miércoles, 9 de julio de 2008

La Fiscalía de Toledo presenta denuncia por el caso Seseña

Finalmente, tras dos años de investigación, la Fiscalía de Toledo ha presentado denuncia respecto a ciertos hechos relativos al PAU de “El Pocero de Seseña”. El texto se puede descargar desde aquí y es muy aconsejable leerla con detenimiento porque no deja de producir cierta sorpresa.

Según la Fiscalía, después de transcurridos dos años desde que IU interpusiera su denuncia (cuyo texto íntegro se puede descargar desde aquí) y a salvo de ulteriores investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del procedimiento judicial, no hay más presunto culpable de lo sucedido en Seseña, que José Luis Martín Jiménez, que fuera alcalde de la localidad entre 1999 y 2003.

Este hombre, José Luis Martín, alcalde en el momento en el que Francisco Hernando “El Pocero”, presentó en el Ayuntamiento de Seseña la primera documentación relativa al PAU del Quiñón, no sólo tramitó e hizo aprobar en el último instante de la legislatura que terminaba en el 2003, el proyecto de “El Pocero”, sino que realizó una serie de adquisiciones, inversiones y suscripciones de pólizas de seguros con fondos de origen no justificable atendiendo a sus ingresos conocidos.

Concretamente, en la denuncia se lee lo siguiente:

Conociendo las circunstancias anteriores (reservas planteadas por la Comisión Provincial de Urbanismo, etc.) e ignorando el informe desfavorable referido (el del Oficial Mayor del Ayuntamiento, con la “nota de conformidad” de la Secretaria del Ayuntamiento) el Alcalde sometió a la aprobación del Pleno tanto el Programa de Actuación Urbanizadora, presentado por ONDE 2000 SL, su adjudicación como agente urbanizador a ONDE 2000 SL y la propuesta de Convenio Urbanístico con ONDE 2000 SL sabiendo que contaba, de nuevo, con los votos favorables de los miembros del Grupo Municipal socialista. Los demás grupos municipales, por las mismas razones esgrimidas en los Plenos anteriores así como por no constar los informes preceptivos y desconocer, por tanto su contenido, votaron en contra. El resultado fue la aprobación de lo propuesto por el Alcalde”.

Paralelamente a esta actuación realizada con presunto conocimiento de su ilicitud, la Fiscalía hace referencia también al enriquecimiento de origen no determinado que se produce en el patrimonio de José Luis Martín coincidiendo, sustancialmente, con la aprobación del PAU de Francisco Hernando:

Fue 5 días después del Pleno Municipal citado (se lee en la querella) el 13 de mayo de 2003 cuando José Luis Martín Jiménez suscribió 3 fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos, lo que acreditó mediante la presentación de tres certificados de una entidad bancaria, en la que constan la suscripción de tales fondos por importe cada uno de ellos de 48.000 €. Lo que significa que dispuso de 144.000 € (24.000.000 Ptas.) con los que suscribió tales fondos a nombre de sus tres hijos.

Junto a los anteriores, consta otras suscripciones de fondos de inversión en este mismo año 2003 por importe de 20.000 € a dos de sus hijos, sin que las rentas declaradas por ellos, sustenten tales inversiones. Además, el 9 de junio, y cuando aun su situación en el Ayuntamiento era la de Alcalde en funciones, realizó un desembolso en efectivo de 77.208,08 € y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 € para la compra de 2 viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000 SL. vinculada a ONDE 2000 SL sociedad a la que había sido adjudicado el Convenio Urbanístico de “El Quiñón” en el Pleno del 8 de mayo referido”.

Además, de lo anterior y según el punto quinto de la querella: “En los años 2004 y 2005, las rentas declaradas por José Luis Martín Jiménez son inferiores a las descritas con anterioridad, a pesar de lo cual en el primero de esos años adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 €. siendo las plusvalías declaradas 307 €. Y en el año 2005 le constan desembolsos de cantidades por importe de 71.334,63 € a la mercantil Promociones Zapata y Muñoz y a MAPFRE Mutualidad por importe de 14.921,76 € no constando la razón de tales desembolsos. En este último ejercicio le constan 2 fondos de inversión, uno de adquisición y otro de reinversión por importe de 15.000 € y 110.113 €”.

La explicación que José Luis Martín da de sus ingresos en estos años es la habitual en estos casos: Había sido agraciado por la fortuna. Le había tocado un cupón de la ONCE por valor de 24.000.000 Ptas. y el resto lo había ganado invirtiendo sabiamente esa cantidad.

En definitiva, termina la denuncia diciendo que: “Considerando los hechos expuestos es por lo que EL FISCAL presenta DENUNCIA contra José Luis Martín Jiménez, quien a sabiendas de la falta de elementos necesarios y preceptivos de los expedientes citados, para poder valorar las actuaciones que se pretendían realizar en el término municipal… convocó para el último día hábil de la legislatura ese Pleno extraordinario para la aprobación citada; y contra cualesquiera otras personas que de la instrucción de la causa resultaren responsables, por considerar que los hechos relatados pudieran ser constitutivos de los delitos de Prevaricación (art. 404) , Cohecho (art. 419) y Delito contra la Hacienda Pública (art. 305), todos ellos del Código Penal”.

Así acaban dos años de investigación, es decir, con el caso Seseña reducido a su mínima expresión, tan mínima que, por ejemplo, el delito de cohecho queda cercenado por su justa mitad, porque el cohecho, en lenguaje llano, viene a ser un soborno y como en todo soborno, también en este tipo penal debe haber uno que cobra por dispensar favores y otro que paga para que los favores se le dispensen. Sin embargo, según la denuncia presentada por la Fiscalía, parece ser que sólo hay uno que cobra, pero ninguno que paga.

También es sorprendente, atendiendo a la redacción de la denuncia, algo confusa, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta lo farragoso y turbio de la materia urbanística, que el PAU del Quiñón fuera definitivamente aprobado, con el beneplácito final de los organismos supramunicipales, sin que de ello se desprenda ninguna otra presunta responsabilidad penal y eso que, según la Fiscalía, el proyecto estaba viciado de ilicitud y, además, de ilicitud penal (presunta, naturalmente) desde su mismo inicio o, por decirlo de manera muy apropiada a la magnitud del proyecto de Francisco Hernando: ab urbe condita.

Nada que decir sobre el principal favorecido por la actuación de José Luis Martín Jiménez, es decir, sobre Francisco Hernando Contreras, aunque según el sentido común y la sana lógica, parezca inevitable concluir que si José Luis Martín cobró, bien pudo ser Paco “El Pocero” quién pagó.

Tampoco tiene la Fiscalía ningún dato que le haga sospechar de otros munícipes de Seseña, como Felipe Sancho o del propio Consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, y esto aunque el informe correspondiente de su Consejería salió de ella el mismo 8 de mayo, fecha de aprobación del PAU.

Menos aún, merecen pronunciamiento alguno las relaciones de Francisco Hernando con José Bono y los trabajos de ONDE 2000 en HIPICA TOLEDO, el picadero en el que participa como socio el actual Presidente del Congreso de los Diputados, cuya sobrina, por cierto (lo de sobrina, según algunas fuentes) Yolanda Franco Mosquera, es concejal del Ayuntamiento de Estepona y desempeñaba allí el cargo de “Directora del Área de Juventud” en el equipo de gobierno del detenido Antonio Barrientos, de quien era persona de confianza.

video


De todas formas, sólo hay que felicitarse por la denuncia presentada por la Fiscalía de Toledo puesto que a partir de ahora son los Tribunales los que toman las riendas de la investigación y, además, el proceso podrá ser impulsado, también, por las acusaciones que se personen en los autos, de forma que no hay que descartar, en absoluto, que las imputaciones se extiendan y lleguen más allá de donde ahora han llegado.

Por otro lado, no es esta la única noticia que, en breve, tendrá su origen en los Juzgados de Illescas. Seguiré informando, qué duda cabe.