viernes, 28 de noviembre de 2008

Un informe del Secretario del Ayuntamiento declara ilegal el PAU del campo de golf de Carranque

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -


Un informe del secretario del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), Juan Francisco Bravo, declara ilegal y "nulo de pleno derecho" el acuerdo plenario que dio apoyo al Plan de Actuación Urbanística (PAU del campo de golf) que incluía la construcción de 1.680 viviendas en la localidad toledana de Carranque, por el que el que el alcalde de este municipio, Alejandro Pompa Mingo (en la foto) se encuentra imputado por un presunto delito de prevaricación.

Se trata de uno de los tres informes que la Secretaría del Ayuntamiento ha remitido en contestación al requerimiento del Juzgado de Instrucción Número 4 de Illescas (Toledo) que instruye este caso y están firmados por el Secretario del Ayuntamiento, precisamente también imputado en el caso, por el que declaró el pasado 11 de noviembre junto con un funcionario del Consistorio.

En este documento, que tiene fecha de entrada en el Ayuntamiento de 9 de diciembre de 2004, y al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario reconoce que analizada la documentación aportada por la entidad promotora del PAU, resulta que "no se adecua a la legislación aplicable".

Entre los primeros motivos que aparecen en el informe, argumenta que la propuesta de desarrollo urbanística referida que se extiende sobre suelo rústico de reserva a reclasificar como urbanizable para construir 1.680 viviendas, no comprende "una ordenación que permita la integración futura en la trama urbana existente en la que propone el Ayuntamiento con motivo de la próxima redacción del Plan de Ordenación Municipal (POM), ya que la ubicación prevista de dichas viviendas las dispersa por toda la superficie de actuación".

Asimismo, establece que dicha actuación no responde a "criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana aledaña", y recuerda que las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico no permiten los usos residenciales en suelo rústico de reserva no urbanizable, por entenderlos "incompatibles".

A este respecto, el secretario del Ayuntamiento dice que es necesario tener en cuenta que la entidad promotora de la actuación "no aporta justificación de solvencia económica ninguna", y que el apoyo a este proyecto y la respuesta a la consulta previa que se formuló al pleno municipal "es más de lo que la legislación vigente considera como tal". "En consecuencia resulta más relevante la falta de los informes técnicos y jurídicos preceptivos en el expediente, así como la precipitación con la que se pretende contestar", añade.

Por todo ello, el informe concluye afirmando que el proyecto de acuerdo plenario formulado por el Grupo de Gobierno en los términos descritos es "ilegal y nulo de pleno de derecho, pudiendo generar perjuicios tanto para los intereses generales como para los propietarios de suelo afectados".

El alcalde de Carranque declaró el pasado día 14 de octubre en el Juzgado de Illescas por la denuncia de prevaricación interpuesta por el sindicato de funcionarios 'Manos Limpias', que incluye también al aparejador del Ayuntamiento, Jesús María Gallego; al secretario-interventor del mismo, Juan Francisco Bravo, y a la tercera teniente de alcalde, María José Martínez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Ese día, el primer edil dijo confiar en que la querella se archive, aseguró estar tranquilo y añadió que el proceso corresponde a la legalidad, ya que no es al Ayuntamiento a quien le corresponde aprobar el PAU, sino a la comisión Provincial de Urbanismo. Por su parte, Bravo y el funcionario del Consistorio Ernesto Rodríguez Cubas comparecieron el pasado 11 de noviembre como imputados.

martes, 18 de noviembre de 2008

El letrado José Luis Sanz Arribas, el Pocero, el peluquero de Aznar y Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis

El letrado José Luis Sanz Arribas (en la foto) No sólo se dedica al ejercicio de la abogacía y a la defensa de casos difíciles como el del traficante de armas Al Kassar, el del corleonés Giovanello Greco o el del propio Francisco Hernando Contreras. También tiene intereses en el negocio inmobiliario y esos intereses los comparte o los compartió hasta hace poco, con Rafael Santamaría Trigo, presidente de REYAL URBIS y amigo íntimo de José Bono; y con Pedro Romero Aguilar, en cuya barbería del hotel Eurobuilding (por cierto, perteneciente a la cadena NH HOTELES) le cortaba el pelo all ex presidente del Gobierno José María Aznar.


Los negocios en “Terra Mítica”

De las sociedades en cuyo consejo de administración aparece o aparecía el letrado Sanz Arribas, una de las que más poderosamente llama la atención es ROYAL MEDITERRÁNEZ S.A. (CIF: A-83058537) Domiciliada, inicialmente, en Madrid, C/ Ayala, 3, Edificio de “Grupo Reyal”. La mercantil se constituyó el 18 de julio de 2001 y en esos momentos estaba presidida por Rafael Santamaría Trigo. Consejero y Secretario era Sanz Arribas y también, como consejeros, aparecían, entre otros, el peluquero Pedro Romero Aguilar y su esposa Juana Fernández García.

La composición de ese consejo ha cambiado. Ahora, la presidencia la ostenta el citado Pedro Romero, la vicepresidencia su hijo Iván Romero Fernández y, además, aparece como secretario y consejero Miguel Barceló Nieto, de la cadena hotelera Barceló; lo cual es lógico porque el accionariado de esta entidad pertenece a INMOBILIARIA MONTGAR SA, controlada por el matrimonio formado por Pedro Romero y Juana Fernández, en un 76%; a UNIÓN HOTELERA BARCELÓ, en un 19%; y a REYAL URBIS SA en un porcentaje indeterminado que, seguramente, será el resto.

No hace falta volver a llamar la atención sobre el hecho de que uno de los hoteles (BARCELÓ ALBA DE LAYOS) del campo de golf de Layos (Toledo) lugar en el que se cruzan los destinos mercantiles del arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra con los del “malayo” Javier Arteche Tarascón y otros miembros de la “Trama Vasca”; gira bajo la marca BARCELÓ y que, además, su construcción fue realizada por PEYBER y gestionada por GERENS HILL INTERNATIONAL, en la cual tiene una notable presencia CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN.

Lo significativo en este momento es que la presencia del letrado José Luis Sanz Arribas en el consejo de ROYAL MEDITERRÁNEA se mantiene desde su constitución hasta el 11 de mayo de 2005, cuando cesa como secretario no consejero de la sociedad. Este periodo, por tanto, comprende los negocios de ROYAL MEDITERRÁNEA en los terrenos de TERRA MÍTICA,

El caso Terra Mítica ya debe andar más allá de los 32 imputados. Sobre este asunto se siguen actuaciones por presuntos delitos de fraude fiscal, estafa, falsificación de documento público y alteración contable y se llegó a implicar al propio Eduardo Zaplana, quien mantiene o mantenía estrecha amistad con José Bono y con Paco Hernando el Pocero, a quien concedió en su día, siendo ministro del ramo, la medalla al mérito en el trabajo.

Pero volviendo al peluquero, al constructor y al abogado, es decir, a ROYAL MEDITERRÁNEA; el 25 de enero de 2005, el diario El País, se hacía eco de una noticia que afectaba a esta mercantil. Según este periódico, la Sindicatura de Comptes, es decir, el “tribunal de cuentas” de la Generalitat Valenciana, denunció en 2001 “irregularidades” en la adjudicación de terrenos en Terra Mítica a la empresa ROYAL MEDITERRÁNEA. El informe de la sindicatura señalaba que la empresa de Pedro Romero Aguilar, Rafael Santamaría Trigo y José Luis Sanz Cid, “contenía un canon más bajo por el derecho de superficie que el de la otra aspirante, Hoteles Costa Blanca”. Se trataba de la adjudicación de 394.000 metros cuadrados previamente expropiados por la Generalitat Valenciana a pequeños propietarios de la zona.

La empresa PARQUE TEMÁTICO DE ALICANTE, propiedad de la Generalitat Valenciana valoró la oferta económica de los licitadores con un 10% cuando en el resto de sus adjudicaciones, ese capítulo venía ponderándose, siempre, en un 30%. El cambio de criterio, desde luego, hace sospechar en un “corte a medida” del pliego de condiciones del concurso público para favorecer a ROYAL MEDITERRÁNEA en detrimento, naturalmente, de los ingresos que hubieran correspondido a la entidad pública PARQUE TEMÁTICO DE ALICANTE, pero ya se sabe que un concurso público es de tal naturaleza y concentra tales garantías, que es inimaginable pensar que pueda ser amañado.


Los negocios en Pozuelo de Alarcón.

Existe otra sociedad interesante en la que la unidad de propósito mercantil y la aportación de medios para el lucro común entre el peluquero Pedro Romero y el letrado José Luis Sanz Arribas no es cosa del pasado.

La empresa PLAY GOLF GESTIÓN S.A. tiene actualmente como Consejero Delegado a Pedro Iván Romero Fernández, hijo del “estilista” y constructor Pedro Romero. También aparece como administrador de la sociedad la mercantil INMOBILIARIA MONTGAR S.A., que ya hemos visto que pertenece a la familia Romero e, igualmente como administrador, está el letrado José Luis Sanz Arribas, nombrado como tal el 7 de agosto de 2003.

PLAY GOLF GESTIÓN S.A., resultó adjudicataria de la explotación del campo de golf y de una escuela del mismo deporte en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. De todas las empresas que optaron a la concesión PLAY GOLF GESTIÓN era la única que se presentaba sin ninguna experiencia en el sector, según informó el diario El Mundo, pero con el “aval técnico” del golfista Manuel Piñero, quien ya fue protagonista del fiasco de otro campo de golf municipal en Oviedo.

La adjudicación a PLAY GOLF GESTIÓN se justificó debido a que fue esta la empresa que más puntuación sacó en la oferta económica; pero lo significativo es que a pesar de que, según declaró la concejal del Ayuntamiento Eva Izquierdo, cinco departamentos estudiaran la oferta de la empresa de Romero y Sanz Arribas, la valoración de su capítulo económico fuera hecha, exclusivamente, por el Ingeniero Municipal de Obras, Leopoldo Gómez que en aquel momento tenía pendiente una querella criminal presentada por la Fiscalía, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.


Rafael Santamaría Trigo y José Bono.

La buena fortuna de la que goza Rafael Santamaría, presidente de REYAL URBIS, en Castilla-La Mancha es de las que restauran la fe de los descreídos. Su actuación en Guadalajara, en el complejo VALDELUZ, otro engendro urbanístico sumido ahora en la desolación, merece un capítulo propio, como lo merece el Palacio de Congresos, también de Guadalajara, al que esforzadamente parece que se le ha estado buscando una ubicación coincidente con uno de los hoteles de Rafael Santamaría.

Pero es que, además, ya es más que notorio que Rafael Santamaría Trigo confía tanto en la familia de José Bono, que no dudó en colocar en el consejo de administración de REYAL URBIS a Ana Bono Rodríguez, la jovencísima hija (25 años) del actual Presidente del Congreso de los Diputados. Su permanencia en el Consejo de REYAL fue corta, unas semanas, y su salida resulta más significativa aún que su entrada pues coincidió con la decisión de Bono de volver a la política encabezando la lista del PSOE por Toledo. En esa situación, tener una hija en el consejo de una inmobiliaria del volumen de REYAL que, además, camina por el filo de la navaja del concurso de acreedores, no debió parecer muy aconsejable.

No obstante, la amistad entre Bono y Santamaría es antigua. Han compartido vacaciones en el palacete que el constructor tiene en la localidad de Xàbia; han navegado juntos, acompañados de Zaplana; y también fue Santamaría quien construyó la casa de Bono en Olías del Rey, Toledo.

Al respecto, se da la curiosa circunstancia de que en la declaración de bienes de 1998 (se puede descargar una copia desde aquí) En el apartado de “deudas”, Bono hacía referencia a 10.183.661 Pts. de las que era acreedor el “constructor de la casa de Olías”. El nombre de ese constructor se calla discretamente pero, según ha informado repetidas veces la prensa, dicho constructor no era otro que el propio Rafael Santamaría. La casa, según la declaración citada, tiene una superficie de 401,28 metros cuadrados e, igualmente según lo declarado por Bono, “en 1995 vendió varias fincas heredadas de su madre para financiar la construcción de la casa de Olías”.

Las obras se estaban llevando a cabo en 1996, fecha en la que el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sufrió un accidente mientras visitaba las obras. No voy a aventurar conjeturas sobre el precio de esa construcción, pero lo cierto es que, para las fechas en que estas cosas están sucediendo, más de 10 millones de pesetas es una parte sustancial o muy sustancial del precio de esa vivienda. Dos años después, es decir en 1998, esa cantidad aún se le adeudaba a Rafael Santamaría y lo curioso del asunto está en que es el constructor el que “financia” a Bono la casa o parte del valor de la casa y no un banco o la propia CCM, a través del correspondiente crédito hipotecario, así que nos quedamos sin saber si ese “crédito” tenía o no intereses y, en el caso de tenerlos, cuál era el tipo de interés que Rafael Santamaría aplicó al aplazamiento de pago concedido a su amigo José Bono.

En resumen, que a la vista de todo esto, no parece una cosa muy inesperada que José Luis Sanz Arribas sea el abogado del Pocero, que el Pocero haya ido a parar a Toledo y que su proyecto de Seseña haya contado con tan manifiesto apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En la próxima entrega veremos con detalle cuál fue la participación de José Luis Sanz Arribas y su hijo, José Luis Sanz Cid, en los mecanismos que llevaron a Paco Hernando a hacerse con la finca de “El Quiñón” en Seseña.

Por cierto ¿he dicho que el constructor Enrique Ortiz, socio de Aurelio González Villarejo (otro amigo de Bono) y de la CAM, la Caja que ha cargado con el grueso de la financiación del Pocero en Seseña; también anda metido en los negocios de “Terra Mítica”? Si no lo he dicho, ya lo diré.

jueves, 13 de noviembre de 2008

La Fiscalía Anticorrupción presenta querella criminal contra Domingo Díaz de Mera y Román Sanahuja, presidente de Metrovacesa

Hoy ha trascendido la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado querella criminal contra Domingo Díaz de Mera, hermano del abogado marbellí Antonio Díaz de Mera, y contra Román Sanahuja. El asunto, del que ya se dio cuenta en NOTITIA CRIMINIS, está relacionado con otra querella, presentada también por la misma Fiscalía, contra los directivos de EL MONTE, José María Bueno Lidón y José Selfa de la Gándara.

La trascendencia de esta noticia es, de momento, imprevisible. El papel preeminente de los hermanos Díaz de Mera en Castilla-La Mancha y la estrecha relación que mantienen con José María Barreda y José Bono, es de sobra conocida. También lo es su no menos estrecha relación con personajes como Aurelio González Villarejo o Luis Portillo. Por ello, y a la espera de nuevas noticias, reproduzco íntegramente, el artículo aparecido hoy en "El Confidencial":

Anticorrupción imputa a Sanahuja y a Díaz de Mera por irregularidades en Cajasol

@Fátima Martín - 12/11/2008 19:54h

A la Metrovacesa de los Sanahuja se le acumulan los problemas. A la posibilidad de que los bancos acreedores tomen el control de la compañía, tal y como informó este online la pasada semana, se añade la imputación de su presidente, Román Sanahuja, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en una querella por presuntas irregularidades contra dos directivos de El Monte de Huelva y Sevilla, ahora Cajasol. La imputación también se hace extensiva al ex consejero de la empresa, Domingo Díaz de Mera. El Confidencial ya explicó el pasado mes de febrero el motivo de la presente querella. Se refiere a la venta de acciones de Metrovacesa con descuento a los Sanahuja cuatro meses antes de que lanzaran una OPA sobre la inmobiliaria de Joaquín Rivero.

En noviembre de 2005, tan sólo cuatro meses antes de que los Sanahuja presentaran la oferta por el 20% de la Metrovacesa que rescataron de las garras italianas, esta familia de inmobiliarios catalana le compró a El Monte el 30% de HC, que a su vez ostentaba el 5,03% de la cotizada Metrovacesa. Según fuentes cercanas a la operación consultadas, "la venta se hizo valorando la acción de Metrovacesa en torno a los 40 euros, cuando en ese momento cotizaba a 57".

"Aquí lo único que ha pasado es que la caja le vende a la familia Sanahuja la participación en una sociedad dueña del 5,03% de Metrovacesa y con el paso del tiempo discute sobre las valoraciones. Porque, claro, al cabo de cuatro meses se lanza una OPA, la acción se dispara y ese paquete vale mucho más. El problema de El Monte, además de la fuerte presencia de CCOO, es que no entiende que en el mundo mercantil se gana y se pierde. ¿O es que acaso cuando se vendió no era pública la cotización de Metrovacesa?", se preguntan.

José María Bueno Lidón sigue siendo consejero de Metrovacesa

Por esta operación, Cajasol presentó una demanda civil frente a la sociedad Old New Investment (de la familia Sanahuja), así como al ex responsable del Grupo Empresarial El Monte, José Selfa y al ex presidente de la caja, José María Bueno Lidón, quien fue recompensado con un puesto en el consejo de la inmobiliaria que aún hoy perdura. Por la citada demanda, Grupo Empresarial solicita el resarcimiento de un daño patrimonial de 17,9 millones de euros. En abril pasado, la Fiscalía denunció a los ex directivos de la caja por presuntos delitos de fraude, omisión de información y disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad.

En este acuerdo intervinieron un miembro del grupo Sanahuja, a través de la instrumental mencionada, Oldnew Investment S.L., y José Selfa, a pesar de que éste carecía de facultades representativas para vender valores mobiliarios, salvo autorización previa del Consejo de Administración cuando el valor fuese superior a los 6 millones de euros. La valoración del paquete accionarial que el grupo empresarial El Monte tenía en HC -incluyendo la participación de MVC- nunca fue sometida a un estudio, valoración o tasación previa, según la Fiscalía.

Además, la operación de venta de las acciones de HC formalizada el 5 de octubre de 2005 se presentó por primera vez ante la comisión del grupo empresarial y mercados el 17 de octubre, es decir, doce días después de firmarse el contrato de opción de compra. Los hechos fueron denunciados por los actuales dirigentes de Cajasol, que entendieron que la entidad debería haber percibido por la operación 17,9 millones de euros más, según cuatro auditorías. En mayo pasado, Bueno Lidón y Selfa declararon ante el juez de instrucción 14 de Sevilla y negaron los delitos que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación del Banco de España

A la denuncia de la caja le siguió una investigación del Banco de España, que analizó un total de 99 operaciones de inversión y desinversión en el Grupo Empresarial de El Monte. Una vez finalizado el proceso de investigación, realizado por Price Waterhouse Coopers y Garrigues, concluyó que tan sólo en 3 de las 8 compañías analizadas exhaustivamente, existía un conocimiento exacto y probado de las que se puedan derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad, en distintos niveles. Se trata de las sociedades HC, Caymasa y Soto de Paniagua.

Las operaciones irregulares tienen su origen en una agresiva línea de negocio que adopta El Monte -germen de lo que hoy es Cajasol- desde los tiempos de la Expo de Sevilla en 1992: su red de empresas participadas. La entidad ahorra pasaba así de simple caja local a cabecera de cartera industrial. De este modo, no sólo financia compañías sino que también participa en su capital social y se convierte en socia con beneficios. ¿Y cuál era el sector estrella? El ladrillo.

Efectivamente, en la gestión de las participadas de esta caja andaluza se encuentra la raíz de muchos de los hitos inmobiliarios que han marcado la historia económica reciente española, como el ascenso al olimpo del sector de Luis Portillo o la OPA hostil de los Sanahuja sobre Metrovacesa en marzo de 2006.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Juan Francisco Bravo, secretario del Ayuntamiento de Carranque y el funcionario Ernesto Rodríguez, se niegan a declarar

Siguiendo idéntica línea de defensa que Alejandro Pompa y los demás imputados que ya habían comparecido ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, el Secretario Juan Francisco Bravo Collantes y el funcionario ahora en excedencia voluntaria, Ernesto Rodríguez Cubas; se negaron ayer a responder a las preguntas de la acusación y se remitieron a unos "informes" que aportaron a los autos.

Antecedentes del caso. Descarga de un dossier de prensa sobre Alejandro Pompa.

Se reproduce la noticia aparecida en DIARIOCRITICO.COM

"Manos Limpias: "Uno de los mayores escándalos en un Ayuntamiento".

Alguno de los imputados podría haber ganado unos 12 millones de euros.

11-11-2008 - Diariocrítico/Agencias

Comparecen en el juzgado de instrucción número 4 de Illescas el secretario interventor del Ayuntamiento de Carranque (Toledo) y un ex funcionario y secretario accidental del municipio, imputados en la adjudicación de un PAU para construir 1.600 viviendas y un campo de golf. El colectivo de funcionarios "Manos Limpias" que presentó una querella en 2007, califica el caso como uno de los mayores escándalos producidos en un Ayuntamiento.

El secretario interventor del Ayuntamiento de Carranque (Toledo) y un ex funcionario y secretario accidental del municipio, imputados en la adjudicación de un PAU para construir 1.600 viviendas y un campo de golf, han comparecido hoy en el juzgado de instruccion número 4 de Illescas.

El secretario interventor Juan Francisco Bravo Collantes, y el ex funcionario y secretario accidental del municipio, Ernesto Javier Rodríguez Cubas, no han querido hacer declaraciones a los medios ni a la entrada ni a la salida de los juzgados tras su comparecencia.

La cita judicial se ha producido tras la querella presentada en 2007 por el colectivo de funcionario "Manos Limpias" por varios delitos, entre ellos prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, y contra la ordenación del territorio y la Hacienca Pública.

Por estos presuntos delitos declararon en el mismo juzgado el pasado 14 de octubre el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa de Mingo (PSOE); el concejal de Urbanismo, Antonio Fernández Retana, y la segunda teniente de alcalde, María José Martinez Aboín.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha dicho hoy en los juzgados de Illescas que la acusación popular de este colectivo ha pedido más de cuatro años de condena para los imputados en este caso.

Bernad ha considerado que este caso es "uno de los mayores escándalos producidos en un Ayuntamiento al estar imputados no sólo el alcalde, sino además el primer teniente de alcalde, la concejala de Hacienda, el secretario general y el accidental", enumeró.

Asimismo, ha reiterado, que la situación se agrava más al tratarse de varias personas de una misma corporación las acusadas, lo que a su juicio quiere decir que "todo tipo de corrupción está dentro de un entramado".

El secretario de Manos Limpias está seguro de que tanto el secretario general como el funcionario "han emitido informes falsos lo que lleva a un agravamiento de las penas a los funcionarios de la Administración local".

De cara a la opinión pública, ha señalado que "es algo tremendo porque tienen que ser los máximos garantes del Estado de Derecho y de la legalidad vigente y son los primeros que lo están vulnerando". En este sentido, ha denunciado que no debe utilizarse el Ayuntamiento como una "especie de cortijo para enriquecerse ellos y sus familiares".

Bernad ha presentado en el juzgado 41 notas registrales de operaciones inmobiliarias en las que habría participado Rodríguez Cubas y que le habían reportado unos beneficios de unos doce millones de euros (unos 2.000 millones de las antiguas pesetas) "prevaliéndose de su situación en el ayuntamiento y por el apoyo del alcalde", dijo.

Manos Limpias dice en su querella que el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) denominado Golf-Carranque Villa Romana se aprobó y adjudicó "para favorecer descaradamente a quienes ya tenían pactada dicha operación", es decir, a la empresa Agrícola Sagra-Manchega, ahora denominada Villa Roman Golf, del grupo Peyber Hispania, del que es socio y administrador el aparejador municipal y tambien denunciado, Jesús María Gallego Peinado".

La noticia en otros medios:

ABC

El Digital de Castilla-La Mancha

Reportero Digital

lunes, 10 de noviembre de 2008

Mañana comparecen como imputados el secretario y un funcionario del Ayuntamiento de Carranque (Toledo)

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Ayuntamiento de Carranque (Toledo), Juan Francisco Bravo, y el funcionario del Consistorio Ernesto Rodríguez Cubas comparecerán mañana como imputados en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Illescas dentro del proceso de la querella de prevaricación interpuesta por el sindicato de funcionarios 'Manos Limpias'.

El sindicato informa en un comunicado de que acreditará en esa comparecencia que Rodríguez hizo un patrimonio aproximado de 2.000 millones de las antiguas pesetas, prevaliéndose de su situación en el Ayuntamiento y de apoyo por parte del alcalde.

Estas declaraciones se producen después de que el alcalde de la localidad toledana, Alejandro Pompa Mingo, declarara el pasado 14 de octubre por esta querella, interpuesta por supuesto tráfico de influencias, fraude, cohecho y estafa contra la ordenación del territorio en la concesión de un campo de golf y un total de 1.860 viviendas.

Ese día, el primer edil dijo confiar en que la querella se archive, aseguró estar tranquilo y añadió que el proceso corresponde a la legalidad, ya que no es al Ayuntamiento a quien le corresponde aprobar el Plan de Actuación Urbanística (PAU), sino a la Comisión Provincial de Urbanismo.

martes, 4 de noviembre de 2008

El Pocero, Judah Eleazar Binstock, Mossen Al Kassar y el abogado José Luis Sanz Arribas

Francisco Hernando Contreras, conocido como “El Pocero”; Judah Eleazar Binstock, el mayor propietario de suelo en Málaga y, por supuesto, uno de los mayores terratenientes de Marbella, relacionado por los medios de comunicación con asuntos tan turbios como el caso “Iran-Contra”; el traficante de armas sirio Mossen Al Kassar; el capo de la Cosa Nostra corleonesa Giovani Greco, en busca y captura internacional y acusado en Italia de dos secuestros con resultado de muerte; y los capitanes golpistas Enrique Bobis y José Cid Fortea, condenados en el Consejo de Guerra del 23-F, tienen un eslabón que les une: el letrado José Luis Sanz Arribas.


Jose Luis Sanz Arribas, abogado de “El Pocero”

El abogado José Luis Sanz Arribas tiene, como se ha visto, una lista de clientes muy peculiares, lo que no es ninguna acusación, sino la constatación de un hecho. Es cierto que un abogado puede elegir a sus clientes, pero también es cierto que el más depravado de los criminales tiene derecho a la mejor defensa que se pueda pagar y algunos de los clientes del despacho de Sanz Arribas, sin duda, pueden pagar muy bien, así que ninguno de ellos va en desdoro de las habilidades profesionales del señor Sanz, sino todo lo contrario.

Sin embargo, José Luis Sanz Arribas no parece ser sólo el abogado de Francisco Hernando “El Pocero”. El despacho que tiene en Madrid, en la C/ Cea Bermúdez, 53, 3º (dech) Lo comparte con su hijo, José Luis Sanz Cid, al igual que el domiciliado en Marbella y que gira bajo la denominación de SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL.

Padre e hijo también comparten consejo de administración en varias sociedades de su propiedad, pues además de abogados los dos son empresarios, entre otros, del ramo de la construcción. Sin embargo hay tres sociedades en las que José Luis Sanz Cid no consta en los Registros Mercantiles junto a su padre, sino junto al mismísimo “Pocero”, a saber: PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE SA, ya extinguida; OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000 SL, es decir ONDE-2000, el instrumento con el que Francisco Hernando se lanzó a construir el engendro urbanístico de Seseña y a realizar las obras en el hipódromo de José Bono; y GRUPO FRANCISCO HERNANDO CONTRERAS SL. que, como su nombre indica, también es propiedad mayoritaria del “Pocero”.

La mercantil PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE SA, tiene especial significación en todo este asunto. Esa empresa fue el medio con el cual Francisco Hernando y sus socios, entre ellos José Luis Sanz Cid, se hicieron con los terrenos del “Quiñón”, donde ahora se levanta la desolación de “Residencial Francisco Hernando”.

Sin embargo, sobre la actuación de estas empresa y, por lo tanto, de sus socios, lo mejor será dejar hablar a los juzgados que intervinieron en le litigio entre el “Pocero” y la familia González Mejía, arrendatarios del Quiñón y titulares de un derecho de adquisición preferente sobre la finca.

Según transcriben Ruth Hugalde y Alejandra Ramón en su libro “El Pocero de Seseña”, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Illescas, calificó en estos términos el intento de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE de suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que en 1997 daba la razón a la familia González Mejía: “ha de desestimarse la petición de suspensión del proceso de ejecución que formula PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE al consistir ésta en un fraude de ley, abuso de derecho y fraude procesal. Se da la circunstancia de que a través de la documental presentada se demuestra cómo el agente urbanístico (Onde 2000) es el verdadero propietario de la finca objeto de la ejecución”.

Contra esta sentencia los socios de PARQUE TECNOLÓGICO etc. recurrieron y el fallo del recurso fue aún más esclarecedor. Después de calificar la actuación de la mercantil de fraude de ley y abuso de derecho, añadía que “PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE pertenece a un entramado o complejo de sociedades dominadas por ONDE-2000... La recalificación no es un acto sobrevenido involuntariamente, sino un acto calculado y voluntario. La sentencia es de condena, el vendedor está obligado tanto por la sentencia como procesalmente, como por los artículos de la compraventa del Código Civil, a entregar la cosa en el estado en el que estaba y conservarla con la diligencia de un buen padre de familia”.

En el 2005 una nueva sentencia aseguraba que “desde que la finca se transmitió a PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE se ha intentado por diferentes vías impedir el cumplimiento de la sentencia” y añadía que esa sentencia debía ser cumplida porque “la recalificación se ha obtenido mediante una maquinación e ingeniería jurídica”.

Así que, resumiendo, en el origen de “Residencial Francisco Hernando” y según los tribunales de justicia que han fallado sobre el caso, hay fraude de ley, fraude procesal, abuso de derecho y “maquinaciones e ingeniería jurídica” y tras ese fraude de ley, abuso de derecho, ingeniería y maquinaciones jurídicas, están los socios de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE y de ONDE-2000, es decir, Francisco Hernando Contreras entre otros, pero también José Luis Sanz Cid, hijo del abogado José Luis Sanz Arribas; administrador único, que lo fuera, de PARQUE TECNOLÓGICO TOLEDO NORTE; apoderado de ONDE-2000; y apoderado de GRUPO FRANCISCO HERNANDO CONTRERAS SL.


¿Los tentáculos malayos sobre Seseña?

Paco Hernando “El Pocero”, el hombre que en una reciente entrevista concedida a “El Mundo” decía que iba a enseñar a Manuel Fuentes, actual alcalde de Seseña, lo que pasa cuando uno se mete con los ricos; parece que se marcha, alguien diría que “con el rabo entre las piernas”, camino de Angola, de Dubai o de Guinea, siempre y cuando, claro está, el Juzgado Nº 4 de Illescas no le retire el pasaporte y le imponga una fianza de 3.000.000 de €, tal y como ha solicitado la organización “Manos Limpias”, personada como acusación popular en la causa.

No obstante, con El Pocero dentro o fuera del territorio español, el Caso Seseña dista mucho de haber terminado y más aún de estar totalmente desvelado. Por ejemplo: teniendo en cuenta la presencia ya más que reiterada de individuos procesados o relacionados con el “Caso Malaya” en la comarca toledana de La Sagra, resultaba extraño que en uno de los mayores escándalos de la región, el protagonizado por Francisco Hernando Contreras en Seseña, estuviera libre de algún nexo con los sucesos de Marbella.


En las agendas de Roca.

Lo cierto es que sí existe ese nexo y quien primero lo publicó fue el periodista Cristobal Toro en su libro “El Saqueo de Marbella”. Del hecho se hizo eco el diario digital PRNoticias en los tiempos en que su director aún no había cambiado de línea editorial. El artículo en cuestión ha sido borrado de la página que dirige Pedro Aparicio, pero puede descargarse una copia íntegra desde aquí.

Según el texto citado, el nombre del que a esas fechas, septiembre del 2006, ya era desde hacía tiempo, el jefe de los abogados de Francisco Hernando, es decir, José Luis Sanz Arribas, podría aparecer en las agendas de Juan Antonio Roca, concretamente en la de 1995, en anotaciones correspondientes al miércoles 5 de abril de 1995, y al lunes 8 de mayo del mismo año.

En esas páginas existen, ciertamente, apuntes referidos a un tal José Luis Sanz. Concretamente, el día 4 de abril de 1995, Roca anota lo siguiente: “Sociedad. Judah Binstock. FRINGE BENEFITS LTD”. Luego algo difícil de leer que posiblemente sea: “Abo” y a continuación: “Haynes y Trias. C/ San Juan Bosco 4”.

La cosa tiene sentido porque HAYNES & TRIAS JURÍDICA SL, es una firma de abogados que en la actualidad tiene como administrador único a Carlos Trías Vejarano y cuya dirección es 03 MARBELLA 6. MARIA AUXILIADORA, 5, pero que anteriormente estaba domiciliada en la C/ San Juan Bosco, 4 de Marbella, direcciones en las que sucesivamente, ha estado domiciliada la mercantil propiedad de Judah Eleazar Binstock, CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SA.

Y la cosa sigue teniendo sentido porque Carlos Trías Vejarano también es socio de Judah Eleazar Bisntock (desde aquí se puede descargar un dossier de prensa sobre las correrías de Binstock) por ejemplo, en CORPORACIÓN NUEVA MARBELLA SA, (para la cual, según la revista “Epoca”, Sanz Arribas ha prestado o presta servicios jurídicos) En cuyo consejo de administración están los hijos de Binstock, su esposa Josiane Rinaldo y el Propio Carlos Trías, apoderado de la sociedad.

El nombre de este abogado, hermano Juan Trías Vejarano, catedrático de “historia de las ideas” de la facultad de sociología de la Complutense, salió a relucir durante el llamado “caso de la Trinidad”, un convenio muy ventajoso firmado entre el entonces alcalde de Marbella Jesús Gil y el propio Binstock; y se ha publicado que representa a Judah E. Bisntock en las sociedades irlandesas Fringe Benefits Ltd. y Georgian Estates Ltd. Por su parte, Carlos Trías Vejarano también es administrador único de HACIENDA DE SIERRA ESPARTINAS SA, LA RESERVA DE SIERRA ESPARTINAS SL, etc.

Pues bien, volviendo a José Luis Sanz Arribas y su posible presencia en la agenda de Roca; junto a la referida anotación, en la columna del día 5 del mismo mes y año, aparece esta otra: “10'30. Cea Bermúdez 51, 2º E. José Luis Sanz”. Naturalmente, no se puede afirmar categóricamente que el “José Luis Sanz” de la agenda sea el mismo José Luis Sanz Arribas abogado de “El Pocero” de Binstock, de Mossen Al Kassar y del capo mafioso Giovanello Greco, sobre todo porque el despacho en Madrid del abogado Sanz Arribas sí está en la C/ Cea Bermúdez, pero no en el número 51, ni en el piso 2º E, sino en el número 53, piso 3º Dech. Sin embargo, a pesar de esto, los datos sí hacen sospechar vivamente que tanto el de la agenda como el abogado de tan singular clientela, son la misma persona.

Por otro lado, el nombre de “José Luis Sanz” vuelve a aparecer en la agenda del 95, anotado en la columna del 8 de mayo de ese año, junto a un teléfono que ya no existe o no está asignado a nadie: 908600678 y que, desde luego, no coincide con el móvil corporativo del letrado José Luis Sanz.


Los negocios de Sanz Arribas en Marbella.

Sea como sea, Sanz Arribas tiene intereses y presencia propia en Marbella. Presidió el club de golf “Las Brisas” de esa ciudad entre los años 1996 y 2003 y también varias de sus sociedades están domiciliadas allí. Este es el caso de CAMPO GOLF SA, con domicilio en la Avenida del Prado de Marbella, y SANZ ARRIBAS CID ABOGADOS SL, cuya dirección es Avenida Ricardo Soriano 50, de Marbella, siendo de señalar al respecto que esta Avda. de Ricardo Soriano parece ser un auténtico centro neurálgico de los negocios del lugar puesto que, no en vano, en su número 65 estaba el cuartel general de Roca, la sociedad MARAS ASESORES y en el número 52 el despacho del abogado Antonio Díaz de Mera, hermano de Domingo Díaz de Mera y de cuyos negocios con gente relacionada con el caso, ya se ha hablado aquí.


Algunos clientes del abogado Sanz Arribas.

Algunos de sus clientes, también le ligan, bien que como abogado defensor o como asesor jurídico, al escenario de los distintos casos de corrupción y blanqueo de capitales surgidos en el entorno de la Costa del Sol, a saber, las operaciones “Ballena Blanca”, “Hidalgo” y “Malaya”.

Sanz Arribas ha sido el abogado defensor del traficante de armas, confidente de servicios de inteligencia y ahora extraditado a EE.UU, Monsen Al Kassar. Las aventuras de este sirio, agente doble, triple o quíntuple si hace falta, a quien se relaciona con el narcotráfico, con la venta de armas a Al-Qaeda, con el secuestro del buque Achile Lauro, etc. etc. son demasiado extensas aunque solo sea para enumerarlas. Lo que interesa ahora es que su nombre está relacionado con Marbella desde hace décadas.

Ya en 1999, los diarios “El País” y “La Vanguardia” publicaban dos artículos que, respectivamente, titulaban (se pueden descargar desde aquí) “Anticorrupción vincula a Gil con Al Kassar y la Mafia siciliana” y “Las relaciones peligrosas. El fiscal vincula a la juez y a Gil con mafiosos, vendedores de armas y narcotraficantes”. Los textos se referían a un escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga relacionado con la Juez Decano de Marbella en aquel momento, Pilar Ramírez, en el que se relacionaba al padre y al hermano de ésta con “los italianos Gianni Meninno, Felice Cultrera, Angelo Salamini y Ugo Giovanni Giannino, todos los cuales han sido vinculados al clan de Benedetto Nitto Santapaola, “familia” dominante en Catania de la Mafia siciliana, denominada Cosa Nostra... Jesús Gil -continuaba el escrito de la fiscalía- ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la señora Ramírez y también con los clientes y socios de éstos, y precisamente con los italianos vinculados a la Mafia... El grupo investigado estaba relacionado por la autoridades italianas a la organización mafiosa dirigida por Santapaola y entre las personas que mantenían una relación de amistad comercial con Felice Cultrera, el Servicio Central de Estupefacientes español identificó a Jesús Gil”.

En el contexto de la misma investigación, se identificó a Gil como uno de los interesados en la adquisición de un paquete de acciones del Instituto de Crédito Saudibank, operación que estaba siendo realizada por “la organización criminal encabezada por Felice Cultrera”. Además de Gil, en esta operación intervino Albert Chamad, reclamado por las autoridades de Egipto por tráfico de drogas y por las de Francia, por asesinato frustrado. El tal Chamad, según las mismas fuentes, actuaba por cuenta de Monzer Al Kassar y de Adnan Kashogui, a más de otro individuo residente en las islas Caimán de apellido Miller o Müller.

Como muestra de las operaciones en las que ocupaba su tiempo Al Kassar, lo anterior es suficiente, pero además las estrechas relaciones del sirio Al Kassar con el británico de origen judío Judah Eleazar Binstock, como he dicho, otro de los clientes según la revista “Epoca” del letrado José Luis Sanz Arribas, eran lo suficientemente estrechas como para que en 1988 Binstock recurriera a Al Kassar para obtener la nacionalidad argentina (véase aquí el artículo de La Opinión de Málaga) lo cual no es un detalle marginal puesto que el “Caso Hidalgo” sacó a la luz importantes conexiones de estas tramas con Argentina.

Así, según publicaba “Diario Sur” en octubre de 2007 “Abboudi Kamel Abder Rahman, de origen sirio y a quien se relaciona con Monzer Al Kassar y Adnan Kashogui, está siendo investigado en Argentina por la presunta obtención fraudulenta de la nacionalidad del país sudamericano. La policía considera que ha desempeñado un papel determinante junto a otras personas de origen árabe en la organización de una trama empresarial en Argentina y, una vez obtenida la nacionalidad, ha sacado elevadas cantidades de dinero de procedencia ilícita, derivadas, especialmente, del tráfico de armas hacia los países balcánicos durante la guerra de la década de 1990”

Kamel, según la policía, formaba parte de un grupo empresarial de origen sirio-libanés conectado con el ex presidente Carlos Menem y es apoderado de las cuentas españolas de las mercantiles LA BELLE LIMITED y ANNAGAP LIMITED, domiciliadas en Gibraltar y gestionadas por el despacho del abogado Cruz Conde, principal protagonista del “Caso Hidalgo”.

Por si esto no fuera suficiente, Judah Eleazar Binstock brilla con luz propia en el “Caso Malaya”, por mucho que hasta la fecha ni siquiera haya sido llamado a declarar. Aparece constantemente en las agendas de Roca; su nombre está en un listín telefónico de Roca, que obra en el sumario del Caso Malaya, junto al del ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, el mismo que, como arquitecto, redactó el proyecto del Hotel Senator de Marbella, negocio en el que confluyen Javier Arteche Tarascón y los demás miembros de la “Trama Vasca” (a través de la mercantil PROINSA) Con Luis Portillo, el socio de Esther Koplowitz y de Aurelio González Villarejo.

Además, distintos testigos, entre ellos la ex concejal del “GIL” Carmen Revilla, han declarado durante la instrucción del Caso Malaya que fue Binstock, y no Roca, quien “financió” la moción de censura que apartó de la alcaldía a Julián Muñóz para situar en ella a las ahora imputadas Marisol Yagüe e Isabel García Marcos.

Con esto basta por ahora. Hay más cosas de interés relacionadas con el letrado Sanz Arribas, por ejemplo su asociación con Rafael Santamaría, el propietario mayoritario de Reyal Urbis y amigo íntimo de José Bono; pero de eso habrá que ocuparse otro día.