viernes, 30 de enero de 2009

Los acontecimientos parecen precipitarse. Dimite el Vicepresidente de Caja Castilla-La Mancha

La noticia la ha publicado hoy mismo El Mundo.

"Cristina Caballero

Madrid.- Los problemas internos que se viven desde hace meses en la Caja Castilla La Mancha han explotado esta semana con la dimisión del vicepresidente de la entidad, Jesús Bárcenas. La renuncia se produjo el pasado miércoles, en el último consejo de la entidad, donde Bárcenas presentó una carta de dimisión en la que alega "desacuerdos en la gestión", según han confirmado fuentes de la entidad a este periódico.

Bárcenas, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), llevaba desde el mes de mayo del año pasado sin firmar las cuentas de la caja, ya que desaprobaba totalmente la gestión que ha llevado a cabo el presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó.

La caja manchega es una de las más expuestas a los créditos a promotores inmobiliarios, lo que ha motivado la inquietud del Banco de España y las protestas de algunos de los consejeros de la entidad, que no han visto con buenos ojos los créditos dudosos a muchos promotores del círculo del presidente de la Comunidad, José María Barreda.

Entre los proyectos en los que se embarcó Caja Castilla La Mancha y que le han hecho comprometer varios cientos de millones en créditos, se encuentra su participación en el aeropuerto de Ciudad Real, un proyecto impulsado por los empresarios Domingo Díaz de Mera e Ignacio Barco".

Sin olvidar, añado yo, los concedidos a empresas de Juan Antonio Roca en Murcia, o el concedido a este mismo individuo para la compra del Palacio de Saldaña en Madrid, o las inversiones hechas en Los Alcázares, junto al detenido e imputado Enrique Ventero Muñoz...

domingo, 25 de enero de 2009

El enclave de Aranjuez. Más Lazos entre Caja Castilla-La Mancha, Juan Mª López Alvarez, el socio de Roca, y la Trama Vasco-Malaya

El pasado 23 de enero de 2009 se hizo público el sexto de los mayores concursos de acreedores presentados en España. La inmobiliaria OBRUM, reconocía su situación de quiebra, después de que el 25 de noviembre del 2008 varios acreedores solicitaran el concurso de DHO INFRAESTRUCTURAS, DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES y OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.

Este desenlace se venía anunciando desde finales de noviembre del 2008. Entonces, se consiguió eludirlo mediante la separación entre el Grupo Dico y OBRUM, que adquirió a aquel su participación en la sociedad conjunta DHO (Dico, Harinsa Obrum) La maniobra sólo prolongó una agonía cuyo final se hizo evidente, al menos, ya hace un mes, cuando la constructora dejó sistemáticamente de hacer frente a sus obligaciones de pago.

Sin embargo, aunque este nuevo concurso de acreedores afecta y no poco a CCM, el objeto de este texto no es hacer la historia de la quiebra de OBRUM, sino rastrear, tomando al Grupo Dico como punto inicial, una red de alianzas mercantiles y políticas que, nuevamente, pondrán a Caja Castilla-La Mancha y a algunos de sus más altos cargos, en relación con ciertos sujetos muy significativos de la trama malaya.

Juan Pedro Hernández Moltó o, si se quiere CCM, tiene importantes intereses en Aranjuez, cuyo alcalde, Jesús Dionisios Ballesteros, es un hombre del que se ha dicho que cultiva estrecha amistad (a pesar de su militancia en el PSOE) con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y con el Consejero de Presidencia, también del gobierno regional madrileño, Francisco Granados, ambos muy célebres en los últimos días.

Posiblemente, el negocio más importantes de CCM en Aranjuez es el PAU de “Las Cabezadas”, con unas 7.000 viviendas previstas por el momento. Uno de los consejeros de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es Alejandro López Hernández, Secretario General de CCM. Además de este cargo en la Caja de Hernández Moltó, el Sr. López también es, salvo cambios de última hora claro está; consejero de DICO HARINSA OBRUM SL; apoderado de GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA.; Secretario de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entidad presidida por Petra Mateos-Aparicio Morales y participada, mayoritariamente, no sólo por CCM, sino por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, por el Gobierno de José María Barreda; y también preside, lo que en este momento interesa más, la mercantil H2 PUENTE LARGO, la cual opera en Aranjuez, en el PAU “Puente Largo”, que comprende unas 6.800 viviendas.

Así, podemos decir que entre las sociedades LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ y H2 PUENTE LARGO existe una conexión clara y estrecha que se establece a través del Secretario General de Caja Castilla-La Mancha, aunque en realidad sobre esto no es necesario hacer conjeturas porque en su “informe de gestión consolidado” del ejercicio 2007, CCM reconoce, como no podía ser de otra manera, la propiedad del 50% de H2 PUENTE LARGO y del 60% en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. Lo que ocurre es que, ahora, hay que poner más interés en los nombres de ciertas personas físicas que en las denominaciones de las personas jurídicas.

En fin, que así las cosas, es lógico que Alejandro López Hernández no sea el único hombre significativo de CCM que tiene una silla en el consejo de LAS CABEZADAS. Además de él, también está José Luis Rodríguez Romo que ocupa el cargo de Director General Adjunto de la Caja.

Es aquí, a través de Rodríguez Romo, cuando llegamos a un eslabón importante. El Director General Adjunto de CCM representa a la Caja en los consejos de otras pocas sociedades. Una de ellas, por ejemplo, es INMOBILIARIA CHAMARTÍN pero, también está en otras dos de notable importancia, a saber: CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL.

Esta empresa estuvo domiciliada hasta enero del 2006 en la C/ Príncipe de Vergara 15 (idéntica dirección que la de MOLA-15, donde ya hemos visto “trabajando” juntos a los “malayos” Juan Antonio Roca, a Pedro Román, a Bruno Bauman y a Juan Herman Hoffmann) y.

CLAUDIA ZAHARA 22, de la que ya se ha hablado aquí, está participada, en un 40% por SACYR-VALLEHERMOSO y en un 30% por PLANES E INVERSIONES CASTILLA-LA MANCHA (PLAINSA), es decir, por CCM. Dispone de un notable capital social de 6 Millones de Euros y no está presidida por ninguno de los representantes de SACYR o de CCM, sino por ECOYESO INTERNACIONAL (desde el 2005 denominada ECO PROYECT 22 S.L.) empresa de Juan María López Alvarez y que, como se sabe, era socio de Juan Antonio Roca y Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15.

En esta entidad, José Luis Rodríguez Romo es el Vicepresidente y entre los Administradores, además de VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, de Luis del Ribero, también está ECOVILLAS 22 SA (igualmente propiedad de López Alvarez) y Florencio Fernández Gutierrez, alcalde “bonista” de Urda, Toledo y vocal del Consejo de Administración de CCM.

En CORTIJO DEL MORO, que igual que la anterior opera en Sevilla, la distribución de asientos en el Consejo es similar: la presidencia es de ECO YESO, la vicepresidencia la ejerce José Luis Rodríguez Romo y, como consejeros, entre algunos otros, también está VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN y el alcalde de Urda, Florencio Fernández.

Aquí hay que hacer un paréntesis. Si consideramos como “malayos” exclusivamente a aquellos que han sido imputados en el curso de la Operación Malaya; Juan María López Alvarez, natural de Guijuelo, Salamanca y nacido en el seno de una humildísima familia el 15 de agosto del 45, no encaja en esa categoría puesto que, a pesar de que su nombre aparece profusamente en el Auto de Imputación del Caso Malaya y a pesar de que ha estado investigado y puede que lo siga estando en relación con dicho caso, aún no se encuentra imputado.

Si, por el contrario, entendemos por “malayo” un adjetivo que designa a aquellos que han tenido un papel significativo en las tramas empresariales urdidas por y en torno a Roca y a otros de los principales imputados en el caso, López Alvarez, sin duda, podría entrar en esa definición; pero, de cualquier manera, lo que es indiscutible es que este hombre ha sido socio de Roca y de Pedro Román y lo ha sido a sabiendas, sin que la figura de Montserrat Corulla, la testaferro que actuaba en las sociedades ANGEL DE TEPA y MOLA-15, fuera obstáculo para enturbiar ese conocimiento y si no, véase el capítulo IX de “La Conexión Malaya”.

En relación con esto, hay un detalle que incide en la estrecha relación de López con los cabecillas del tinglado “malayo”. López Alvarez es una persona muy discreta en lo que a su localización se refiere. El único domicilio que consta de él, es el de la C/ Valmes número 1 de Salamanca y cuando, en Madrid se veía obligado a dar una dirección, la que daba era la de la Calle Príncipe de Vergara, 15, es decir, la de las oficinas de MOLA-15.

Pero volvamos a los nexos mercantiles de este hombre que tan estrecha relación mantenía antes con Juan Antonio Roca y con Pedro Román, como mantuvo y mantiene ahora con Caja Castilla-La Mancha y con SACYR-VALLEHERMOSO.

Si Juan María López Alvarez relaciona a los personajes más “castizos” del Caso Malaya con CCM o, mejor dicho, con algunos de los principales directivos y responsables de la Caja, ésta por su parte, también tiene lazos con otra de las más importantes ramas del caso: la Trama Vasca.

Ya vimos en NOTITIA CRIMINIS que el estudio del afamado arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, cuyo hijo, Miguel de Oriol e Icaza firmó el proyecto del PAU del campo de golf de Carranque, Toledo (negocio en el que CCM participa junto a PEYBER y a causa del cual se siguen diligencias penales en los Juzgados de Illescas) estaba asociado con el “malayoFrancisco Javier Arteche Tarascón en la mercantil LAYOS CASA CAMPO.

Esa no es la única sociedad que Miguel de Oriol e Ybarra mantiene con los miembros de la “Trama Vasca” como veremos en su momento pero, como tales alianzas parecen una tradición en su prolija familia, ahora hay que poner atención en otro de sus parientes: Lucas María de Oriol y López Montenegro.

CCM CORPORACIÓN, la misma entidad dependiente de CCM que participa en TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, empresa del Gobierno Regional que ya hemos visto relacionada con el “malayo” (en sentido lato) Juan María López Alvarez, también tiene participación en la mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA 21 S.L.

Esta última entidad, además de a METROVACESA, la empresa de Román Sanahuja, el imputado junto a Domingo Díaz de Mera por el caso “El Monte”; tiene en su Consejo de Administración a José Luis Rodríguez Holgado y al citado Lucas María de Oriol y López Montenegro, asociado, también, a un número considerable de sus muchos parientes y, por supuesto, a Miguel de Oriol e Ybarra.

Ya sabemos que José Luis Rodríguez Holgado es uno de los hombres designados por Hernández Moltó para sentarse, junto a Juan Tomás Vidal, en el consejo de VILLA ROMANA GOLF en Carranque, y en el de LAS LOMAS DEL POZUELO, la empresa del “malayoEnrique Ventero Terleira, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette.

Pues bien, Lucas María de Oriol también fue socio de la ahora extinta mercantil GUADALPILAR S.L. (B81081119) en la que constaba como apoderado Luis Maya Galarraga, uno de los nombres más significativos de la “Trama Vasca”, junto al del imputado Javier Arteche Tarascón.

En esta sociedad, el 10 de mayo de 1995, son nombrados Consejeros Delegados Felipe José de Oriol y Díaz de Bustamante y Francisco Javier de Oriol Muñoz.

El 25 de marzo de 1997, se suscribe una ampliación de capital de 402.534,71 €. El 30 de mayo del mismo año se vuelve a producir una aumento de capital de 304.746,13 € y ese mismo día se nombra Vocal del Consejo a PROMOCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES S.A. Y “cargo no definido” (sic) a Javier Arteche Tarascón.

Como accionistas de PROMOCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES aparecen Elly Kinkel Cadou, del clan de los Yeregui; y LA MARINA DE PROINSA, ahora extinguida pero que, por ejemplo, el 13 de julio de 1999 tenía como administrador único al citado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Este no es el único lazo señalado entre CCM y la Trama Vasca. Aranjuez, ya lo adelanto, parece haberse convertido en un enclave privilegiado para los negocios de Arteche y los suyos. En esta ciudad, sólo accidentalmente madrileña, se diría que el negocio inmobiliario se reparte, a modo de oligopolio, entre CCM y los miembros de la Trama Vasca.

Un primer ejemplo de esto es la sociedad HOSPITAL DEL TAJO SA. Está dominada por CONSTRUCCIONES HISPÁNICAS y por CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO. La constructora SANDO, la mayor de Andalucía, es de por sí importante dada la íntima amistad que une a la familia Dominguez-Sando en general y a José Luis Sánchez Dominguez, dueño de la constructora, con la Ministra de Fomento Magdalena Alvarez, asidua de la mansión de esta familia en el barrio malagueño de “El Morlaco”

Precisamente, en ese mismo barrio, José Luis Sánchez Domínguez le está (o le estaba, si es que ya la ha terminado) construyendo una vivienda ilegal a una de sus hijas, ante la vista ciencia y paciencia de la citada Magdalena Alvarez, cuya presencia en el Gobierno de España fue impuesta, según continuas informaciones, por el propio Manuel Chaves.

Sin embargo, la vivienda ilegal de la Señorita Sánchez no es el tema ahora, así que volvamos al Hospital del Tajo y a CONSTRUCCIONES HISPÁNICAS. Esta empresa tiene una fuerte participación en EOC DE OBRAS Y SERVICIOS y también participa con un 10% en PROMOCIONES TAVINOVA SL, a su vez, vinculada a EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, a AZARBE OBRAS Y SERVICIOS y, además, presente en el Consejo de Administración de VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL. La administración de ésta última corresponde a las siguientes personas y entidades.

Presidente: PROMOCIONES TAVINOVA S L (Que está presidida por VITANOVA.

Consejero delegado: LUIS FERNANDO LINARES TORRES (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: CONSTRUCTORA HISPANICA SA

Consejero: MARIA EUGENIA YEREGUI KINKEL (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: JOSE IGNACIO SANCHEZ BARANDA

Consejero: EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA

Con estos datos, baste recordar que Luis Fernando Linares Torres, socio de María Eugenia Yeregui Kinkel en varios bufetes y, por supuesto, en numerosas sociedades, fue detenido durante la Operación Astapa y se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 €.

Por lo tanto, el Hospital del Tajo, uno de los proyectos estrella de la nueva sanidad madrileña, ocultaba sorpresas en su interior. Pero las sorpresas no acaban aquí. Ocurre que Fernando Linares y Eugenia Yeregui no son los únicos que tienen intereses mercantiles relacionados con ese hospital. Parte del dinero de su construcción también ha ido a parar a las cuentas consolidadas de CCM.

La mercantil GERENS HILL INTERNATIONAL realiza lo que, con el habitual esnobismo de los negocios modernos, se denomina “Project & Construction Management” (la dirección de proyectos y construcciones) de varios hospitales por un valor de 1.000 millones de Euros. Entre esos hospitales, como habrá adivinado el lector, está el Hospital del Tajo.

Esta empresa, GERENS HILL, no es desconocida en NOTITIA CRIMINIS. Apareció por primera vez en el capítulo VIII de “La Conexión Malaya”, ligada al campo de golf de los Oriol, de Javier Arteche, de Maya Galarraga etc. Ahí se decía lo siguiente: “En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila —también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los AlcázaresEL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid”.

Sin duda habrá que volver a Aranjuez pero, de momento, termino con una noticia curiosa que apareció el 6 de marzo de 2007 en el Periódico de Aragón. Según este diario, Luis María Maya Galarraga había enviado una carta al alcalde de Pedrolas, Zaragoza. El motivo era la paralización (que previsiblemente el pleno del Ayuntamiento iba a acordar al día siguiente) de 2.500 viviendas con el inevitable campo de golf que el Grupo YEREGUI pretende construir en la localidad. El alcalde y los concejales, ante la vinculación de estos individuos con la Operación Malaya, habían decidido prudentemente la suspensión del proyecto.

En esa carta, Maya Galarraga le decía al alcalde de Pedrolas lo siguiente: “Estimado Alcalde. Me atrevo a escribirte estas líneas como último esfuerzo en defender nuestros intereses... Como bien sabes... éste se hubiera aprobado en mayo del 2006 con el visto bueno de políticos y técnicos si no hubieran aparecido en prensa determinadas noticias (su implicación en el Caso Malaya) … La prensa de vez en cuando nos sigue citando, pero el que no nos cita es el juez instructor... Como te comenté a ti y a todos lo concejales no tenéis ningún motivo para desconfiar de nosotros. Llevamos 65 años trabajando, somos buena gente y cumplimos lo que decimos”.

Resulta que el “juez instructor” si que ha citado a Javier Arteche Tarascón y le ha imputado unos cuantos delitos graves. A Luis Fernando Linares Torres, no le ha citado exactamente. Ha hecho que le lleven preso a su presencia. Como se ve, el Alcalde de Pedrolas puede estar tranquilo, como le recomienda Maya Galarraga. Seguro que el Alcalde de Aranjuez también lo está.

sábado, 24 de enero de 2009

Urdaci se estrena como Director de Comunicación del Pocero

A estas alturas ya todo el mundo sabe que Alfredo Urdaci se ha convertido en el Director de Comunicación de Francisto Hernando el Pocero. Una de sus primeras actuaciones ha sido enviar a todos los medios de comunicación conocidos el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de enero de este año, por el que se ordena que el tribunal de primera instancia en el que se siguen las diligencias previas contra Cayo Lara, Manuel Fuentes y Manuel Cámara Fernández, iniciadas a raíz de una querella por denuncia falsa interpuesta por "El Pocero" (se trata de la denuncia presentada por IU ante la Fiscalía Anticorrupción) Continúe dichas diligencias hasta comprobar si la causa está abierta en un juzgado de Alcorcón.

No me voy a molestar ahora en distinguir entre imputado, procesado, acusado, etc. etc., ni tampoco merece la pena parar mucho en considerar que los magistrados de la Audiencia Provincial no han encontrado ninguna actuación abierta por el caso Seseña en Alcorcón, porque no es en los juzgados de Alcorcón, sino en los de Illescas y, concretamente en el número 4 de ellos, donde se ve la causa.

De lo que sí llamaré la atención, es del recorrido del fax (desde aquí se puede descargar la copia del documento) enviado a los medios. Evidentemente sale del despacho del letrado José Luis Sanz Arribas y se dirige a la atención de Alfredo Urdaci. Por ese trabajo Alfredo Urdaci, al que se puede ver en el video siguiente, cobra 30.000 € al mes.

video

Era difícil resistirse a colgar este video, tan difícil que no me he resistido.

lunes, 19 de enero de 2009

Domingo Díaz de Mera, imputado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el caso “El Monte”, pretende querellarse contra el periodista Carlos Otto

Hago un paréntesis en los textos sobre el negocio urdido en torno a los terrenos del estadio “Vicente Calderón” para recoger la noticia aparecida ayer en el Diario Público.

Carlos Otto, periodista que fue despedido fulminantemente del diario “El Día de Ciudad Real” tras la publicación del artículo que se puede leer pulsando en este enlace, acaba de recibir varias demandas de conciliación, acto previo a la presentación de las querellas por injurias y calumnias, instadas por Domingo Díaz de Mera (en la foto) Juan Antonio León Triviño y Carmen García de la Torre, esta última, gerente del citado diario “El Día de Ciudad Real”.

La base jurídica en la que los demandantes pretenden sustentar su acción se centra en la expresión “capo culipardo”, cuyo significado ignoro, utilizada en el artículo de Carlos Otto y referida a Díaz de Mera; además de en varios términos usados en comentarios de terceros a la entrada del blog del periodista: Modus Tolens. Según “Público”, en algunos de dichos comentarios aparecían expresiones como “mafioso”, “ladrón”, “corrupto”, “terco”, “cafre”, “cutre”, “mangantes” o “caciques”; de forma que los querellantes pretenden trasladar la responsabilidad de tales comentarios al administrador del blog tratando de que se le apliquen los criterios preconstitucionales de la Ley de Prensa de Fraga.

Así las cosas, conviene precisar que DIARIO (o Día) DE CIUDADREAL S.A. pertenece en un 75% a GREEN PUBLICIDAD Y MEDIOS S.A., la cual, a su vez, pertenece en un 100% de su capital a GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL, cuyo Consejo de Administración está formado por Domingo Diaz de Mera Lozano (presidente) Ignacio Barco Fernández, Pablo Usandizaga Usandizaga y Ana Burgos de María. Son de señalar, también, algunos de los cargos de la Sociedad, ya cesados. Así, por ejemplo, Vicepresidente hasta diciembre de 2008 lo fue Román Sanahuja Pons. Igualmente fueron consejeros Miguel Roca Mas, Antonio Manuel Bustamante León y Alberto Alonso Lobo.

Además, hay que hacer otra precisión. A pesar de lo que se especifica en el citado diario, la empresa propietaria de la cabecera es, salvo cambios de denominación de última hora, EL DIARIO DE CIUDAD REAL (A13359690), cosa que tiene relevancia a la hora de cotejar los datos en los correspondientes registros mercantiles, sobre todo, teniendo en cuenta que no es este el único negocio relativo a medios de comunicación en el que están implicados los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera.

Estas personas también participan en INICIATIVAS RADIOFÓNICAS DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. con Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González Villarejo, en el Consejo de Administración; en GRUPO DE COMUNICACIÓN Y TELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA S.A.; en SOCIEDAD DE EDICIONES Y COMUNICACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA S.A. donde también es consejero Aurelio González Villarejo; o en ZOCODOVER MULTIMEDIA, en la que Domingo Díaz de Mera comparte administración, otra vez, con Aurelio González Villarejo.

De entre todas ellas, ZOCODOVER MULTIMEDIA, tiene un interés especial. Está participada en un 25% por GRUPO DE EMPRESAS HC y, a su vez, HC ha sido el instrumento societario mediante el cual Domingo Díaz de Mera, Román Sanahuja, José Selfa de la Gándara y José María Bueno Lidón consumaron los hechos por los que ahora se encuentran imputados tras las querellas presentadas contra ellos por la delegación de Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2005. En ese momento José María Bueno Lidon era, con plenos poderes, Presidente del Consejo de Administración de EL MONTE, el grupo industrial de lo que ahora se denomina CAJASOL. José Selfa de la Gándara, por su parte, era miembro de ese mismo Consejo.

Tras las correspondientes inspecciones, el BANCO DE ESPAÑA advirtió a CAJASOL sobre la necesidad de iniciar un proceso de ventas de activos ante la concentración “inapropiada” de riesgos en el sector inmobiliario. Iniciado tal proceso, CAJASOL decidió deshacerse de su participación en GRUPO DE EMPRESAS HC. Dicha entidad pertenecía, inicialmente, a Domingo Díaz de Mera en un 60% y en el restante 40% a EL MONTE.

En esta situación comienzan varios movimientos accionariales durante el año 2004. En julio, Domingo Díaz de Mera vendió el 29,99% a CRESA PATRIMONIAL, empresa instrumental de los Sanahuja, entonces ya con una posición preponderante en METROVACESA. En noviembre del mismo año, EL MONTE vendió el 10% de su participación a LESEPA INVERSIONES SL. Esta entidad, a través de GRUPO DE NEGOCIOS URBAJA SL y de SOLVENTIA CORPORATIVA es propiedad de Ignacio Barco Fernández y de su familia y aquí hay que hacer una advertencia. Los hermanos Ignacio y Antonio Barco Fernández aparecen casi sistemáticamente en todas las múltiples sociedades de Domingo Díaz de Mera, entre ellas GLOBAL CONSULTING PARTNERS, lo cual es relevante para el caso que aquí se trata como se verá enseguida.

En definitiva, después de estos trasiegos de acciones, la propiedad de GRUPO DE EMPRESAS HC, quedó de la siguiente manera: EL MONTE, mantenía el 30,03% de las acciones y en representación de este porcentaje, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara, estaban presentes en su Consejo. CRESA PATRIMONIAL, la sociedad de Román Sanahuja (en la foto) el 29,99%. CORPORACIÓN INDO MA, la sociedad controlada por Domingo Díaz de Mera, otro 29,99%. Finalmente, LESEPA INVERSIONES, propiedad de los Barco Fernández, tenía un 10%.

Ahora bien, esta distribución accionarial era engañosa y oculta una unidad de acción y propósito mucho más estrecha de lo que aparentemente se podría pensar porque CORPORACIÓN INDO MA participa en otra de las empresas de Domingo Díaz de Mera, a saber: GLOBAL CONSULTING PARTNERS y resulta que en esta última también son accionistas los Sanahuja, a través de SACRESA y los Barco Fernández, a través de la ya conocida LESEPA. En definitiva, que todo queda en casa o cerca de ella.

En este contexto, los Sanahuja, con la intención de ampliar su posición de dominio en METROVACESA, se interesan por las participaciones de ésta en poder de HC, lo que parece ser el inicio de toda la operación porque, según la Fiscalía Anticorrupción, paralelamente, en el seno de HC se toman dos decisiones de alcance que, a la luz de los hechos posteriores, se pueden considerar preparatorias del plan trazado.

En la Junta Extraordinaria de HC celebrada el 29 de marzo del 2004, con la presencia y voto faborable de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se acuerda la supresión del derecho de adquisición preferente entre socios de las acciones de la compañía, transformándose éstas en acciones al portador sin ningún tipo de limitación para su transmisión a terceros. Al mismo tiempo entran en el Consejo tres miembros del grupo de los Sanahuja. Como he dicho, este acuerdo se revela, a la luz de los hechos posteriores, como fundamental para impedir cualquier reacción defensiva por parte de CAJASOL.

Posteriormente, en la Junta de 30 de septiembre de 2005, también con la participación y voto de Bueno Lidon y Selfa de la Gándara, se elimina otro obstáculo o se facilita la futura venta de la sociedad, acordándose la escisión de ésta con la consiguiente reducción de capital.

A partir de aquí, los hechos se precipitan. La venta de la participación de EL MONTE en HC se consumó el 5 de octubre de 2005, es decir, días después del último de los acuerdos de Junta citados, pero dicha venta se enmascara en un supuesto contrato, no de compraventa, sino de opción de compra, lo que resulta fundamental para cubrir el presunto engaño del que iban a ser, también presuntamente, víctimas los otros órganos de CAJASOL con competencia para decidir sobre esa venta.

Es decir, pese al nomen iuris: “contrato de opción de compra”, los términos y las obligaciones contenidos y que se derivaban de dicho contrato, convertían la venta de las acciones de HC que poseía EL MONTE en un hecho consumado, y anulaban o pretendían anular, cualquier reacción de los órganos competentes de la Caja. Veamos cómo.

El contrato en cuestión se establece entre OLDNEW INVESTMENT SL, una sociedad instrumental de los Sanahuja, y José Selfa de la Gándara en representación de EL MONTE. Hasta ahí todo bien, salvo que a Selfa de la Gándara no le estaban permitidos actos dispositivos, es decir, ventas, de valores mobiliarios de EL MONTE, sin la autorización previa de su Consejo de Administración, cuando el valor de esos valores superara los 6.000.000 de € y este era, precisamente, el caso.

Esto, no obstante, no afectaba a la validez del contrato con los Sanahuja o, si se quiere, con OLDNEW INVESTMENT, puestos que estos se cubrían en una aparente “tercería de buena fe” que no podía verse perjudicada porque el mandatario de EL MONTE, es decir, Selfa de la Gándara, hubiera actuado sobrepasando el límite de su mandato. Selfa de la Gándara, de ser descubierto, respondería ante su mandante del hipotético daño patrimonial causado por excederse en su mandato y actuar sin la autorización requerida, pero EL MONTE no podría ir contra el “tercero de buena fe”, es decir contra los Sanahuja, anulando el contrato porque, en principio, estos no tenían por qué conocer las normas internas de EL MONTE ni saber que Selfa estaba yendo más allá de lo que podía. Dicho de otra manera, porque los Sanahuja eran o pretendían pasar por “terceros de buena fe”.

Así, el contrato de supuesta “opción de compra” adquirió apariencia de plena eficacia y es ahora cuando llegamos al meollo del asunto. Según los términos del contrato, las partes se otorgaban opción de compra y opción de venta recíprocas y coincidentes, lo cual no es otra cosa que marear la perdiz porque la supuesta opción de venta recíproca de EL MONTE en realidad no era otra cosa que la obligación de la entidad de vender siempre que los Sanahuja quisieran comprar. Además, para su ejercicio, no se estableció prima alguna y el incumplimiento de OLDNEW INVESTMENT carecía de penalizaciones.

El precio del paquete de acciones de HC (el 30,02% de su capital social) en poder de EL MONTE se estableció en 32.000.000 de €. Las acciones que HC tenía de METROVACESA (el verdadero objetivo de los Sanahuja) incluidas en su capital social y que formaban parte del total de los 32 millones citados, se fijó en 41,2 € por unidad y es aquí cuando la cosa se pone verdaderamente interesante porque, a fecha del contrato, el valor en bolsa de esas acciones era de 57,6 €, evidentemente, muy superior al acordado por las partes.

Además, para evitar sorpresas, una de las cláusulas del contrato se acordó que el precio acordado sería inalterable “cualquiera que sea la evolución de la cotización en bolsa, de las acciones de METROVACESA. Las partes, además, se sometían a algo imprescindible en la operación: un “estricto compromiso de confidencialidad”. Es evidente que sin un riguroso secreto el castillo que se estaba construyendo se derrumbaría irremediablemente.

Hechos estos preparativos, aún quedaba una parte esencial de la maniobra por culminar. He dicho antes que, al amparo de la tercería de buena fe, el contrato adquiría apariencia de plena validez y eso, junto con los preparativos previos hechos en el seno del consejo de HC, blindaba el contrato contra posibles reacciones de los órganos de CAJASOL.

Sin embargo, la apariencia de tercero de buena fe no hacía por completo inatacable el conjunto de la operación. Selfa de la Gándara tenía que saber, perfectamente, que estaba actuando fuera de su mandato, es decir, sin autorización y, también, tenía que saber que así las cosas y a la vista de la dramática minusvaloración de las acciones de METROVACESA en poder de HC, alguien en el seno de CAJASOL o, incluso, de EL MONTE podía empezar a pensar que la jurisdicción penal quizás tuviera algo que decir. Dicho de otra manera, ahora había que conseguir que los órganos administrativos competentes de CAJASOL y EL MONTE estuvieran y pasaran, mansamente y sin algarabía, por la operación planeada.

Para ello, el compromiso de secreto era más que necesario, pero no bastaba. Para evitar, presuntamente, que los hechos adquirieran todos los visos de una estafa, en el contrato se añadió una cláusula que condicionaba la validez del contrato a la “ratificación” del Consejo de Administración de EL MONTE. Nótese aquí que dicha cláusula utilizaba el término “ratificación”, es decir, que el Consejo se encontraba, sorpresivamente, ante un plato de lentejas, que podía tomar o dejar, pero en modo alguno aderezar.

Aún así, este era un peligro que había que sortear. Según la Fiscalía Anticorrupción, si bien esa cláusula existía, también era cierto que se habían eludido todos los trámites de “aprobación previa” imprescindibles según las normas internas de la Caja y que garantizaban el conocimiento y estudio necesario por parte de los órganos competentes de la entidad. De hecho, también según la Fiscalía y los auditores que analizaron la operación posteriormente, las acciones de HC, incluyendo el paquete de METROVACESA, nunca fueron sometidas “a un estudio, valoración o tasación previa, por instancias terceras independientes, para garantizar mínimas condiciones razonables de venta, conforme a precio de mercado”.

Además, según las normas de inversión de la Caja, una desinversión de este volumen, debía ser precedida por los informes y aprobación de la “Comisión de Grupo Empresarial y Mercados” y de la “Comisión de Inversiones”. Pues bien, la operación se presentó, por primera vez, a la Comisión de Grupo Empresarial etc., el día 17 de octubre del 2005, doce días después de que Selfa y la sociedad de los Sanahuja firmaran el contrato de “opción de compra”. En consecuencia, deduce la Fiscalía, se hurtó la posibilidad de que los órganos técnicos y de asesoramiento de la Caja, tuvieran conocimiento y capacidad de estudio de la operación, que cuando se les presentó, se les presentó ya consumada.

No quedó aquí la cosa, no solamente se presentaron hechos consumados, sino que Selfa, cuando lo hizo, lo hizo como “una mera propuesta de venta susceptible de ser negociada con posterioridad”, lo que era radicalmente incierto puesto que recordemos que se había estipulado la inmodificabilidad del precio pactado y la plena validez del contrato a expensas, sólo, del último de los trámites de aprobación en el Consejo de CAJASOL.

Los miembros de la comisión creyeron en lo que Selfa de la Gándara les decía, esto es, que se trataba de una mera “propuesta” y, por eso, encargaron al citado Selfa que estudiara la posibilidad de adquirir las acciones, para lograr la mayoría en HC y poder actuar luego libremente, bien ejercitando el derecho de adquisición preferente u otras vías. Estas personas, por supuesto, ignoraban que el contrato no era una “propuesta”, sino un contrato “plenamente negociado y rubricado” y que, además, previamente, en el Consejo de HC, los consejeros (recordemos: Díaz de Mera; sus socios habituales los hermanos Barco Fernández; los Sanahuja, evidentes beneficiarios de la operación; y los propios Selfa de la Gándara y Bueno Lidón) habían convertido las acciones de nominativas a al portador y habían suprimido todos los derechos de suscripción preferente entre socios.

En esa misma reunión de 17 de octubre de 2005, el avisado Sr. Selfa de la Gándara, también presentó como una mera “propuesta” la posibilidad de una escisión parcial de HC y la venta de la participación de EL MONTE en esta mercantil por valor de 32.000.000 €, con lo cual, volvía a faltar radicalmente a la verdad, porque esa escisión parcial, recordémoslo, ya había sido aprobada en el seno del Consejo de HC con los votos favorables de Selfa y Bueno Lidón, en la foto, tras declarar como imputado por el caso en los Juzgados de Sevilla.

Días después, el 21 de octubre del 2005, Selfa se presenta en la reunión del “Comité del Grupo Empresarial El Monte” presionando a los otros miembros y diciendo que lo que, conforme con el encargo hecho el anterior día 17, lo que entonces era mera propuesta, se había convertido ya en una oferta firme y rubricada por las partes, lo cual volvía a ser incierto o puramente falso, porque el acuerdo firme y rubricado no se había consumado entre los días 17 y 21, sino mucho antes, el día 5, y sin conocimiento alguno por parte del Comité.

Tres días después, el 24, se reunió la “Comisión de Inversiones”, órgano con competencia para tomar decisiones sobre el caso, pero Selfa retiró del orden del día el asunto de HCal no estar culminados los detalles de la operación”, lo cual, con cierta ironía, era cierto, porque no eran los detalles los que estaban culminados, sino la propia operación.

El siguiente paso se dio el 14 de noviembre, cuando se reúne el Comité de Dirección de EL MONTE” presidido por Bueno Lidón y con la asistencia de Selfa de la Gándara. Este órgano no tenía competencia, al contrario que la “Comisión de Inversiones” para decidir o informar sobre la operación, pero no obstante así se hizo, arteramente al parecer, dentro del epígrafe “Asuntos Varios”. En ese momento Bueno Lidón advirtió a los presentes de “la necesidad de culminar la operación en las condiciones anunciadas”.

La cosa, negocio o, para algunos, “enjuague” estaba terminada. Con la colaboración necesaria de Domingo Díaz de Mera y sus habituales socios, los hermanos Barco Fernández, en los actos preparatorios decididos en el Consejo de Administración de HC, y con la colaboración aún más necesaria de José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara en el interior de “EL MONTE”, los Sanahuja consiguieron hacerse con las acciones de METROVACESA propiedad de HC a un precio más que “ventajoso” y, además, cinco meses antes de que estos lanzaran una OPA hostil por el 20% de METROVACESA, provocando que se disparara el precio de las acciones.

Mejor dicho, la cosa habría estado terminada si el Banco de España no hubiera detectado esta y otras operaciones similares en el transcurso de una inspección. En ella, el daño patrimonial causado a CAJASOL por la infravaloración de las acciones de METROVACESA se cifró en 19,3 millones de Euros.

Tras la inspección, el Banco de España remitió requerimiento a la Dirección de la Caja advirtiendo la “irregularidad” detectada y solicitando que se encargara una “revisión” del procedimiento de venta, la cual debería ser realizada por firmas de auditoría de reconocido prestigio y que no hubieran tenido relaciones profesionales con la Caja en los últimos 5 años.

En atención a este requerimiento la Caja encargó dicha revisión a PRICE WHATERHOUSE COOPERS, ERNEST & YOUNG y a Javier Vega Fernández e Ildefonso del Castillo Tono. Con ligeras diferencias, todos los auditores coinciden en la lesión patrimonial de la Caja y en la irregularidad de la actuación de Bueno Lidón y Selfa de la Gándara.

PRICE WHATERHOUSE COOPERS fijó el daño patrimonial sufrido por la entidad en un intervalo que iba de 13.420.504 € a 19.441.951 €. Javier Vega Fernández estimó la lesión patrimonial en 17.988.870 €, cantidad idéntica a la reclamada por la Caja en su demanda inicial.

Es cierto que, inicialmente, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, admitida a trámite por los Juzgados de Sevilla, se dirigió, únicamente, contra los directivos de CAJASOL, Bueno Lidón y Selfa de la Gándara. Sin embargo, como era de esperar, el 12 de noviembre del 2008 se hacía pública la noticia de que el Juzgado de Sevilla que llevaba el caso había imputado a Román Sanahuja y a Domingo Díaz de Mera tras la ampliación de la denuncia presentada contra ellos por la Fiscalía. Ni que decir tiene que los abogados de los Sanahuja se apresuraron a declarar que la causa no tenía pies ni cabeza porque afectaba a sujetos particulares y que estaban “muy tranquilos”.

Debe ser verdad que tanto Domingo Díaz de Mera como Román Sanahuja y todos sus abogados están muy tranquilos. Es público y notorio el efecto narcotizante que producen las querellas criminales sobre personajes de esta condición, pues no hay uno sólo que, una vez imputado, no se apresure a declarar a los medios de comunicación lo tranquilo que está.

Una última cosa de interés o, incluso, de mucho interés. Resulta que CAJASOL , antes Caja de Sevilla y San Fernándo, compró las acciones de METROVACESA, según se lee en esta página, donde se cita un artículo de El Mundo, “en una adquisición concertada con el empresario sevillano Luis Portillo, empresario andaluz conectado esencialmente con el PSOE andaluz y el clan Toscano de Dos Hermanas; y el Grupo HC. El vendedor de ese 7% fue el fondo de inversión ADIA, de Abu Dhabi”. En definitiva, que otra vez todos juntos, Luis Portillo, Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, etc. etc. La vis atractiva de Marbella parece ser irresistible.

Pero volvamos, para terminar, a Carlos Otto y a su blog MODUS TOLENS. Ni que decir tiene que cuanta documentación e información obra en poder de NOTITIA CRIMINIS, publicada o aún por publicar, que no es poca, está a su entera disposición y no sólo porque esté convencido de que Carlos Otto, primero, no ha hecho más que ejercitar legítimamente un derecho fundamental y, segundo, no puede ser tenido por responsable de lo que terceros hayan podido manifestar en los comentarios a su blog; sino porque también estoy convencido de que el Sr. Díaz de Mera haría bien en preocuparse de defenderse en los Tribunales, que falta le hace y más que le hará, en lugar de perder su tiempo tratando de silenciar críticas o informaciones que no le gustan o que, incluso, le disgustan. Si lo que quiere es que lo que de él se publique sean hagiografías, debería haberse dedicado a buscar la santidad y no el lucro en el gremio de la construcción.

domingo, 11 de enero de 2009

La operación Mahou-Calderón III. Jacques Hachuel, el socio de Marc Rich que sí acabó en prisión

Otro de los nombres que aparecen sostenidamente unidos a Marc Rich es el de Jacques Hachuel Moreno (puede descargarse un dossier de prensa sobre él desde aquí) Este "financiero" de origen judío, al igual que Rich, nacido en Argentina y criado en Tánger, empezó a alcanzar fama pública en 1987, cuando a través de H CAPITAL se lanzó a la compra de los almacenes "Celso García". Por esas fechas se le estimaba una fortuna superior a los 13.000 millones de Pts y pocos, más allá de los enterados del gremio financiero e inmobiliario, sabían de su existencia.

Llegó a España en el 59, desde Tánger, cuando la ciudad fue recuperada por Marruecos y sus medios de vida se limitaban a un concesionario de automóviles de la marca Citroën regentado por la familia. Entró en el negocio de las "commodities" (tráfico de materias primas) Trabajando para José Gomendio. Sin embargo, donde realmente se inició la forja de su fortuna fue en PHILIPP BROTHERS, multinacional en la que comenzaron a trabajar juntos él y Marc Rich.

Los dos, Rich y Hachuel, abandonaron esta compañía en 1973 y en unión con otros socios de PHILIPP BROTHERS, entre ellos Pincus (Pinky) Green, fundaron MARC RICH AG, domiciliada en Zug, Suiza. A partir de entonces fue cuando Rich se hizo un nombre internacionalmente conocido, traficando con el petróleo iraní durante el embargo, con la Sudáfrica del apartheid, con las embargadas Cuba y Libia, etc. Por el contrario Jacobo Hachuel permaneció en una discreta penumbra y así, cuando en 1983 el FBI se lanzó a la búsqueda y captura de Marc Rich, entonces el mayor defraudador de la historia de Estados Unidos, y éste huyó a Suiza; Hachuel abandonó formalmente MARC RICH AG y continuó sus negocios en solitario, al menos aparentemente, porque su relación con Rich no sufrió en absoluto por aquella defección como, después, hizo patente el caso Banesto.

A finales de los 80 ya había comenzado a alcanzar cierta notoriedad en España y especialmente en Madrid. Fue socio del grupo británico HERON INTERNATIONAL en la operación de compra de la división inmobiliaria de RUMASA y de las Torres de Jeréz, reprivatizadas entonces por el gobierno español y, particularmente, por Miguel Boyer, ministro de economía de la época, cosa significativa, como se verá más adelante al hilo de las relaciones entre Marc Rich y Petra Mateos.

De aquellos días de finales de los 80, data también uno de los más turbios episodios de la biografía de Hachuel y que supuso que la prensa ligara H SEGURIDAD, una empresa controlada por el citado Hachuel a través de testaferros, con las actividades encubiertas del Mosadd, el servicio secreto israelí, en España.

El 10 de octubre de 1989 "El País" publicó un artículo titulado "Una compañía israelí de alta seguridad opera ilegalmente en España con cobertura de Hachuel". La empresa de "alta seguridad" era ICTS y esa cobertura, en realidad, se daba a través de H SEGURIDAD. En el citado artículo se especifica que el vicepresidente de ICTS, Menachem Bacharach, era un teniente coronel del Ejército de Israel que había trabajado 15 años para los servicios de seguridad de su país y para la compañía aérea EL AL, también de Israel. El presidente Dan Issacharoff era, igualmente, un militar de alta graduación. Es más, el vicepresidente ejecutivo de la compañía a fecha de los hechos, Moshe Lan, reconoció en una entrevista dada a "El País" que toda la directiva de ICTS "somos ex funcionarios de seguridad del Gobierno israelí" y que el hijo de Bar Leuf, jefe de la policía israelí y el adjunto de éste, Tarki, si bien no estaban contratados por ICTS, sí tenía relaciones con la compañía. Naturalmente el señor Moshe Lan negó cualquier relación con el Mossad o con actividades de espionaje en España. También aseguró que el hecho de que su sede social en Londres estuviera localizada en un sótano de un gris barrio de la ciudad se debía a que "los alquileres en Londres son caros".

Lo cierto es que la llegada a España de ICTS precedió a la constitución de H SEGURIDAD, según reconoció el propio Moshe Lan en la entrevista citada, de modo que bien podría sospecharse que H SEGURIDAD fue creada con el fin de servir de tapadera a ICTS y a sus actividades en España dentro de un sector, el de la seguridad, especialmente regulado y estratégicamente sensible. Esta sospecha se acrecienta si tenemos en cuenta que algunos de los más significativos clientes de ICTS estaban relacionados con Hachuel y con Marc Rich. Así ocurría, por ejemplo, con la inmobiliaria británica HERON, a la que ya hemos visto actuar junto a Hachuel en la compra de las Torres de Jerez; los almacenes Celso García, adquiridos por Hachuel; y la compañía ALFA JET, propiedad de Marc Rich y con Hachuel de socio. Sin embargo, uno de los clientes de mayor trascendencia por los hechos que se iban a producir algunos años después, fue Mario Conde, el presidente de Banesto.

Además, en el mes de agosto de 1989, sorpresivamente, todos los poseedores de participaciones de H SEGURIDAD recibieron la orden de venderlas. Dicha venta se realizó al bufete de Jorge Trías Sagnier, que retuvo esas participaciones como fiduciario. De quién era fiduciario o testaferro Jorge Trías quedó claro cuando Moshe Lan, en la entrevista citada, declaró que "creo que lo que pasó es que Jacques Hachuel decidió vender CELSO GARCÍA, decidió vender también ALFA JET, y H SEGURIDAD es un negocio muy pequeño para él. Entonces nosotros pusimos el asunto en manos de Trías porque queremos seguir trabajando en España".

Curiosamente, la precipitada venta de H SEGURIDAD se produjo después de que el el 29 de junio de 1989 tuviera entrada en la Jefatura Superior de Policía de Valencia un escrito de denuncia presentado por el detective privado Juan de Dios Vargas contra ICTS por actividades ilegales en España y por intrusismo profesional. Tras la venta de las acciones de H SEGURIDAD, también se supo que la policía no tenía conocimiento, como correspondía según la normativa aplicable, de la citada venta ni de su comprador real. Por su parte, el Gobierno de Israel declinó cualquier responsabilidad por la actuación de empresas de seguridad dirigidas por sus nacionales, en el extranjero.

Para acabar de liar esta manta hay que añadir que ni Jacques Hachuel ni ningún miembro de su familia ha figurado nunca como propietario de las acciones de H SEGURIDAD. A pesar de ello, la vinculación entre esta mercantil y H CAPITAL, entidad inversora desde la que opera el Grupo de Hachuel, y H SEGURIDAD; es evidente por la coincidencia de nombres en los distintos consejos de administración. Entre esas coincidencias, "El País" citaba una especialmente: "Entre los fundadores de ambas empresas (H SEGURIDAD y H CAPITAL) figura Coloma Armero, una abogada vinculada al bufete de José Mario Armero".

A más de lo dicho, el fiscal que instruía el caso de su antiguo socio Marc Rich en Estados Unidos señaló que éste, es decir Rich, había trabajado para el Mossad y le definió como "uno de los mayores traficantes de información secreta del mundo". Es más, un ex jefe del Mossad, Avner Azulay, ocupa el cargo de Director General de la Fundación Rich.

Pero la actividad de Jacobo (Jacques) Hachuel Moreno no se ha limitado a su relación más o menos "hipotética" con servicios secretos extranjeros. En octubre de 1990 saltó a la prensa lo que se llamó el "caso del fraude del IVA". Más de 142 grandes empresas habrían defraudado unos 5.000 millones de Pts de las de entonces comprando facturas falsas a otras 54 pertenecientes a una trama societaria controlada por Pedro Bou. En aquel momento, los abogados de los detenidos declararon que sus representados habían vendido facturas falsas a, entre otras empresas, H CAPITAL, dominada por Hachuel y el mismo día en que si hizo pública la noticia, la sede de esta empresa fue registrada por la policía judicial. Una oleada frenética de "declaraciones complementarias" del IVA consiguió que en esta ocasión el peligro pasara rozando la sien de Hachuel y de otros notorios responsables de las empresas implicadas.

Peor suerte corrió el socio de Marc Rich cuando se desencadenó el "Caso Banesto". Su implicación, como no podía ser de otra manera, resulta considerablemente compleja y, por tanto, demasiado extensa como para entrar en detalles ahora. De ella da cuenta pormenorizada la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 867/2002, de 29 de julio, que se puede descargar desde aquí.

En cualquier caso, Jacques Hachuel Moreno fue condenado a cuatro años de prisión menor y la accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena. También resultó obligado a pagar a BANESTO una indemnización de 1.344 millones de Pts. a más de las costas del proceso.

Por otro lado, el nombre de Marc Rich tampoco fue ajeno a este caso. Entre las muchas operaciones turbias o puramente delictivas que destapó el "Caso Banesto", la de la compraventa de la de la urbanización Belleuve, en Alcudia, Mallorca, sirvió para poner de manifiesto la implicación de Rich en las tramas financieras tejidas por Mario Conde y sus Consejeros, entre ellos, Hachuel.

A consecuencia de la compra por Marc Rich de la citada urbanización, propiedad de BANESTO, en la que actuó como intermediario Alejandro Arroyo Díaz Merry (suegro de Mario Conde) éste recibió una comisión de más de 7.379.000 $, unos 800 millones de Pts. al cambio de la época tal y como se demostraba por la existencia de cuatro cheques por importe total de esa cantidad que el tal Alejandro Arroyo recibió en Zurich, según informó entonces "El Mundo".

Una parte de ese dinero, aproximadamente unos 400 millones de Pts. fueron desviados a la cuenta 13.0.60-50L del BFC BANK (Cayman) Ltd. domiciliado en en la isla de Gran Cayman, paraíso fiscal por excelencia. Antes de eso, las comisiones fueron blanquedadas mediante una cuenta interpuesta del BANCO BILBAO AG de Zurich, es decir, para que no haya ninguna duda, de la sucursal suiza del BANCO BILBAO.

Las comisiones de esta compraventa fueron pagadas por las sociedades holandesas TUVOR BV y BELEGGIUSMAATCHAPPIJ BV. "Dicho pago se efectuó mediante el procedimiento de 'blanquear" cuatro cheques al portador, emitidos por las firmas autorizadas contra una cuenta corriente de Nueva York vinculada a las operaciones mercantiles de Marc Rich, empresario que controlaba las dos sociedades compradoras". Esos cheques fueron los que, precisamente, tuvieron entrada en las oficinas suizas del BANCO BILBAO el 8 den noviembre de 1988.

La cuestión, no obstante, se complica porque Alejandro Arroyo, lo más que reconoció haber recibido por su intermediación en la compraventa en cuestión, fueron 80 millones de Pts. Naturalmente Arroyo podía estar mintiendo aunque no había mucho motivo puesto que el pago de una comisión por intermediación, en principio, no es ilícita y, además, así estaba estipulada en el contrato de compraventa.

Por lo tanto, si el suegro de Mario Conde, no había recibido más que 80 millones de Pts. como bien dijo Carlos Schvartz en su artículo de "El Mundo", debía de haber otro u otros perceptores de esa comisión que permanecieron ocultos: "la hipótesis más consistente es que en el reparto de las comisiones de esta operación ha habido tres receptores, de los cuales dos siguen en la sombra. Estos perceptores serían personas del grupo Banesto"

Cuando BANESTO quedó intervenido, la cuestión de Belleuve se tapó discretamente, lo cual no es extraño puesto que esa intervención puso a la cabeza de BANESTO a ejecutivos del BANCO BILBAO BIZCAYA y no parece razonable pensar que estos tuvieran mucha apetencia por explicar el papel de su sucursal suiza en el blanqueo de los talones con los que se pagó la comisión de marras.

Lo cierto, como continúa diciendo Carlos Schvartz en su artículo, es que "el contacto de Mario Conde con Marc Rich fue facilitado por Jacques Hachuel y no por Alejandro Arroyo. A nadie le pueden caber dudas de que Marc Rich sabía perfectamente a quién pagaba las comisiones -más del 10% del total de la operación- máxime con los antecedentes del empresario".

Esto es cierto, aunque incompleto. Es cierto porque Jacobo Hachuel era miembro del equipo directivo de Mario Conde al frente de BANESTO y hombre de su confianza, tan de su confianza que acabó condenado y preso junto a aquél cuando el Caso Banesto llegó a los tribunales. No obstante es incompleto, porque entre Marc Rich y Mario Conde existía otro eslabón de mayor relevancia que el de Hachuel dadas sus conexiones políticas, aunque consiguió mantenerse más en la penumbra que éste. Ese eslabón era Petra Mateos-Aparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer cuando éste fue ministro, consejera de Banesto junto a Mario Conde y, también, asociada a Rich en RON INVESTMENTS, donde fue nombrada Consejera en 1991 y donde permaneció, con distintos cargos, hasta 1997 para refugiarse luego a la sombra de José Bono como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, Consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, vocal de CCM y presidenta de HISPASAT e HISPASAT CANARIAS, una vez que su mentor José Bono llegó al Ministerio de Defensa.

Pero de Dª Petra Mateos, natural de La Solana, Ciudad Real y asidua, casi compulsivamente, a bodas, banquetes, bautizos, congresos, conferencias, exposiciones, aniversarios, sepelios, etc. etc.; se hablará en la siguiente entrega y con detenimiento, pues lo merece.