús Gil, favorecido y promocionado en su día por Juan Alberto Belloch y por María Teresa Fernández de la Vega; y por supuesto también en lo relativo al papel de “agente del CNI” que Jorge Dezcallar asignó, durante los gobiernos de José María Aznar, al ahora preso Juan Antonio Roca Nicolás.

Ya es innegable que Gil y Roca fueron unos “protegidos” del poder político desde los tiempos del “felipismo” lo que es consistente con la actual presencia de nombres que adquirieron fama entonces junto a otros que la han adquirido ahora por su relevancia y significación en el caso “Malaya”; pero la cuestión de actualidad está en si Roca, Ventero, Arteche, Pedro Román y algún otro cuyo nombre por ahora me reservo, también han sido o son “protegidos” de José Bono y del silente José María Barreda.

Cabe preguntarse, además, si las estructuras de criminalidad urbanística que apuntan en los barbechos toledanos podrán llegar a dibujarse con mayor nitidez de la que hasta ahora se ha logrado y si las trazas de esta afectio societatis que une a hampones, desclasados y bohemios rapaces, con las grandes corporaciones y con los despachos políticos, acabará desvelándose con la suficiente consistencia inculpatoria.

Los datos van a aparecer, de eso que no le quepa duda a nadie, pero el alcance que esa información tenga para la salud de la res publica, sí es una incógnita. La “corrupción endémica” de la que acusaba a España el Parlamento Europeo germina sobre una gruesa capa de estiércol pragmático y cínico. Al corrupto que reparta pan no le faltarán votos y con esos votos no habrá Estado o judicatura que pueda o pretenda poner freno al fraude de ley, al abuso de derecho o al puro y simple saqueo.

Eso es la “mafia”, una muy amplia y ecléctica societas delicti con dos extremos: uno en el gobierno y el otro en el hampa de los barrios chinos, y entre esos dos extremos, una estructura social paralela y decisiva que suplanta y hace del Estado de Derecho una vana apariencia, una formidable impostura.

La rapidez con que la corrupción se ha expandido por toda la Península durante la execrable legislatura 2003-07, ha hecho que las cosas en España tomen un color muy parecido al que tuvieron en Italia desde la posguerra hasta los tiempos en que los corleoneses del palurdo en armas Salvatore Riina, hicieron saltar por los aires el pacto secular que el hampa había establecido con los padrinos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.

De hecho, Cosa Nostra, recompuesta con los despojos de los secuaces de Riina ―los Santapaola, los Cultrera, los Menino o los Greco― vueltos nuevamente hacia la mafia imprenditoriale (mafia empresarial) hacia el padrinazgo político del deplorable Berlusconi y hacia provechosas alianzas con la 'Ndrangheta y los narcos sudamericanos; enseñó muy pronto las orejas entre los más destacados “malayos”, así que no me sorprendería descubrir a alguno de estos ciudadanos italianos paseando por la plaza de Zocodover o merodeando alrededor del palacio de Fuensalida. No señor, no me sorprendería nada.



Doce años de cohecho, malversación y blanqueo

DESDE HACE MAS DE UNA DÉCADA, LA CIUDAD HA VISTO UNIDO SU NOMBRE A LA LACRA DE LA CORRUPCION. ESTE AÑO, UN JUEZ ENVIO A LA CARCEL A SUS EDILES Y EXPUSO A LA MIRADA PUBLICA LO QUE TODOS SOSPECHABAN

El Mundo.

POR ANTONIO RUBIO

La corrupción de Marbella es una crónica anunciada donde han ido participando o consintiendo todos los poderes, tanto autonómicos como estatales. Hace 12 años, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, fue indultado por Felipe González porque amenazó con tirar de la manta sobre unas comisiones pagadas a políticos socialistas de la Junta de Andalucía.

Tiempo después, el hombre de confianza de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, se puso a trabajar para los servicios secretos españoles (Centro Nacional de Inteligencia), creyendo que así tenía un seguro para seguir metiendo mano en la caja municipal. Corría el año 1999 y José María Aznar era presidente del Gobierno.

Al final, un juez, con la ayuda de un grupo de honestos policías, ha puesto las cosas en su sitio y ha demostrado que la corrupción de Marbella era algo que todos sabían y que todos asumían.

El magistrado Miguel Angel Torres, con la operación Malaya, ha puesto en marcha el trabajo que hace años comenzaron los jueces Blanca Esther Díez y Santiago Torres y ha detenido, procesado o imputado a casi un centenar de personas entre concejales, empresarios, constructores, testaferros y otros.

Ésta es la crónica de esa corrupción anunciada que arranca, de forma oficial, hace 12 años: en marzo de 1994.

17 de marzo de 1994. Jueves. Consejo de Ministros presidido por Felipe González. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, presenta un informe elaborado por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, en el que se solicita un indulto para Jesús Gil, alcalde de Marbella. El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, que es amigo de Gil, también apoya y defiende la medida de gracia para el polémico primer edil marbellí.

Jesús Gil había sido condenado a dos meses de arresto mayor e inhabilitación de cargo público por estafar a un portero de un inmueble al que le había vendido una parcela en Los Angeles de San Rafael (Segovia) que previamente estaba embargada judicialmente.

Isabel García Marcos, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, pide explicaciones porque esa decisión del Consejo de Ministros va en contra de los intereses del grupo socialista en la Costa del Sol. La respuesta del jefe de gabinete de Presidencia es una misiva protocolaria y en ella no se concreta ni explica el motivo real por el que Gil, sorprendentemente, ha conseguido la medida de gracia. Al final, todo se queda en una «larga cambiada» del jefe de gabinete.

Poco después, los socialistas malagueños aprovechan la visita de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, a la provincia para pedir, de nuevo, explicaciones sobre lo acontecido en el Consejo de Ministros. Alberdi aclara que el indulto de Gil fue defendido con vehemencia por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, siguiendo las instrucciones directas del ministro Belloch.

5 de mayo de 1994. Juan Alberto Belloch Julbe es nombrado biministro.Su segunda cartera es la del Ministerio del Interior. Interpol Italia requiere a Interpol España, a través de Interior, información sobre las actividades «extrapolíticas» del alcalde de Marbella.

Interpol España, siguiendo instrucciones superiores, aplica el «silencio administrativo» a la petición de sus colegas italianos.Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, ya ha relacionado a Gil con miembros de la mafia italiana que residen en la Costa del Sol.

Entre los años 1993 y 1996, el PSOE está acosado por múltiples escándalos de corrupción: Filesa, Roldán, Fondos Reservados, AVE, etc. En 1994, Jesús Gil y Gil se plantea ser un problema más para el PSOE y amenaza con «tirar de la manta» contando que en 1986 tuvo que abonar al PSOE de Andalucía una comisión de 220 millones de las antiguas pesetas. El alcalde marbellí, finalmente, no denuncia el pago de la comisión, y el 17 de marzo de 1994 consigue del Consejo de Ministro su apreciado indulto.

Gil sigue de alcalde de Marbella gracias al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de la subsecretaria de ese Departamento, Teresa Fernández de la Vega, y de su amigo y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro. Todo esos afectos sirven para que el primer edil marbellí siga recalificando terrenos a su antojo y que su mano derecha, Juan Antonio Roca, continúe ejerciendo de «recaudador de impuestos» ante los constructores e inmobiliarios de la zona y de cajero de La banda de Jesús Gil.

Marzo de 1996. Tan sólo han pasado dos años desde que Jesús Gil consiguió el indulto socialista. Los problemas del alcalde de Marbella con la Justicia, continúan. Ahora, Gil da un paso adelante y se convierte en «arrepentido». Sabe que la Fiscalía Anticorrupción va tras sus pasos y se aprovecha del nuevo Código Penal, promovido por el ministro Juan Alberto Belloch, para autoinculparse de un delito, convertirse en «arrepentido» y con esa argucia legal evitar las acciones de la Justicia contra su persona.

Gil declara y revela que en 1986 pagó comisiones a varios miembros de la Junta de Andalucía para que le concedieran la licencia de obras definitiva de la urbanización marbellí Los Cipreses del Mar. Cuando Gil es citado por un juzgado de Sevilla para que ratifique su denuncia y presente los correspondientes documentos que acreditan los pagos a los dirigentes socialistas de la Junta, da un paso atrás y todo queda en un escándalo político, sin consecuencias judiciales.

Octubre de 1999. EL MUNDO revela que Jesús Gil y Juan Antonio Roca han llevado a cabo un continúo saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella desde que en 1991 fuera nombrado alcalde el presidente del Atlético de Madrid. El montante del primer saqueo de Marbella asciende a 4.442 millones de pesetas. El segundo saqueo de Marbella sale a la luz pública en octubre de 2003 -también lo descubre EL MUNDO- y el montante es de 6.900 millones de pesetas.

El caso saqueo de Marbella se encuentra en la actualidad en la Audiencia Nacional, lo instruye el juez Juan Del Olmo y Roca está en libertad mediante el pago de una fianza de 459.000 euros.

Ese mismo año Juan Antonio Roca llega a un acuerdo con los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia que dirige Jorge Dezcallar por designación de José María Aznar. El acuerdo entre Roca y el CNI consiste en que el primero tiene que informar de todos los movimientos del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirige el propio Jesús Gil para saber cuáles son las intenciones y movimientos de ese grupo político en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Jesús Gil, agobiado por múltiples procesos judiciales, reconoce entre sus íntimos que Juan Antonio Roca se ha convertido en el auténtico jefe de Marbella.

Abril de 2002. Inhabilitación de Gil. Jesús Gil, finalmente, es condenado en firme por el caso Camisetas y es apartado de la alcaldía de Marbella por inhabilitación judicial. Recoge el bastón de mando su fiel Julián Muñoz. El ex camarero, con la ayuda de José María del Nido, abogado y asesor del Ayuntamiento de Marbella, intenta llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía y dejar fuera de juego a Juan Antonio Roca.

El jefe de Marbella, como ya conocen a Roca en la Costa del Sol, con la ayuda del empresario británico Judah Binstock, contrarresta la jugada de Muñoz y consigue comprar la voluntad de la mayoría de los concejales marbellíes con importantes cantidades económicas.

En agosto de 2003 Roca coloca, mediante una moción de censura contra Muñoz, a Marisol Yagüe como alcaldesa y a Isabel García Marcos, hasta entonces miembro del PSOE, como primer teniente de alcalde.

Diciembre de 2004. Juan Antonio Roca y algunos concejales de Marbella dirigidos hábilmente por Marisol Yagüe recaudan importantes cantidades económicas que van directamente a sus bolsillos. Roca se mueve mejor que nunca y el juez Del Olmo no avanza en el caso saqueo de Marbella.

Pero en diciembre de 2004 se produce una partida de póquer en la finca El Río de Badajoz. En esa partida se ponen sobre el tapete de juego hasta tres millones de euros. Y en ella participan los más íntimos de Roca. Uno de ellos, que pierde una importante cantidad, se considera estafado y como venganza se acerca a la Policía.

Las confidencias entre el jugador estafado y la Policía permiten que los agentes descubran todo el entramado financiero de Roca y sus testaferros. La operación Malaya, que va a dirigir el juez Miguel Angel Torres, se pone en marcha.

Marzo-Junio 2006. El juez Miguel Angel Torres, siguiendo los pasos de sus predecesores en el cargo, los magistrados Blanca Esther Díez y Santiago Torres, logra acabar el trabajo que estaba pendiente desde hacía más de una década: levantar la cloaca de la corrupción urbanística en Marbella.

Juan Antonio Roca, el auténtico alcalde de Marbella; Marisol Yagüe, la alcaldesa títere de El jefe; Isabel García Marcos, primer teniente de alcalde, y hasta un total de 28 personas son detenidas en marzo de 2006 por cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos.

7 de abril de 2006. Viernes. Nueva fecha. Nuevos tiempos. Nuevo Gobierno. El mismo problema: corrupción urbanística. Han pasado doce años desde que Jesús Gil consiguiera su indulto. El alcalde falleció en 2004, pero el que fuera su segundo, Juan Antonio Roca, sigue controlando el Ayuntamiento de Marbella de la misma forma que ya lo hacía en 1994.

Los socialistas han vuelto a recuperar el poder a nivel estatal -marzo de 2004- y se celebra un nuevo Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero. En ese Consejo ya no está Juan Alberto Belloch, que ahora es el alcalde de Zaragoza, tampoco el amigo de Gil, Javier Gómez Navarro, que es presidente de las Cámaras de Comercio, pero sí está Teresa Fernández de la Vega.

La que fuera subsecretaria de Justicia y defendiera con vehemencia el indulto de Jesús Gil se ha convertido, en el plazo de 12 años, en vicepresidenta del Gobierno y ahora tiene que sancionar la decisión de disolver el Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». El Consejo de Ministros, finalmente, opta por disolver el Ayuntamiento de Marbella y crear una comisión gestora.

Hoy, tras judicializarse los casos saqueo I y II de Marbella y las operaciones Ballena Blanca -por blanqueo de dinero- y Malaya, son casi 100 las personas -entre concejales, constructores, empresarios, abogados y testaferros- que han pasado por la cárcel, están imputadas o acusadas de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.

Y todas ellas coinciden en una misma cuestión: «Con Gil llegó la corrupción total y Roca era el verdadero alcalde de Marbella desde hace muchos años». El patrimonio actual de Roca asciende a 120 millones de euros, incluida una cuadra de caballos finos.

El balance final de estos últimos 12 años en Marbella se podría resumir en dos partes: el juez Torres y los agentes de la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) han formalizado la lucha contra la corrupción en la Costa del Sol, pero todavía quedan algunos políticos aforados y grandes empresas por investigar.

Y el juez Torres deja el juzgado de Marbella de forma definitiva en enero de 2007 y los agentes de la UDYCO comienzan a tener auténticos problemas para llegar hasta el final de las cloacas marbellíes.