Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas (Toledo) condenado por agredir a una concejal, compró terrenos por 5 millones y los vendió por 37

Según Interviu ―el artículo completo se puede descargar desde aquí o pulsando sobre las imágenes― la concejal del ayuntamiento de Noblejas (Toledo) Belén Gutierrez «acudió... Al ayuntamiento para hacer una gestión sin demasiada importancia, pero salió de allí con un brazo retorcido y un puñetazo en el rostro» como resultado de la agresión del alcalde Agustín Jiménez.

Lo cierto es que la reacción del individuo que está al frente del ayuntamiento de Noblejas desde 1983, el tal Agustín Jiménez, no refuerza la teoría de que la gestión careciera de importancia. Siempre según los hechos declarados probados por la sentencia, Belén Gutierrez pretendía fotocopiar unos documentos relacionados con una subvención a una ONG. La funcionaria encargada consultó con el secretario que exigió que se hiciera la petición por escrito. La concejal insistió en que como edil podía obtener copias de los documentos sin más formalismos. A partir de ahí, tanto la funcionaria como la concejal, se dirigen al despacho del alcalde, que salió a su encuentro prohibiendo a Belén Gutierrez acceder a la documentación.

En ese punto, continúa el relato de los hechos de la sentencia, la concejal «le arrebata el documento a la administrativa y de manera inmediata Agustín Jiménez Crespo acorrala literalmente a María Belén Gutiérrez Zamorano contra una pared, le retuerce la mano y le da un puñetazo, quitándole de manera violenta los documentos... Que la actitud del mencionado Agustín Jiménez fue violenta resulta del parte de lesiones que consta en las actuaciones».

Al referido Agustín Jiménez le sirvieron de poco los testigos aportados a la causa. Todos ellos declararon que no hubo agresión. Sin embargo la sentencia, dando primacía a la contundencia probatoria de las imágenes de la cámara de seguridad y al parte médico de lesiones, afirma que «todos los testigos que han declarado en el acto del juicio son empleados del Ayuntamiento de Noblejas, y por tanto, trabajan para el Alcalde»

Según declaraciones recogidas por Interviu, el dicho Jiménez, tiene una ecléctica trayectoria política. Primero probó suerte en las juventudes de Falange y pasando por el PCE para terminar bajo la buena sombra del PSOE de Castilla-La Mancha, el cual usó como plataforma para ganar la alcaldía. A partir de ese momento «aquí el que quier algo, ya sea trabajo para un hijo o una licencia de obra, tiene que ir al ayuntamiento y pedírselo al alcalde como si fuera un favor. Ha creado una red clientelar que le permite seguir ganando elecciones porque todo el mundo le debe algo. Tiene a los empleados del ayuntamiento con contratos eventuales para poder hacer lo que quiera con ellos».

Los tentáculos de Caja Castilla-La Mancha dirigida por Hernández Moltó, como cabía esperar, tampoco están muy lejos de Noblejas. Los recursos con los que el agresor de la concejal Belén Gutierrez mantiene una red de servicios municipales que, según Interviu, le sirven para favorecer su reelección como alcalde, derivan de la venta por 30 Millones de €, de unos terrenos de uso industrial a un conglomerado de empresas encabezado por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN.

La revista no precisa qué otras empresas participaron en esa compraventa, pero como el dato parece relevante y también parece probable encontrar allí nombres conocidos, en Noblejas pueden dar por seguro, que Notitia Criminis ofrecerá pronto y con detalle esa información.

Entre tanto, y con el PSOE de Toledo silente como de costumbre, el citado Jiménez ya se enfrenta a cuatro denuncias por prevaricación y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ocaña (Toledo) le investiga por una venta de terrenos que Jiménez compró por cinco millones y medio de € y vendió por 37 millones, a todas luces un negocio bastante redondo.

La precipitada “dimisión” de Saiz deja al frente del CNI a otro hombre cercano a José Bono

Ya es pública la «dimisión» de Alberto Saiz, el hombre puesto al frente del CNI por su primo putativo y padrino político, José Bono. Con el cese de este perito agrónomo, estoqueado por un pez espada y rematado por una granizada de patatas gallegas, el Estado recupera la normalidad, pero es más dudoso que en Moncloa se comprenda el alcance del acontecimiento o, mejor dicho, el alcance de lo que el acontecimiento enseña.

Esta es la tercera vez que el Gobierno de España tropieza en la piedra toledana. En la primera de ellas, Rodríguez Zapatero tuvo que «dimitir» a Bono poco después de haberle nombrado Ministro de Defensa. Sus lazos con el Pocero eran ya demasiado manifiestos, igual que manifiesto era el fumus malus iuris que desprendía el escándalo de Seseña, un asunto que se disputa el título de paradigma de la corrupción política, con el caso Malaya.

Cuando aún no habían terminado, ni mucho menos, las consecuencias de la aparición del Pocero en Seseña ―donde hay un imputado por corrupto y ninguno por corruptor― otro de los hombres de confianza de José Bono y consejero de sus gobiernos manchegos, Juan Pedro Hernández Moltó, llevaba a la quiebra a Caja Castilla-La Mancha y se descubría que en ese fiasco tenían un considerable papel la financiación de CCM a sociedades y personajes del hampa marbellí.

Ahora, lejos aún de que los asuntos de Seseña y de CCM estén resueltos, el grotesco episodio de Alberto Saiz tiene que liquidarse a mano airada sin poder esperar, ni siquiera, a agosto como esta misma mañana decía un medio de comunicación que iba a ocurrir.

Sin embargo este apresuramiento es delator y huele a componenda. El País publica esta tarde que el sustituto de Saiz, el general Sanz Roldán, es un «hombre de Bono y del respeto de Zapatero» lo cual es decir mucho sin decir nada.

Otra vez, como ya ocurrió tras la primera dimisión de Bono, Zapatero se ve obligado a suministrar oxígeno a su enemigo. El leal Saiz «dimite» antes de lo previsto pero, a cambio, José Bono no se queda completamente «sordo», no pierde por completo su influencia en los servicios secretos. La ve debilitada ―porque no me imagino al general Sanz asumiendo la servicial actitud del primo político― pero no destruida.

El miedo, una vez más, ha hecho temblar la mano de Zapatero frente a Bono y con ese temor y temblor incuba gravísimos problemas; lo mismo que hace María Dolores de Cospedal, a quien el sentido común le está pidiendo a gritos que depure urgentemente su partido en Castilla-La Mancha mientras el temor o la prudencia la tienen paralizada.

Los dos, Zapatero y Cospedal tienen un trabajo pendiente en Toledo. Allá ellos si se empeñan en dilatar lo inevitable. De momento el Tomo VI del sumario del Caso Astapa, el primero del que se levanta el secreto, parece traer interesantes revelaciones. Estudiaremos ese sumario con detenimiento.

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas, Toledo, fue grabado mientras agredía a una de las concejales de su equipo de gobierno

Esta semana la revista Interviú pone al día la noticia de unos hechos ocurridos en diciembre de 2008, los cuales pasaron desapercibidos en Castilla-La Mancha y no sin la inapreciable ayuda del gobierno de Barreda y del propio PSOE regional, que cada día que pasa demuestra más tener sus propias reglas.

Como digo, en diciembre de 2008 un individuo que atiende al nombre de Agustín Jiménez Crespo, alcalde de la localidad toledana de Noblejas desde 1983 hasta la fecha y que, además, ha desempeñado diversos cargos en la Administración regional bajo los gobiernos de José Bono y del propio Barreda; empujó, retorció un brazo y propinó un puñetazo en la cara ―según informa Interviú― a la concejal de su propio partido Belén Gutiérrez.

La agresión, miserable añado yo, fue recogida por las cámaras de seguridad del Ayuntamiento y, a pesar de la mala calidad del video (es aconsejable descargar el archivo para poder reproducirlo en un formato mayor) ésta se puede apreciar claramente. Sucede al fondo de la imagen, hacia la mitad de la grabación, junto a la columna amarilla que se aprecia en la sala. En principio el tal Agustín Jiménez entra, con camisa blanca, seguido de varias personas, entre ellas Belén Gutierrez. En un momento dado, el alcalde se vuelve, empuja violentamente a la concejal hasta arrinconarla y allí consuma la agresión.

Poco después, durante un acto celebrado en la localidad, la propia Belén Gutierrez puso los hechos en conocimiento del consejero del gobierno de Barreda, Fernando Lamata. Lamata, a quien también se le conoce en Carranque por respaldar públicamente al imputado por corrupción Alejandro Pompa, continuó el acto junto al alcalde Agustín Jiménez reiterando “el compromiso del gobierno de Barreda” con los pueblos de la región.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Noblejas tiene cierta tradición en organizar actos contra la violencia de género. Así, por ejemplo, en noviembre de 2006, este pueblo toledano acogió los actos del Día Internacional Contra la Violencia de Género. En esos actos intervinieron José María Barreda y el propio Agustín Jiménez.

Barreda, fiel a su estilo pastoril, dijo que “es inaceptable que un hombre abuse de una mujer”, que “un maltratador es un tirano y hay que censurarlo cuando utiliza la fuerza desde su posición superior” o que los malos tratos “no son un asunto privado. Nos incumbe a todos. No podemos dejar indefensa a la víctima”.

A continuación tomó la palabra Agustín Jiménez, el ahora condenado por agredir a Belén Gutiérrez, y mostró su satisfacción “porque hoy esta localidad sea referencia de igualdad entre hombre y mujeres y de lucha contra los malos tratos”.

Con este, que se sepa, ya son dos los alcaldes de Toledo condenados por agredir a personas indefensas o en situación de inferioridad. Agustín Jiménez Crespo, que según sentencia de primera instancia es culpable por golpear a una mujer, y Alejandro Pompa, condenado en firme ―la noticia se puede descargar desde aquí― por abofetear a un anciano de 82 años.

Sin duda, el gobierno de Barreda parece estar muy comprometido en “censurar” a aquellos individuos que utilizan la fuerza “desde su posición superior” y a los que el propio Barreda tacha de “tiranos”, pero como las cosas de este mundo tienen que ser consistentes, podemos apostar a que en Noblejas hay importantes intereses que, a la vista de los responsables del PSOE toledano y del presidente Barreda, justifican sobradamente que individuos como Agustín Jiménez o Alejandro Pompa no hayan sido “censurados”, sino que por el contrario, sigan disfrutando de la protección del partido, de sus responsables y del propio Gobierno de Castilla-La Mancha.

Un portavoz de Caja Castilla-La Mancha considera “normal” que la entidad esté investigada por su implicación en el caso Malaya

Hoy, día en el que se celebra la primera asamblea general de CCM después de la intervención del Banco de España, el diario El Economista publica la siguiente noticia en primera plana. La reproduzco íntegramente:

El Economista. Javier Romera/Alejandra Ramón

«La entidad concedió préstamos por más de 200 millones a los cerebros de la trama marbellí. Dos semanas antes de ser intervenida renovó un préstamo de 30 millones a un testaferro de Roca.

El caso Malaya puede costarle un nuevo disgusto a Juan Pedro Hernández Moltó, destituido el pasado mes de marzo como presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM). El juez Oscar Pérez está investigando los créditos que la entidad concedió bajo su gestión a los principales imputados en la trama de corrupción marbellí y que, según las primeras estimaciones, superarían los 200 millones de euros.

Fuentes judiciales han confirmado a elEconomista que la investigación se ha abierto después de que hace un año el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, recibiera un escrito anónimo y un CD en el que se vinculaba a varios malayos con casos de corrupción en Castilla-La Mancha.

Petición del fiscal

El fiscal pidió entonces al grupo III de blanqueo de la Udyco que estudiara el caso y es ahí cuando se detectan los créditos que está investigando ahora el juez. Un portavoz de la caja insistió ayer en que la entidad está tranquila. "Es normal que el juez investigue todos los negocios y relaciones de las personas que estén involucradas en la operación, pero nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad y los créditos están adecuadamente supervisados y garantizados", aseguró.

CCM, que tiene varias empresas y negocios conjuntos con los imputados en la Operación Malaya, prestó 40 millones de euros a One Properties y Masdevallía, dos de las sociedades más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Además, según las fuentes consultadas, la entidad podría haberle facilitado también la financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid, tal y como declaró una de sus testaferros, Monteserrat Corulla.

Pero la relación de la caja con el caso no se limita sólo al jefe de los malayos. El 13 de marzo de este mismo año, apenas dos semanas antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, CCM renovó una hipoteca por valor de 30 millones de euros a la sociedad Puerta Oro Toledo.

Esta firma, en la que también aparece otra de las personas investigadas por la Udyco, Juan María López Álvarez, es propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo), pero no puede construir porque Medio Ambiente decidió considerar "ambientalmente inviable el proyecto". El alcalde de Bargas es Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la diputación provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, presidente de la misma.

El juez Pérez está investigando ahora porque, pese a conocer los problemas para edificar en esta localidad, y en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, CCM decidió renovar el préstamo, en vísperas además de la intervención.

El más favorecido

El mayor beneficiado por los préstamos de la caja es, en cualquier caso, el empresario Enrique Ventero Terleira, que recibió más de 100 millones y que está acusado de pagar comisiones a Roca. El cerebro de la trama ha declarado ya en los juzgados que ambos hicieron negocios juntos en Los Alcázares (Murcia), junto al Mar Menor.

En los últimos meses, la Udyco ha estado investigando a la sociedad Las Lomas de Pozuelo, que tiene importantes extensiones de terreno en esta localidad. Ventero Terleira ha declarado ante el juez Torres que Caja Castilla-La Mancha participaba también en el accionariado. Las fuentes judiciales consultadas aseguran que en Los Alcázares, la caja podría haber facilitado también financiación a Montserrat Corulla, ligada también a Roca.

Asamblea

CCM cerró el año pasado con unas pérdidas de 740 millones de euros debido, entre otras cosas, a su alta exposición al sector inmobiliario. Y ahora, todas las cajas de ahorros van a financiar a fondo perdido el rescate de la entidad. Su hucha para garantizar los depósitos de los clientes ha adquirido la emisión de participaciones preferentes de la firma manchega por importe de 1.300 millones de euros. Este producto tiene una rentabilidad cero durante los cinco primeros años, frente al 6 ó 7 por ciento de operaciones similares que se colocan entre los inversores privados.

Caja Castilla-La Mancha celebrará hoy en Cuenca la primera asamblea general ordinaria tras ser intervenida por el Banco de España, en la que se abordará la ratificación de los nombramientos de los directores generales de la entidad y del Grupo CCM y la aprobación de las cuentas de 2008.

En el orden del día, figura la ratificación de los nombramientos del director general de la entidad financiera, Gorka Barrondo, y del director general del grupo, Xabier Alkorta. Varios ex consejeros de la entidad, que fueron cesados, acudirán a la asamblea para exponer su "verdad" de lo que ocurrió en la gestión de la caja».

El entorno de Bono continúa desmoronándose. Las empresas de Aurelio González Villarejo podrían estar al borde de la quiebra

Hoy el diario NEGOCIO dedica un amplio artículo a lo que, a todas luces, parecen ser las vísperas de la quiebra ―actualmente se llama concurso de acreedores― del GRUPO G.V., es decir, de la trama, tejido o urdimbre empresarial creada por Aurelio González Villarejo, hombre de orígenes similares a los del Pocero, pero que al contrario que éste, está generosamente adornado por la virtud de la discreción.

Al constructor, fiel amigo de José Bono, las cosas se le están poniendo realmente difíciles y no sólo por el fiasco de su participación, junto a Luis Portillo, en el asalto y posterior demolición de INMOBILIARIA COLONIAL, sino porque también está siendo arrastrado por el fracaso de su aventura ciudadrealeña en el aeropuerto de esa capital y en el complejo residencial aledaño: El Reino de Don Quijote.

Estos, no obstante, no son los únicos negocios del empresario conquense que amenazan ruina. Otros de menor volumen, como el PAU de Las Montanillas en Carranque (Toledo) ya están en situación de semiabandono o de abandono completo, lo cual no es raro teniendo presente el endeudamiento insostenible que reflejan las cuentas de DESARROLLOS URBAPLANING, la sociedad de González Villarejo con la que éste actúa en el citado PAU y también, con la que pretendía trabajar en el de las 24.000 viviendas de Illescas, también en Toledo.

Los propietarios de terrenos afectados por los PAUs de González Villarejo en Carranque deberían ir preocupándose seriamente de su situación si es que aún no han cobrado íntegramente el precio de los suelos que le vendieron. Las fauces de los bancos acreedores ya están abiertas y si, según informa NEGOCIO, el propio González Villarejo no contempla la inmediata presentación del concurso de acreedores, muy bien pudiera pasar que un tercero sí lo presentara.

De paso, también deberían hacer lo propio aquellos otros labradores que vendieron suelo en el campo de golf de PEYBER y que acordaron el aplazamiento de pagos, porque ese PAU hace tiempo que fue aprobado definitivamente y, por lo tanto, está cumplida la condición que dejaba en suspenso los últimos plazos de las compraventas acordadas con VILLA ROMANA GOF la cual, si aún no ha liquidado esas deudas, podría estar violando sus obligaciones contractuales.

En cualquier caso, lo que esta noticia pone de manifiesto es el rápido deterioro de la maquinaria de poder económico y político construida por, o en torno a, José Bono. La dentellada de los acreedores no sólo amenaza a González Villarejo. Méndez Pozo, Díaz de Mera, los Nozaleda... Están sufriendo la misma maldición causada por las aventuras megalómanas, dicen que de Luis Portillo, aunque no tengo para mí que sea Luis Portillo el cerebro de tales aventuras, sino tal vez, su instrumento.

En el terreno político la situación no es mejor y hoy mismo El País publica el acta de defunción ―en sentido figurado, se entiende― del director del CNI. Como sabemos, Alberto Saiz es un leal hombre de Bono, puesto al frente de los servicios de espionaje españoles por el propio Bono y que, además, tiene lazos familiares con él.

Si algo proporciona poder en este mundo, eso es la información y más aún, la información confidencial o secreta. Bono, que será lo que sea, pero en modo alguno una persona corta de entendederas, sino todo lo contrario, más listo, muy de largo, que el hambre; según llegó a Madrid y ocupó el Ministerio de Defensa, se apresuró a tomar posiciones en cotas estratégicas. HISPASAT, ahora presidida por Petra Mateos, fue una, pero sobre todo, ante todas las cosas, se enseñoreó del CNI poniendo allá, no sólo a un familiar, sino a quien le debía todo, a quien había pasado desde la gris existencia de un perito agrónomo hasta una de las consejerías del gobierno de Castilla-La Mancha y eso gracias a la decisión de su primo político.

Como ya he dicho, cuando Bono se cayó del Ministerio de Defensa, empujado por el ímpetu arrollador del Pocero, consiguió salvar los bártulos en su práctica totalidad. Su primo político continuó al frente del CNI; el satélite de comunicaciones español, en las diestras manos de Petra Mateos; y las fastuosas tajadas urbanísticas de Castilla-La Mancha, firmemente aferradas por el estrecho círculo de sus amigos constructores: Díaz de Mera, Méndez Pozo, Barco Fernández y Aurelio González Villarejo, todos ellos subvencionados o financiados, con generosidad autodestructiva, a costa de los dineros de CAJA CASTILLA LA MANCHA, ésta también en manos de otro leal de Bono: Juan Pedro Hernández Moltó.

Pero he aquí que de repente Hernández Moltó ha sido puesto de patitas en la calle por el Banco de España; los constructores aúlicos de Castilla-La Mancha parecen deambular cual almas enajenadas sin acabar de comprender lo que les está pasando; al Director del CNI, al primo político, le hacen pasar por la plancha y ahora, en el agua, chapotea un poco antes de hundirse. Para colmo, se ha sabido de las extrañas asociaciones mercantiles de Petra Mateos Aparicio-Morales con un socio de Juan Antonio Roca Nicolás, el paradigma de la delincuencia económica española y aunque es cierto que nadie parece reparar en la presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, tampoco nadie debería apostar a que en ese cielo, no truene truene en cualquier momento.

Todos estos y algunos otros, seguro que en su día pensaron, muy satisfechos de sí mismos, que quien tiene padrino se bautiza. La cosa, ahora, está en saber qué piensa hacer ese padrino. Aún no se le ha oído «ni mu» en relación con el asunto de Alberto Saiz, pero del Pocero sí tiene declarado que no le conoce.

La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, su vecino dedicado a los servicios fiduciarios en paraísos fiscales y CCM

NOTA: Esta entrada se publicó el 9 de junio de 2009. Se ha modificado la fecha para colocarla a continuación de un nuevo artículo que añadirá información relevante sobre lo dicho aquí.

En el término municipal de Calviá, a unos ocho kilómetros del núcleo urbano, en una discreta y diminuta playa de la isla de Mallorca, está domiciliada la IFQA, la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad. Concretamente, la dirección de esta entidad «sin ánimo de lucro» es Pº Illetes, número 60, local 1.

Se trata de un modesto edificio de apartamentos a pie de playa y construido en 1960, pero a pesar de lo discreto del lugar y de lo inapropiado de éste atendiendo a criterios comerciales, en la misma dirección, Pº Illetes, 60, apartamento 102 A (escalera 1, planta 02, puerta 1) está domiciliada una inmobiliaria llamada CAMALLER 2010 S.L. (CIF: B63038244) propiedad, en el 100% de sus participaciones, de un individuo llamado Brian Sean Padgett, perteneciente a un grupo dedicado a la prestación de servicios de fiducia e inversión activa desde lugares tan interesantes como la isla de Man, Luxemburgo, Suiza o las islas Caimán.

Las dos entidades por sí solas presentan notables características pero juntas, coincidiendo en tan apartado lugar, se convierten en un punto que atrae, inevitable y poderosamente, la atención.

NOTA: Sobre el papel de los paraísos fiscales en la evasión de impuestos y en el blanqueo del dinero procedente del crimen organizado, es muy recomendable leer el libro «Costa Nostra» de Antonio Romero y Miguel Díaz, del cual incluyo aquí un capítulo.

La IFQA y sus fundadores.

La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad fue constituida en Palma de Mallorca el 19 de diciembre de 2002. Su domicilio inicial estuvo en la C/ Soldat Arrom Quart 1, 2 de Palma de Mallorca, fue dotada con la magra cantidad de 30.000 € y, no obstante, declara perseguir unos ambiciosos fines: «añadir valor al ámbito de la Gestión de Calidad mediante la evaluación externa e independiente y el reconocimiento a las mejores prácticas de los Compromisos de Servicio... La continua promoción y extensión de la cultura y principios de la calidad y sus sistemas de gestión... Fomentar dicha cultura de calidad en la sociedad... Etc. etc. etc.». Sus fundadores y patronos iniciales son:

• Presidente: Alfredo Arija Hernández.
• Vicepresidente: José Luis Rodríguez Holgado.
• Secretario: Fernando Monar Rubia.

A José Luis Rodríguez Holgado ya le conocemos bastante bien. Es directivo de CCM ―a día de hoy, que se sepa, no apartado de su cargo tras la intervención de la Caja― Se sienta en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO, sociedad que CCM comparte en Los Alcázares (Murcia) ―en la inmediata vecindad de las propiedades que Juan Antonio Roca tiene allí― con el imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. También aparece en el consejo de GESTIONES HERVEMU, empresa del mismo Ventero Terleira. Es consejero de la mercantil TRANVÍA DE PARLA. Es administrador de DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA, sociedad participada por Domingo Díaz de Mera. Fue consejero de TINSA, la sociedad de tasaciones de CCM que tan alegremente ha estado valorando los activos de la Caja quebrada. Finalmente, entre un considerable número de otras mercantiles, es consejero de VILLA ROMANA GOLF, la concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque, a causa del cual el alcalde Alejandro Pompa y el aparejador municipal de ese mismo ayuntamiento y socio del grupo PEYBER han acabado ante los tribunales en un caso que continúa abierto.

Por su parte, Alfredo Arija Hernández tampoco es una persona irrelevante. A principios de los ochenta fue Director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, director del Gabinete de José Bono. Fue durante varias legislaturas senador por Toledo. En el 84, mientras Juan Pedro Hernández Moltó era consejero de Economía y Hacienda, Arija Hernández lo era de Transportes y Comunicaciones y también, durante el 83 fue portavoz del gobierno manchego.

Junto al político, el señor Arija Hernández no ha descuidado el mundo empresarial. Aparece como ex administrador de PRECAMA CONSULTORÍA S.L. domiciliada en Toledo y administrada actualmente por su hijo, Diego Arija Blázquez quien además es el titular del 100% de las participaciones de la empresa. También fue consejero de MBO COMUNICACIÓN S.A. y consejero de SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., hoy extinguida o, mejor dicho, sustituida, como ahora se verá, por la fundación «sin ánimo de lucro» IFQA.

El último de estos fundadores, Fernado Monar Rubia también es una persona de gran interés, estrechamente ligado al municipio de Calviá, al menos mientras Margarita Nájera fue su alcaldesa. Fue uno de los 18 asesores que la entonces alcaldesa tenía contratados por un conste anual de 620.000 €, algo más de 100 millones de Pts. Monar también es presidente del Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos, Director General de Calidad de los Servicios del actual Gobierno Balear, órgano directamente dependiente de la Presidencia de dicho Gobierno, y consejero de la empresa pública GESTIÓ D'EMERGENCIES DE LES ILLES BALEARS S.A.

Su hijo, Fernando Monar Lora que fuera, si es que aún no lo es, miembro de la Unió d'Estudiants Progressistes y que en el año 2001 aún tenía esa condición, la de estudiante; en el 2002 ya fue nombrado consejero de la mercantil SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L. junto a José Luis Rodríguez Holgado, Alfredo Arija Hernández, Joaquín García Martínez y Luis Moya Antón.

Igualmente fue el administrador único de la sociedad GRUPO SEIS Y SEIS dedicada a la fabricación y comercialización de juegos de mesa y al alquiler, reparación y venta de yates de recreo, sociedad que, en este momento, tiene como administradora única a su hermana María Monar Lora.

Por otro lado, el señor Fernando Monar Rubia, como decía, tiene documentadas estrechas relaciones con la ex alcaldesa de Calviá, Margarita Nájera, que tras su salida del ayuntamiento fue consejera de trabajo del Gobierno Balear y actualmente ocupa el puesto de gerente del Consorcio de la Playa de Palma, y por hija interpuesta, es probable que también sea «consultora» en materia de «calidad» y gestión.

De hecho, una vez fuera de la alcaldía, Nájera constituyó dos sociedades dedicadas al «asesoramiento y gestión»: INNOVA XXI S.L. ―por cierto que lo del siglo XXI ya empieza a ser muy reiterativo en todas estas tramas empresariales donde siempre se acaba encontrando alguna sociedad llamada «lo-que-sea» XXI o Siglo XXI― e INNOVA GESTIÓN DE PROYECTOS, actualmente extinguida.

La ex alcaldesa de Calviá fue sustituida como administradora única de INNOVA XXI por su hija Ainnhoa Barajas Nájera el 7 de noviembre de 2007. Hasta entonces la empresa experimentó un vertiginoso ascenso en su facturación. En 2004 declaró 100.258,58 € y ya en 2006 duplicaba la cifra de negocio al alcanzar los 214.637,82 €.

No obstante, lo que ahora importa es la coincidencia entre INNOVA XXI, Fernando Monar Rubia y una empresa, ESTRATEGIA LOCAL S.A., que alcanzó renombre al aparecer ligada a uno de los 11 procedimientos penales a los que se enfrentó Margarita Nájera, el del llamado «Informe Maquiavelo».

El caso «Estrategia Local» o «Informe Maquiavelo» concernía a la aparición de un documento en el ordenador personal Antonio Manchado, a fecha de los hechos teniente de alcalde de Calviá, presuntamente elaborado para el equipo de gobierno de la corporación por la empresa ESTRATEGIA LOCAL S.A. En dicho documento se decían cosas tan brillantes como que era necesario distinguir entre mallorquines conservadores e inmigrantes progresistas, que los candidatos del PSOE de Calviá tenían que «aprender a no decir la verdad a la gente, sino lo que convenga en cada momento» o que era necesario mantener «un control permanente del censo... hay que frenar la tendencia demográfica actual; frenar la llegada de nuevos residentes MC y potenciar 3.000 viviendas sociales».

El caso fue archivado por la Audiencia Provincial de Palma al considerar que la total falta de medidas de seguridad en la red informática del Ayuntamiento no permitía probar el origen del informe en cuestión y porque, en todo caso, su contenido se consideró intelectualmente paupérrimo.

Independientemente de esto, lo cierto es que la alcaldesa Nájera, que tenía a Fernando Monar Rubia como asesor, sí había contratado los servicios de ESTRATEGIA LOCAL, entonces presidida por Albert Calderó Cabré ―que ahora aparece como director financiero de la entidad― y que entre los años 1994 y 2001 el ayuntamiento de Calviá pagó no menos de 600.000 € (100 Millones de Pts.) a esa misma empresa.

Igualmente es cierto, porque los datos han sido publicados por la propia mercantil ESTRATEGIA LOCAL S.A., que la entidad ha prestado servicios de asesoría, entre otros, a los ayuntamientos de Marbella, Getafe, Pozuelo o Boadilla del Monte, todos ellos relacionados con alguna causa abierta por presuntos delitos de corrupción.

Finalmente, también, los nombres de Margarita Nájera y de Fernando Monar Rubia aparecen conectados, desde el principio de la actividad profesional de aquélla, en relación con un seminario contratado por esta Federación Española de Municipios a INNOVA XXI titulado «La Agenda 21 para los Municipios Turísticos» y en cuyo folleto informativo aparecen como ponentes el citado Fernando Monar y Antonio Manchado, el que fuera teniente de alcalde de la propia Margarita Nájera.

La sombra de Hernández Moltó tras la fundación IFQA.

La fundación Internacional para los Compromisos de Calidad tiene un origen más mercantil del que inicialmente se pudiera pensar. Como se ha visto, los fundadores y patronos iniciales de la IFQA, José Luis Rodríguez Holgado y Alfredo Arija Hernández tuvieron el cargo de consejeros, junto a Fernando Monar Lora, hijo del otro fundador, Fernando Monar Rubia, en la sociedad SERVICES QUALITY AGREEMENTS S.L., extinguida desde el 26 de diciembre de 2006 y cuyo objeto social era «promocionar metodología y asesoramiento a las Administraciones Públicas, empresas o entidades clientes sobre el desarrollo e implantación de técnicas y herramientas para la administración de las organizaciones» es decir, algo muy similar, si es que no idéntico, a lo que hacen ESTRATEGIA LOCAL o INNOVA XXI y algo también prácticamente idéntico a los fines que declara la IFQA.

Pero la continuidad entre SERVICES etc. y la IFQA no sólo se queda en la coincidencia de administradores de una y de fundadores de la otra y del objeto social de una y de los fines de la otra. La Fundación no sólo heredó esto, sino incluso, la dirección en la que estaba domiciliada SERVICES QUALITY AGREEMENTS, es decir, la calle Soldado Arrom Cuart, de Palma de Mallorca, que fue el domicilio en el que inicialmente, antes de trasladarse hasta la apartada playa de Calviá, se inscribió la IFQA.

Ahora bien, la presencia de José Luis Rodríguez Holgado ―hombre del equipo de confianza de Juan Pedro Hernández Moltó donde los hubiera... hasta la intervención y el expediente sancionador abierto a éste por el Banco de España― en SERVICES etc. no es casual como se puede uno imaginar, porque esta empresa pertenecía a CCM CORPORACIÓN en un 35%.

Tanto la fundación como la empresa, que de una manera tan clara duplicaban sus funciones, convivieron durante casi tres años. La inscripción de la IFQA se publicó en el BOE de 13 de agosto de 2003 y la disolución de SERVICES etc. se produjo el 3 de febrero de 2006, aunque lo cierto es que la empresa precedió a la fundación. SERVICES se había inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de junio de 2002 y además, según los datos publicados en el Informe Anual de CCM de 2005, también parece cierto que la empresa hacía poca competencia a la fundación. Según dichos datos SERVICES QUALITY AGREEMENTS tuvo un beneficio neto en 2005 de cero Euros y, por consiguiente, el beneficio atribuido ese ejercicio a CCM CORPORACIÓN fue, igualmente, de nada.

Por supuesto, como también cabe esperar, una de las instituciones que contaron con el asesoramiento de la IFQA fue el ayuntamiento de Calviá, el mismo ayuntamiento que tuvo contratado como asesor a Fernando Monar Rubia y el mismo que también contrató los servicios de ESTRATEGIA LOCAL S.A.

El vecino suizo de la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, y sus socios.

Como he dicho al principio, en el número 60 del Pª Illetes de Calviá, es decir, en el mismo edificio de apartamentos en el que está domiciliada la IFQA y una planta por encima, tiene su sede social una empresa llamada CAMALLER 2010 S.L. que se dedica a la construcción, la promoción, la compraventa y el tráfico inmobiliario «en su más amplio sentido».

Lo poco comercial del barrio en el que está situada esta promotora, constructora, etc. no es lo único relevante en ella. Su propietario y administrador único lo es más todavía. Se trata de un tal Brian Sean Padgett, residente en Ginebra, Suiza y miembro de una entidad llamada PRINCIPLE CAPITAL, una empresa dedicada a la gestión de fondos de inversión «activa» y a la prestación de servicios fiduciarios internacionales e inscrita en el paraíso fiscal de Luxemburgo ―L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont. R.C. Luxembourg B 89.730― aunque sus administradores se reparten estratégiamente por distintos lugares de Europa. Estos administradores son:

Brian Alan Myerson, con domicilio en 9, Savoy Street, de Londres.

Brian Sean Padgett, domiciliado en 6, rue Kléberg, de Ginebra.

Leonard Joseph O'Brien, con domicilio en la misma calle Kléberg de Ginebra

David John Cooley, que comparte oficina con Myerson en la calle Savoy de Londres.

El «comisario de cuentas» es la entidad SILEX ADMINISTRATION S.A. Cuyas oficinas están sitas en la mencionada calle Kléberg de Ginebra y como directivos de la empresa también constan David John Cooley, George May, James Peggie y Richard Bolton.

Sin menospreciar a ninguna de estas personas, de todas ellas los que más interés despiertan en este momento son el propio Brian Sean Padgett, Leonard Joseph O'Brien y Richard Bolton.

Según la propia información suministrada por PRINCIPLE CAPITAL, Brian Sean Padgett, con base de operaciones, como he dicho, en Ginebra, suministra sus servicios a la sociedad a través de SILEX HOLDINGS Ltd.

Esta mercantil «suiza» está especializada en la administración de fondos de inversión activa y, lo que es más significativo, en la prestación de servicios fiduciarios. El «Activist Investment» consiste, como su propio nombre indica, en usar el capital concentrado en fondos de inversión para alcanzar posiciones decisorias en consejos de administración de distintas compañías y, de esa manera, determinar o forzar actuaciones en ellas, por lo general, meramente especulativas y dirigidas a obtener el máximo beneficio posible a corto plazo para los inversores del fondo.

La otra especialidad de SILEX HOLDINGS Ltd es todavía más reseñable. Se trata de la prestación de servicios fiduciarios internacionales. El contrato de fiducia o de fideicomiso podría muy bien llamarse «contrato de testaferría». No es otra cosa que el traspaso de la propiedad sobre determinados bienes con obligación de reintegro o de entrega a tercero, una vez cumplidas ciertas obligaciones pactadas o simplemente, una vez cumplida la condición establecida para dar por finalizado el plazo en el que el fiduciario aparece ante el mundo como propietario de la cosa.

Las características de este negocio jurídico lo han convertido, junto al «vendí» ―otro instrumento que normalmente acredita la venta de una cosa o de participaciones de una sociedad a una entidad o individuo que no aparece en los Registros― en una herramienta idónea para las tramas de corrupción y blanqueo puesto que permite, como ningún otro, ocultar al auténtico propietario y volver opacos los patrimonios de estas tramas.

En este sentido ―el de la fiducia, no el de las tramas de corrupción― el mencionado Brian Sean Padgett tiene un curriculum muy cualificado. Fue director financiero, concretamente «chief financial officer», del ABSA FINANCIAL SERVICES Ltd. la división offshore del sudafricano ABSA BANK Ltd, domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

Por su parte, Richard Bolton tampoco se queda atrás y, repito, según los datos suministrados por la propia PRINCIPLE CAPITAL, es un especialista en asentar empresas de administración de fondos en la Isla de Man, otro selecto paraíso fiscal.

Richar Bolton trabaja para PRINCIPLE CAPITAL en la citada isla pero antes, en 1993 lo hizo para MEES PIERSON (ahora el quebrado banco FORTIS) organizando y poniendo en marcha la unidad de administración de fondos de FORTIS en este paraíso fiscal. Posteriormente, en 1998, trabajó para el BANK OF BERMUDA en una operación similar, también en la isla de Man.

Finalmente, Leonard Joseph O'Brien es otro miembro del grupo SILEX, que trabaja para PRINCIPLE CAPITAL. Radicado en Ginebra, junto a Brian Sean Padgett, es decir, en el paradigma de la fiscalidad opaca y de las cuentas numeradas, este personaje fue uno de los directivos del grupo CHESTERFIELD, ejerció como «director on the boards» del REGAL TRUSTEES LIMITED en la isla de Jersey y del AEGIS TRUST COMPANY LIMITED en las islas Caimán. También perteneció a la directiva del BARCLAYS BANK de Suiza.

En los últimos tiempos las prácticas de este banco teóricamente británico están adquiriendo cierta notoriedad. Recientemente El País, citando como fuente a la organización internacional Global Witness, se refería a los más de 6 millones de € que «Teodorín» Nguema Obiang, el hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, se había gastado en una flota de Ferrari, Maserati y Rolls Royce, mientras el 80% de los guineanos sobrevive con menos de 200 € mensuales ―aunque esta situación seguramente cambie ahora que El Pocero va a construir pisos allí― y añadía que «al menos hasta noviembre de 2007, el hijo de Teodoro Obiang... despilfarró millones desde una cuenta en París del banco británico BARCLAYS, que obstaculizó las investigaciones de Estados Unidos sobre el origen de las cuentas de la familia presidencial pese a las “claras evidencias de que su familia está profundamente implicada en el saqueo de fondos estatales procedentes del petróleo”».

Pero Teodoro Obiang y su familia no son los únicos sujetos de similar condición que aparecen en la selecta lista de clientes del BARCLAYS BANK. Según la misma fuente, los servicios de esta entidad bancaria los comparten «el hijo del presidente del Congo, Denis Christel Sassou Nguesso; los saqueadores de los recursos naturales de Liberia, entre ellos el señor de la guerra Charles Taylor, reo de crímenes contra la humanidad en La Haya; el fallecido ex presidente Saparmurat Niyazov, violador de los derechos fundamentales en Turkmenistán, o los funcionarios adueñados del petróleo de angola»

Naturalmente BARCLAYS no es la única entidad financiera que hace este tipo de negocios. El mismo artículo de El País se refiere a la negativa del BANCO DE SANTANDER a facilitar datos sobre una cuenta abierta por una empresa guineana asociada a la familia Obiang, y el mismo informe de Global Witness menciona también a CITIBANK, a DEUTSCHE BANK, a HSBC, etc.

Ahora bien, hace escasamente dos meses, el 16 de marzo de este 2009, BARCLAYS BANK ha vuelto a ser protagonista de una oscura noticia relacionada con el blanqueo y la evasión de impuestos. Ese día el periódico británico The Guardian publicaba la noticia de que el Partido Liberal Demócrata había recibido unos documentos internos del propio banco que ponían de manifiesto los mecanismos utilizados por la entidad ―que por cierto, está negociando con el Gobierno un plan de ayudas públicas― para evadir al fisco no menos de 1.100 Millones de € al año, a través de las islas Caimán y de Luxemburgo.

Volviendo a PRINCIPLE CAPITAL y a SILEX HOLDINGS Ltd. hay que advertir, para terminar, que la presencia de uno de los individuos pertenecientes a estas sociedades en una oscura inmobiliaria de Calvía, no debe confundir sobre la importancia y volumen de sus operaciones. Según la información contable disponible de PRINCIPLE CAPITAL HOLDINGS S.A., SILEX HOLDINGS Ltd. provee servicios de administración a activos por valor de más de 1.700 Millones de $ a más de tener intereses, por ejemplo, con la EPICURE QATAR EQUITY OPPORTUNITIES Plc. domiciliada en la Isla de Man y en las Islas Vírgenes Británicas, o en la SPEYMILL DEUTSCHE IMMOBILIEN COMPANY plc.

Demasiado volumen de negocio, sin duda, para interesarse por un «kiosko» inmobiliario en Calviá pero ¿Tiene esto algo que ver con CCM, con la IFQA, con Margarita Nájera, con Fernando Monar, con Alfredo Arija, con José Luis Rodríguez Holgado o con ESTRATEGIA LOCAL? No lo sé. Lo único que sabemos es que la IFQA y la inmobiliaria de Brian Sean Padgett comparten dirección postal en una apartada playita de Calviá; que CCM tiene documentados demasiados negocios con miembros de la trama «malaya» que habían tejido una compleja trama de blanqueo a través del suizo Bruno Baumann y del oriundo alemán Juan Germán Hoffmann; que CCM había constituido una sociedad en las Islas Caimán que fue repatriada inmediatamente después de la intervención de la Caja; que José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal fueron los hombres designados por Hernández Moltó para representar a CCM en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero; que se han descubierto propiedades del «malayo Pedro Román Zurdo» en la localidad toledana de Bargas; o que el negocio de vender a las instituciones públicas «informes» de pura tramoya es un clásico desde los ya lejanos tiempos del caso FILESA; pero esto no quiere decir nada más que lo que quiere decir, y que la IFQA y el suizo Brian Sean Padgett coincidan en tan extraño lugar puede, perfectamente, ser una simple casualidad.

La importancia de la televisión de Castilla-La Mancha en una región con la cuarta parte de su población analfabeta

Mientras los brotes verdes de la economía castellano-manchega retoñan entre los escombros ―la vida se abre paso incluso a través del hormigón― según se aprecia en las fotografías, correspondientes al semiabandonado PAU de las Montanillas en Carranque, desarrollado por URBAPLANING, la empresa de Aurelio González Villarejo, el mismo conocido empresario que, además de ser amigo personal de Bono, está presente en todos los grandes fiascos inmobiliarios y financieros de la región y en algunos de fuera de ella, como es el caso de INMOBILIARIA COLONIAL; ayer se producía en el Parlamento regional un agrio debate relacionado con el incendio de Guadalajara pero, también, con la televisión regional.

Esta entidad pública dirigida por Jordi García Candau, especializada en la retransmisión de corridas de toros, certámenes de coros y danzas, fiestas patronales y hagiográficos reportajes sobre la ubérrima y sonriente realidad oficial del gobierno de Bon... digo de Barreda; está recibiendo subvenciones de 59 Millones de Euros y pagando a algunos de sus directivos sueldos anuales de 70.000 € (unos once millones y medio, largos, de Pts.) pero detalles al margen, hay que reconocer a las cosas la importancia que tienen y en Castilla-La Mancha, las imágenes tienen mucha importancia ¿Por qué? Pues porque ―según datos del INE publicados en 2006― en esta región el 20,78% de la población mayor de 16 años es analfabeta o no tiene ninguna clase de estudios y, además, resulta que Castilla-La Mancha va de largo a la cabeza del analfabetismo en España, sólo superada en un escaso 1% por Extremadura.

Para ese casi 21% de personas incapacitadas de tener otra fuente de información que no sean sus propios ojos y oídos, las imágenes de televisión tienen una gran importancia, una consistencia material. Son capaces de alterar la realidad del Mundo, de modificar el pasado y de ocultar el futuro.

De esta forma se explica que el Gobierno de Barreda no repare en gastos y que las últimas noticias sobre el Pocero, pongo por caso, ampliamente cubiertas por los medios de comunicación nacional, hayan merecido sólo escasos segundos en la televisión regional. Así también se explica que lo de CCM haya sido, más o menos, un liviano desajuste contable provocado por la crisis de Estados Unidos y no una quiebra o ya veremos si no un puro y simple saqueo planificado y sostenido en el tiempo.

Reconozco que ese 21% de analfabetos me resulta una cifra insultante y además muy disminuida porque si unos ciertos años de escuela, ya no es analfabetismo, sí que se le parece mucho. A eso se le suele llamar analfabetismo funcional y de éste no tenemos cifras.

Treinta y un años después de que se haya aprobado la constitución, que casi una cuarta parte de la población de Castilla-La Mancha siga calificándose de analfabeta es un oprobio pero, además, sólo puede comprenderse como un fenómeno, no sólo consentido, sino alimentado cuidadosamente por las instancias gubernamentales de la región, por este bonismo-barredismo tan jovial y poético que suele llamar a los planes de especulación urbanística, vertebración; y a los engendros de trece mil viviendas en medio de los páramos despoblados o a los campos de golf regentados por detenidos en la Operación Malaya, desarrollo sostenible.

Así las cosas ¿qué puede extrañar que el Director del Centro Nacional de Inteligencia, criado en los arcanos políticos de Castilla-La Mancha y cuñado ―en cuarto grado de afinidad, pero a fin de cuentas, cuñado― de Bono, se dedique, según dicen, a traficar con patatas?

Las verdaderas cuentas de CCM en 2008: pérdidas de 1.066 Millones, el 44% de los créditos dados a constructores y 225 Millones perdidos en Ciudad Real

Ahora, lo que es imprescindible conocer es la lista de las personas jurídicas o físicas a las que ha ido a parar ese 44% de los créditos dados por CCM a constructoras y sociedades inmobiliarias, entre las que están, como sabemos, empresas de Juan Antonio Roca, de Pedro Román o de Enrique Ventero, todos ellos protagonistas del caso Malaya. Entre tanto reproduzco literalmente la nota de prensa de Terra-Reuters hecha pública hoy:

«El informe del auditor, que presenta varias incertidumbres y salvedades, asegura que la caja obtuvo unas pérdidas de 1.066 millones de euros antes de impuestos en el ejercicio 2008 y que, pese a la intervención realizada por el Banco de España, la evolución de su negocio y la recuperación de activos fiscales por 403 millones de euros dependerá del plan de actuación de los actuales administradores.

A cierre del primer trimestre, la morosidad de la caja era una de las más altas del sistema financiero español, un 12 por ciento, y las pérdidas ascendían a 11 millones de euros.

'La propia formulación de estas cuentas anuales del ejercicio de 2008, en cuanto supone un ejercicio de realismo, debe ser el punto de partida para el diseño e implementación de las actuaciones a desarrollar para consolidar el negocio y viabilidad de la caja', afirma la entidad en su informe de gestión.

Según los datos de la auditoría, en el momento de su intervención, Caja Castilla la Mancha contaba con un coeficiente de capital regulatorio (coeficiente de solvencia) del 5,2 por ciento (1.000 millones), inferior al mínimo exigido del 8 por ciento (1.540 millones).

Sin embargo, gracias al rescate del Banco de España, que otorgó una línea de avales de 9.000 millones de euros de importe máximo - a 31 de marzo ha sido dispuestos 1.500 millones - y a la suscripción por el Fondo de Garantía de Depósitos de una emisión de participaciones preferentes por 1.300 millones de euros, el ratio de solvencia se ha elevado al 11 por ciento.

'Los objetivos de gestión asumidos desde la sustitución por Banco de España de los anteriores administradores, se ha centrado, prioritariamente, en la normalización organizativa, del negocio minorista y de la recuperación de la inversión dudosa', afirma la caja en su informe de gestión.

RIESGO INMOBILIARIO

Las cuentas firmadas por el auditor atribuyen a su exposición al mercado inmobiliario una de las principales razones para las dificultades financieras de la caja.

De hecho, según consta en el informe de auditoría, a 31 de diciembre de 2008 la caja poseía inversiones en el sector - mediante créditos o inversiones directas en compañías - que ascendían a cerca de 7.900 millones de euros.

Tal y como afirma la propia entidad en su informe de gestión, su exposición al negocio constructor e inmobiliario ascendía a 31 de diciembre de 2008 al 44 por ciento de su cartera de créditos.

Una de las salvedades que destaca el auditor es que el grupo mantiene 'ciertos activos inmobiliarios por 242,9 millones de euros netos de deterioro para cuya evaluación del deterioro se han utilizado tasaciones realizadas por terceros basadas en hipótesis e hitos inmobiliarios cuyo cumplimiento no puede ser evaluado'.

PROYECTOS MEGALÓMANOS EN CIUDAD REAL

Uno de los proyectos que ha sido más criticado a los gestores de la entidad manchega ha sido su inversión en el aeropuerto de Ciudad Real y el complejo residencial y de ocio 'El Reino de Don Quijote'.

El aeródromo, situado cerca de la ciudad castellana, cuenta con poco tráfico y está demasiado sujeto a ciertos desarrollos turísticos muy retrasados como el mencionado 'Reino de Don Quijote', un proyecto que pretende aunar casinos, golf, hoteles y viviendas de lujo en la meseta manchega.

A este respecto, el auditor pone en duda que la sociedad pueda recuperar las inversiones realizadas en ambas operaciones - tanto el aeropuerto como el complejo inmobiliario - que cifra en 30,8 millones de euros por su participación directa y casi en 195 millones de euros mediante financiación».

Los viajes de placer del director del CNI, otro hombre de Bono, y el decálogo contra la corrupción

Ayer me refería al olvidado decálogo contra la corrupción que fue eje central de la propaganda el PSOE en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Entonces el Presidente del Gobierno y hombres muy destacados de su equipo aseguraban, un día sí y otro también, que ningún imputado por corrupción iría en sus listas electorales, que no consentirían que ningún imputado por corrupción, en lo que de ellos dependiera, ocupara cargos públicos y que, además, serían especialmente rigurosos con los militantes de su propio partido.

Aquella era una buena idea. Difícil de cumplir porque los implicados se defenderían ferozmente, desplegarían todos los elementos posibles de sus respectivas parcelas de poder y pondrían sobre la mesa sus correspondientes bolsas de votos, lo cual era un argumento de mucho peso, pues como se sabe en España desde la época de la Restauración, paradigma del caciquismo, el tiranuelo que está a pie de obra es el que más fácilmente compra votos y cautiva votantes.

Era una buena idea, digo, porque la degradación de nuestra vida pública está empezando a ser irrecuperable. Ya dije que el Parlamento Europeo calificó hace poco la situación española de «corrupción endémica». Las grandes operaciones policiales o judiciales desencadenadas en los últimos años están poniendo de manifiesto demasiados nexos entre cada una de las tramas descubiertas, desde «Malaya» a «Gürtel» o desde «Ninette» a «Astapa», además de una constante reiteración de ciertos nombres que siempre parece que «pasaban por allí» casualmente.

De aquel riguroso decálogo contra la corrupción no se ha vuelto a oír hablar. El PSOE ―al igual que el Partido Popular― llevó en sus listas a sujetos sospechosos de corrupción con causas abiertas flagrantes y, en la mayoría de los casos, esos reprobables sujetos ―por no decir, despreciables, pues poco aprecio le debe la res publica a quienes tan cualificadamente se han hecho sospechosos a ojos de la Justicia― ganaron electoralmente, apresurándose, por un lado, a asegurar que las urnas, como a aquél la Historia, les habían absuelto; y por otro, a advertir a sus partidos que harían muy bien en no «toserles» no fuera a ser que sus bolsas de votos cautivos acabaran por desplazar el signo político de los tiempos.

Como la corrupción parece ser que no castiga electoralmente y como la debilidad del Gobierno resulta manifiesta, ni Rodríguez Zapatero, ni el resto de los dirigentes del PSOE han vuelto a hablar de su decálogo contra la corrupción, limitándose a hacer alharaca del caso Gürtel y a silenciar los muchos indicios que ligan a destacados prohombres de su partido con la trama malaya. Por supuesto, el silencio también reina con respecto a los nexos, más que evidentes, que conectan el caso Gürtel y el caso Malaya, entendido éste en sentido amplio, es decir, Hidalgo, Saqueos, Ballena Blanca, Astapa, etc. etc.

Pero olvidarse del decálogo contra la corrupción ha sido una mala idea, tan mala como buena fue, en su día, ponerlo sobre la mesa. Hoy El Mundo lanza una andanada demoledora contra la línea de flotación del Gobierno de Zapatero, en general ―ya tocado gravemente por el caso Chaves― y contra la vicepresidenta Fernández de la Vega en particular, que fue quien se empeñó en renovar el mandato del director del CNI, Alberto Sáiz.

El Mundo ya había hecho una advertencia seria cuando hace algún mes publicó que el tal Alberto Sáiz podía haber estado cazando en Africa ―lo cual era falso. No estuvo cazando, estuvo pescando― con dinero público. Hoy el mismo periódico publica dos páginas con documentación gráfica que acredita «que Alberto Sáiz participó en la pesca del pez espada en Senegal. No solamente eso, según los denunciantes, el director del CNI intentó luego borrar sus huellas. El Mundo dispone de un acta notarial que corrobora que su imagen fue eliminada de la web de la empresa que organizó la pesca».

En la portada de ese periódico se lee: «acusan a Sáiz de cazar y pescar en países exóticos con cargo al CNI» y el titular se ilustra con una fotografía del director del servicio de espionaje español sosteniendo un espléndido pez espada y rodeado de agentes del Centro. Luego, esa misma fotografía aparece manipulada. Mientras el cuerpo de Alberto Sáiz continúa en su sitio, su cabeza ha desaparecido y sido sustituida por la de uno de los funcionarios que le acompañan, por cierto con tanta sagacidad que el funcionario en cuestión conserva su propia cabeza a la par que la comparte con el cuerpo del señor Sáiz en un ejemplo imposible de duplicidad cuántica.

¿Qué esperaban Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega? ¿Que esto no pasara? Como todos los que le han precedido y todos los que le seguirán en casos similares, Alberto Sáiz, tras las primeras informaciones sobre sus «hechos cinegéticos», compareció en el Congreso de los Diputados y se puso solemne. Toda esa información eran calumnias, injurias, falacias, vilezas, canalladas de cobardes. El jamás había utilizado medios públicos para su solaz. El era una persona con «los bolsillos de cristal».

Alberto Sáiz llegó al CNI desde Castilla-La Mancha y, concretamente, desde una de las consejerías de José Bono ―al que le unen lazos familiares. Está casado con una prima de la esposa de éste― la de Industria; y desde la Dirección de Medio Ambiente, también bajo el gobierno de José Bono. Fue Bono, en su calidad de Ministro de Defensa y hombre muy sabedor de lo que vale la buena información, quien le colocó al frente del CNI y cuando Bono cayo, empujado por la arrolladora personalidad de Paco el Pocero, Sáiz consiguió mantenerse donde estaba y lo que ha sido más difícil, renovar in extremis su mandato a pesar de que el dedo acusador de sus propios actos ya estaba posado sobre su frente.

¿Qué creían Rodríguez Zapatero y Fernández de la Vega que iba a pasar cuando renovaron en el cargo a Alberto Sáiz? Es más ¿qué creían el Presidente y la Vicepresidenta que iba a pasar cuando decidieron traerse a Madrid a Manuel Chaves y a Gaspar Zarrías, al que algunos califican como el Rasputín andaluz?

Puede que creyeran que iba a pasar, exactamente, lo que ha pasado, pero si es así, tienen una forma muy escabrosa de aplicar el decálogo contra la corrupción.

El PSOE de Castilla-La Mancha se desentiende otra vez de Seseña mientras la ministra de vivienda ofrece apoyo jurídico a los vecinos de El Quiñón

Hay cosas que no tienen remedio y el apoyo, unas veces manifiesto y otras de facto, del PSOE toledano a los intereses del Pocero en Seseña es una de esas cosas. En los últimos días Francisco Hernando ha vuelto a lanzar un envite al Ayuntamiento de la localidad toledana. Se larga, se va a construir a otros países donde hay gobiernos que le respetan ―Por ejemplo el gobierno de Obiang Nguema, un ejemplo de honestidad política, lo cual, para que no haya duda, digo irónicamente y también con una cierta amargura― y abandona la urbanización de El Quiñón y las obligaciones que aún le ligan a ella.

En este sentido, hoy, Manuel Fuentes (en la foto) ha contestado en extensa rueda de prensa a las últimas declaraciones o manifestaciones de Urdaci, digo del Pocero, pero esta no es la cuestión que me ocupa ahora, sino lo dicho el pasado día 12 por la Secretaria de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha, Esther Padilla.

Según esta señora, que habla en nombre del partido de Barreda «Si el promotor tiene que urbanizar, que urbanice; y si deposita una fianza y no urbaniza, pues la fianza se podrá hacer cargo de la financiación».

En otras palabras, que ni el PSOE regional, ni el Gobierno de Barreda tienen nada que decir en un asunto como el de la urbanización del Pocero en Seseña; un asunto que se está viendo en los tribunales, con José Luis Martínez, alcalde socialista de la localidad cuando todo comenzó, acusado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Toledo, de graves delitos; un asunto con el que destacadas figuras del PSOE toledano han sido relacionadas por informaciones reiteradas en los medios de comunicación, como es el caso de Emiliano García Page; o un asunto que tiene por protagonista central a Francisco Hernando Contreras, el mismo que fue descubierto haciendo obras en el hipódromo de José Bono.

Si el Pocero se va de Seseña y deja incumplidas obligaciones que tenía contraídas como el Agente Urbanizador que era, el problema es del Ayuntamiento. El PSOE de Castilla-La Mancha no tiene opinión sobre el caso y, mucho menos, ninguna iniciativa que impulsar en apoyo de Manuel Fuentes ―un «gilipollas, el único alcalde honrado de España», como dicen que le dijo un día el Pocero― y de los vecinos de El Quiñón.

Sin embargo, hoy mismo se ha dado una curiosa noticia. La ministra de vivienda, Beatriz Corredor, sin ninguna competencia funcional en los problemas urbanísticos de Seseña, ha declarado que su ministerio prestaría la asistencia jurídica que necesitaran a los vecinos de la urbanización del Pocero, en el caso de que éste hiciera efectivo su anuncio de abandonarla.

El hecho contrasta violentamente con la actitud de los responsables políticos del PSOE toledano, por no decir con la actitud del silente José María Barreda, que tan efusivos abrazos dicen que le daba a Paco el Pocero cuando le recibía en su despacho.

Este intenso contraste en las reacciones, me trae a la memoria un párrafo del libro de las periodistas Alejandra Ramón y Ruth Hugalde: «El Pocero de Seseña», que en su día fue «Premio Debate» y del que nadie ha desmentido ni una sola coma. En la página 160 de ese texto se lee lo siguiente:

«Verano de 2006. A las puertas del despacho de la ministra de vivienda, un consejero de una de las mayores inmobiliarias españolas espera reunirse con María Antonia Trujillo. Habían hablado un día antes por teléfono y ella le había citado en su despacho: “Ven a las cinco de la tarde, tengo que contarte algo”, le dijo. Mientras esperaba su turno, el consejero vio marcharse al director de uno de los primeros periódicos del país. Un encuentro que había retrasado ligeramente su cita. Pero la información valió la pena. Tras las formalidades de turno, Trujillo empezó a contarle una extraña trama de intereses inmobiliarios y supuestos favores políticos en Seseña que salpicaba directamente a José Bono. Moncloa no tenía pruebas, pero sospechaba que las acusaciones eran ciertas... El consejero se despidió de la ministra, consciente de que le estaba utilizando para trasladar la historia a la prensa. Quería que él fuera la bolita que golpease la primera ficha del dominó e impulsase la caída del resto».

Entonces algo cayó. Concretamente, un ministro de defensa al que el Pocero tenía por amigo y que en los últimos tiempos asegura no haberle conocido nunca: José Bono. Hoy en día, con las barbas de Manuel Chaves desprendiendo flamígeros destellos, uno diría que el injerto capilar del señor Bono debería ser puesto a remojo urgentemente, pero se trataría de un cálculo arriesgado. ¿Quién se acuerda ya del decálogo contra la corrupción que tanto aireó el PSOE durante las últimas elecciones municipales? ¿Qué fue de aquellas afirmaciones de José Blanco de que no era «consentible» que un imputado por corrupción continuara desempeñando su cargo público? ¿Se lo preguntamos a Alejandro Pompa, alcalde de Carranque, Toledo?

Castilla-La Mancha es un universo cerrado, una extravagancia en la que una caja de ahorros quiebra por dar créditos multimillonarios a los amigos del presidente o a los protagonistas del caso «malaya» ―que supongo que no serán, también, amigos del presidente― donde en los aeropuertos sólo sobrevuelan los grajos, donde los destituidos consejeros de la caja quebrada acusan de falsificación a los directivos que ellos mismos pusieron o donde el presidente regional se pasea sin vergüenza al lado de algún imputado por graves delitos de corrupción. Castilla-La Mancha necesita una Fiscalía Especial para ella sola porque va a estallar y cuando se produzca el ziquitraque, amables y no tan amables lectores, ríanse de Málaga.

El equívoco episodio de la quiebra del aeropuerto de Ciudad Real. Una empresa de Díaz de Mera tras la petición de concurso

El aeropuerto de Ciudad Real ha vuelto desde hace unos días a la más rabiosa actualidad. Una sociedad, MONTREAL MONTAJES, a la que CR AEROPUERTOS adeuda 17 Millones de € ha presentado en los Juzgados de Ciudad Real una solicitud de concurso necesario de acreedores contra esta última.

El fiasco se veía venir. La continuidad del aeropuerto de Ciudad Real parece sólo depender de dos opciones: o se encuentra un comprador rápidamente, al menos para una parte sustancial de la sociedad o de sus terrenos, o se vuelca sobre él dinero público a discreción.

De hecho, según un informe de CCM al que se refiere El Mundo, CR AEROPUERTOS adeuda a distintas sociedades más de 126 Millones de Euros. La totalidad de su capital social asciende a algo más de 103 millones, si bien hay acordada desde el pasado abril una última ampliación de este capital por valor de otros 100 millones que no que está resultando muy difícil de cubrir.

Por lo tanto no se trata sólo de que la deuda a corto supere el activo circulante de la sociedad. Es, pura y sencillamente, que CR AEROPUERTOS se está quedando sin capital para hacer frente a sus deudas. De hecho la sociedad presenta aún signos de vida porque el Gobernador del Banco de España prohibió a los administradores de la intervenida CCM ejecutar los créditos vencidos y no pagados por CR AERIPUERTOS.

Sin embargo, ahora, a esta situación se suma el truculento episodio de la solicitud de concurso de acreedores y digo que esto es truculento porque la entidad que ha presentado esa solicitud es una empresa en la que participa el propio Domingo Díaz de Mera y en la que otra de sus sociedades, RUTESO APLICACIONES, es accionista mayoritario.

Así podríamos pensar que los propios accionistas mayoritarios de CR AEROPUERTOS se hacen el seppuku. Sin embargo el asunto o su truculencia no termina aquí. Poco después de difundirse la noticia de la solicitud de concurso, CR AEROPUERTOS anunció que ha presentado denuncia contra el presidente de MONTREAL, José Angel González Tausz, por estafa procesal, coacciones, realización arbitraria del propio derecho, etc. etc. Al mismo tiempo la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real aseguran que la iniciativa de MONTREAL sólo busca adelantar el pago de los 17 Millones que CR AEROPUERTOS adeuda a ésta.

Y para dar a todo esto la emoción de un triple salto mortal, Domingo Díaz de Mera (en la foto) y los Barco Fernández se desvinculan de la decisión de González Tausz, asegurando que ellos, accionistas mayoritarios de MONTREAL, no tienen nada que ver con el asunto.

No obstante, acabe como acabe este turbio juego de equívocos, el incidente pone sobre la mesa una cuestión esencial. Resulta que los más importantes socios de CR AEROPUERTOS son, al mismo tiempo, acreedores de esta sociedad y, además, en cantidades fabulosas.

Este mecanismo presenta una curiosa vertiente. Resulta que estos socios, Díaz de Mera, Barco Fernández, Méndez Pozo y González Villarejo, fundamentalmente, financiaron su inversión en el aeropuerto de Ciudad Real con créditos de CAJA CASTILLA-LA MANCHA y garantizaron esos créditos con las propias acciones de CR AEROPUERTOS.

A su vez, puesto que ellos eran quienes decidían, se convirtieron, al menos en el caso de Díaz de Mera, en proveedores de su propia sociedad, naturalmente transfigurados en otra personalidad jurídica. Así, por ejemplo, CR AEROPUERTOS adeuda 17 Millones a Díaz de Mera y sus socios de MONTREAL o 91,5 Millones a una UTE formada por ISOLUX ―la empresa de Luis Delso, también fuertemente participada por CCM― y SACYR, que ya estaba tardando en aparecer.

Ahora, con la inversión del aeropuerto convertida en ruinosa, este esquema de inversión y financiación se vuelve muy singular. CCM, capitaneada por el destituido Hernández Moltó, financió una inversión multimillonaria a unas personas estrechamente vinculadas al presidente del Gobierno Regional. Estas personas garantizan esos grotescos préstamos con acciones de la propia inversión financiada, es decir, no arriesgan un céntimo de su patrimonio pues si la ocurrencia llegaba a quebrar, CCM sólo podría resarcirse con las acciones de una sociedad en ruinas cuyo patrimonio se había adquirido con el propio dinero de la Caja, no con el de los socios que la habrían llevado a la quiebra.

Pero no acaba aquí la cosa. Como resulta que esos socios que invirtieron en el aeropuerto con dinero de CCM, son quines toman las decisiones ejecutivas en el consejo de administración del aeropuerto, nos encontramos con que, al menos en parte, ellos mismos, a través de otras «marcas» se hacen con contratos, también multimillonarios, para la construcción y dotación del aeropuerto.

De este modo tan simple, la inversión financiada por CCM se vierte en los bolsillos de unas empresas que pertenecen a quienes toman las decisiones en el aeropuerto que así se convierten en acreedores de su propia sociedad o, mejor dicho, de la sociedad de CCM porque, como hemos visto, bien por inversión directa, bien por financiación, el aeropuerto ha sido sufragado por CCM ―según la información hecha pública por El Mundo― en un 90%.

Si todo hubiera salido bien, Díaz de Mera, Méndez Pozo, Barco Fernández, González Villarejo y algunos otros, también habrían hecho un fabuloso negocio sin arriesgar un céntimo, pero las cosas parecen haber salido mal. Veamos qué efecto tiene o puede tener esta calamidad.

Si con el aeropuerto en quiebra o en vísperas de quiebra, uno de los socios mayoritarios de la entidad, pongamos Domingo Díaz de Mera, instara un concurso de acreedores, el resultado más significativo que esto provocaría sería que CCM tendría que ejecutar las garantías de los préstamos concedidos a los socios de CR AEROPUERTOS. Las garantías de esos créditos son las acciones de la sociedad, que CCM tiene pignoradas, puestas en prenda, para entendernos.

Lo malo del asunto es que las acciones de CR AEROPUERTOS, con la entidad quebrada, no valen ni el papel en el que están anotadas, así que los socios, que nada arriesgaron en un principio, nada pierden en el final pero, como además son acreedores del aeropuerto y tienen que cobrar por los servicios que se prestaron a sí mismos, CR AEROPUERTOS, tendrá que cederles la parte alícuota que les corresponda de los activos ―básicamente terrenos― que a fecha del concurso existan, activos que, en su práctica totalidad, han sido pagados con el dinero de CCM.

En resumen, que los millones de euros salen de la Caja de Hernández Moltó, llega a una sociedad en la que unos «socios» deciden contratar consigo mismos cobrando sus servicios del dinero que CCM les había prestado. Llegado el desastre, la Caja se queda con las acciones de una sociedad quebrada y los socios con el dinero contante y sonante que la Caja les prestó o, en su caso, con los terrenos que compraron, a precio miserable, con ese mismo dinero y que, curiosamente, el Gobierno Regional presidido por José María Barreda, amigo personal de varios de ellos, ha cambiado de condición multiplicando su valor ―de 54 céntimos m², precio de adquisición expropiación mediante, a 300 ó 400 €/m²― mediante la modificación de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha. Conclusión: CCM pierde y los socios ganan, sí o sí.

No digo yo que esto sea lo que está pasando. Puede que el enfrentamiento entre Domingo Díaz de Mera, Barco Fernández o Larrañaga Arruti, con el presidente de MONTREAL, José Angel González Tausz sea completamente real. Puede que González Tausz vea como la aventura de sus otros socios le está arrojando a la quiebra y puede que sienta un terror pánico al calibrar las probabilidades de llegar a cobrar alguna vez los 17 Millones que se adeudan a su sociedad, pero lo cierto es que, en este momento, el concurso de acreedores de CR AEROPUERTOS no parece ser una catástrofe para Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo y los demás, de ahí que todo el episodio resulte un poco demasiado ficticio.

Por último, hay otra cosa de suma importancia en la noticia publicada por El Mundo. Cuando CCM financió el aeropuerto de Ciudad Real, los socios del ingenioso negocio no sólo aplicaron esos créditos a la construcción del aeródromo, sino a dotar una aventura de la que todavía falta un análisis en profundidad: el desembarco de Luis Portillo y sus mesnadas en INMOBILIARIA COLONIAL.

Conscientes de la importancia y tamaño de la presa, Portillo, Koplowitz, Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo y otros «constructores» de menor renombre como es el caso de Juan Gracia Jiménez, el propietario de PEINSA-97, aunaron fuerzas en la OPA lanzada contra COLONIAL. Ahora nos enteramos que esa OPA fue también financiada por CCM, pero de forma oculta o indirecta, es decir, a través de unos créditos dados y justificados para una cosa y usados para otra.

El hijo de Méndez Pozo: “volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal”

Ayer, Periodista Digital, publicaba que el Grupo Promecal, es decir, el buen amigo de Bono y Barreda, «Michel» Méndez Pozo (en la foto) cerraba sus cabeceras de La Tribuna de Cuenca y Guadalajara y ponía en la calle, de momento, a 90 trabajadores.

Con esta medida, Méndez Pozo dice que «intenta consolidar la actividad y el compromiso adquirido con Castilla-La Mancha ―l'État c'est moi, que dirían Bono o Barreda― manteniendo el mayor número posible de puestos de trabajo en esta Comunidad Autónoma».

Miguel Antonio Méndez Pozo, es un conocido empresario de la construcción en las dos Castillas desde que, condenado en 1992 ―un auténtico pionero, en esto― por el «caso de la construcción» de Burgos, ingresó en prisión.

En los últimos tiempos, tras resurgir espectacularmente de las cenizas del presidio, ha adquirido notoriedad en Castilla-La Mancha, no sólo por su estrecha relación con Barreda y con el propio José Bono, quien llegó a decir, según publicó El Semanal Digital, «que le hubiese gustado conocerle de niño para jugar a las canicas con él», sino por su presencia en los negocios del aeropuerto de Ciudad Real y de «El Reino de Don Quijote» y por dominar, junto a sus socios Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, buena parte de los medios regionales de información.

Sin embargo, desde aquel 1992, sus actuaciones han venido rayando lo discutible, lo muy discutible e, incluso, los sospechoso. Con los pies firmemente apoyados en las dos orillas de la política española, en Burgos, bajo la autoridad regional del PP, ha resultado adjudicatario de la concesión de televisión digital de Castilla y León asociado con José Luis Ulibarri (en la foto) el imputado en la Operación Gürtel.

En Castilla-La Mancha, con un gobierno de aparente signo contrario, a más de optar también a la concesión de una televisión digital y de mantener, como vengo diciendo, una pública y notoria cercanía a José María Barreda, se acaba de ver favorecido por una modificación ad hoc de la Ley del Suelo regional que le permitirá convertir ―a él y a sus socios― el «Proyecto de Singular Interés» del aeropuerto de Ciudad Real en un saneado negocio de venta de parcelas industriales, previamente expropiadas a los labradores del lugar al atractivo precio de 54 céntimos el metro cuadrado.

Ahora, la recesión y el fiasco inmobiliario están poniendo en peligro la buena fortuna conseguida por Méndez Pozo tras su salida de prisión. Sin embargo no hay que confiar mucho en el efecto profiláctico de la crisis. El favor político puede, muy bien, invertir el proceso de «selección natural» que desde los tiempos de Adam Smith se atribuyen a aquélla, pues no tienen por qué sobrevivir los más aptos, sino lo más protegidos y Méndez Pozo sabe cómo buscar el cobijo necesario o, al menos, eso parece desprenderse de los siguientes hechos.

El 6 de agosto de 2006 El Semanal Digital se hacía eco de unas declaraciones de Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Méndez Pozo. Durante la inauguración de un tramo de la circuvalación de Burgos adjudicado a una UTE en la que participaba una de las empresas de su padre, el hijo tomó la palabra y declaró:

«El próximo año yo calculo que por el mes de marzo o mes de abril nueve amigos de esta ciudad y empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una Feria de Construcción, un algo de Urbanismo, alguna cosa, y si Dios quiere volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal y honestidad hasta... hasta el infinito, porque además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su dedicación de otra forma».

Dos meses antes, eso mismo, «agradecerles su dedicación» es lo que este grupo de empresarios, incluido Miguel Méndez Pozo, había hecho al invitar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Javier Lacalle, y a los técnicos de su departamento a pasar, gratia et amore, tres días en la Riviera francesa.

Inmediatamente después de este viaje, los generosos empresarios tuvieron la suerte de resultar adjudicatarios de la construcción de un túnel en la calle Islas Baleares, de Burgos. La oferta, aún siendo la más cara, fue informada favorablemente en tanto que incluía una alternativa de tráfico durante la construcción. No obstante, concedida ya la obra, los adjudicatarios presentaron una modificación del proyecto, que les fue aprobada, en la que esta ventaja, decisiva para la adjudicación, fue suprimida.

Hernández Moltó acusa a los directivos de CCM de "engaño" y "falsedad contable" y amenaza con una querella criminal

Cosas veredes, amigo Sancho, que harán fablar las piedras, pero esta les hace clamar. Según informa hoy El Mundo, Juan Pedro Hernández Moltó, no sólo encabeza el recurso que los consejeros han presentado ante el Ministerio de Economía asegurando que son inocentes de todo y que el equipo directivo de CCM les engañó falseando sostenidamente la contabilidad de la Caja, sino que prepara contra ellos una querella criminal.

El Mundo entrecomilla varios párrafos del recurso presentado por Moltó y los demás consejeros que merecen ser resaltados aquí:

Los directivos «engañaron y falsearon las cuentas de la caja».

«El Banco de España ha procedido con la resolución impugnada a premiar a los directivos expertos en engañar y falsear las cuentas de CCM, a sabiendas del propio Banco de España de la comisión de ese engaño o fraude contable a lo largo de de todo el ejercicio 2008»

«La lógica del Banco de España para la sociedad es clara. Si usted es un directivo de una caja de ahorros y falsea la contabilidad y engaña a su consejo de administración, no se preocupe... pues aunque el Banco de España esté supervisando la caja y las actas de los órganos de gobierno y por tanto sea consciente de esa falsedad documental, el supervisor cesará al consejo engañado y les mantendrá en sus puestos de trabajo y dirección, e incluso les confirmará en ellos».

En esta línea, los consejeros de CCM, con Hernández Moltó a la cabeza, preparan una querella criminal que, dicen, presentarán ante los tribunales próximamente, aunque advierten ―esto no es una amenaza― que antes tratarán que la ministra de Economía «conozca su versión de los hechos».

Finalmente responsabilizan del «engaño» y la «falsedad contable» al equipo directivo capitaneado por el destituido Ildefonso Ortega, señalando especialmente a:

1. José Luis Rodríguez Romo.
2. Juan Tomás Vidal.
3. Francisco Hernánz Manzano.
4. Alejandro López Hernández.
5. Francisco Javier Saiz.
6. Miguel Angel Martínez.
7. Juan Manuel Díaz Crespo.

Independientemente de que es incomprensible, si no intolerable, que todas esas personas y algunas otras que faltan en la lista, como José Luis Rodríguez Holgado, José Miguel Físico Cabañas o Florencio Fernández Gutiérrez, continúen en sus puestos y no hayan sido fulminantemente cesados, ya que no denunciados inmediatamente ante la Fiscalía; resulta realmente sarcástico que el consejo de administración en pleno y el propio presidente de la entidad, Hernández Moltó ―que ahora dice que era «presidente no ejecutivo»― pretendan haber vivido engañados durante más de una año.

¿No leían estos señores la prensa? ¿No les habían llegado noticias de que el desastre se estaba precipitando? ¿No se habían enterado de que la Caja estaba «haciendo negocios» con gente poco recomendable y muy sospechosa como varios imputados en la Operación Malaya e, incluso, con el propio Juan Antonio Roca?

Bueno, admitamos que en los despachos de CCM no se leen los periódicos, pero ―permítaseme la vanidad― lo que me consta que sí se lee asidua y atentamente, es Notitia Criminis. Demasiada atención han prestado a mi modesta persona estos honorables caballeros, legos en contabilidad financiera, para vivir tan engañados como dicen que vivían.

Y la Fiscalía Anticorrupción ¿qué opina de todo esto?

La oposición exigirá en el Senado que Fernández Ordóñez explique por qué ha prohibido a CCM ejecutar los créditos vencidos de CR Aeropuertos

Pese a la dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS de Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y los Barco Fernández ―según manifestaciones del propio Díaz de Mera, para que su presencia no perjudique el proyecto― la modificación de la LOTAU aprobada por Barreda y su partido para posibilitar la venta de los suelos del Aeropuerto de Ciudad Real, sigue atrayendo la atención sobre Castilla-La Mancha.

Mientras, como se puede comprobar en la siguiente grabación, Domingo Díaz de Mera continúa manteniendo su tesis, coincidente con la de Barreda, de que tras las noticias que están apareciendo sobre el aeropuerto de Ciudad Real sólo hay una campaña orquestada por Dolores de Cospedal, por El Mundo y por una de sus periodistas en particular, Cristina Caballero, a la que sutilmente advierte que sabe que es natural de Albacete.

Sin embargo, a pesar de las explicaciones dadas por el importante empresario manchego, el senador del PP Agustín Conde ha anunciado que su grupo pedirá la comparecencia del gobernador del Banco de España para que explique por qué se ha dado orden a la nueva dirección de CCM de no ejecutar los créditos vencidos que le adeudan los socios del aeropuerto.

Ahora bien, puestos a exigir explicaciones, el grupo popular del Senado también debería exigir a Miguel Angel Fernández Ordóñez que haga pública, de una vez por todas, la lista de créditos de riesgo concedidos por Hernández Moltó y su equipo.

Debería exigirle que explique en qué situación se encuentra el crédito de 30.000.000 € concedido a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del «malayo» Pedro Román Zurdo y del socio de Roca, Juan María López Alvarez, que la Caja renovó dos días antes de su vencimiento y apenas una semana antes de la intervención.

Debería pedir explicaciones al gobernador del Banco de España sobre la cantidad exacta de dinero prestado a imputados en la trama de corrupción marbellí y que la prensa ha cifrado en 200 Millones de Euros. Debería pedir explicaciones sobre la situación de las sociedades que CCM comparte con detenidos e imputados en la Operación Malaya o con personajes cercanos y asociados a estos, como es el caso de Enrique Ventero o Juan María López Alvarez, sobre el dinero invertido en esas sociedades y, expecialmente, debería exigir explicaciones de por qué continúan en su puesto directivos como Juan Tomás Vidal o José Luis Rodríguez Holgado, que han compartido y comparten asiento en distintos consejos de administración con estos personajes.

Tampoco estaría de más preguntar qué sabía de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, el alcalde de Bargas (Toledo) que, además, es vicepresidente de la Diputación Provincial, Gustavo Figueroa Cid; y si en el «campo de golf de Layos (Toledo) donde han aparecido el «malayo» Javier Arteche Tarascón y el letrado detenido e imputado en la Operación Astapa, Luis Fernando Linares Torres, están o han estado comprometidos préstamos o inversiones de CCM.

A dos meses de la intervención de la Caja, la oscuridad sigue reinando sobre todas estas cuestiones y todo apunta a que el Bando de España no tiene ninguna intención de encender la luz.

TOLEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP, Agustín Conde, anunció hoy que su grupo va a pedir la comparencia en la Cámara Alta del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, «ante la sorpresa inaudita de que los nuevos gestores de CCM han decidido no ejecutar los préstamos impagados que tienen en relación con el aeropuerto de Ciudad Real, para permitir que sus propietarios puedan venderlo y terminar de hacer negocio».

Así lo adelantó el senador 'popular' en la rueda de prensa que ofreció hoy en Toledo, en la que se preguntó si la nueva dirección de Caja Castilla La Mancha «va a tener esta actitud con todo el mundo, o es que hay ciudadanos de primera y de segunda».

Según defendió Conde, «hay empresarios que deben cientos de millones de euros a CCM, y que probablemente han causado el mayor quebranto patrimonial que ha tenido la caja y su falta de solvencia, que no ejecutan los préstamos. Pero la caja sí que embarga a pequeños ahorradores y clientes», criticó.

Aludió en su comparecencia a los cientos de pequeños propietarios a los que se les expropiaron sus tierras «pagándoles medio euro por metro para construir un aeropuerto, cuyos dueños, ahora, lo van a revender haciéndose multimillonarios a costa de las tierras que por cuatro duros obtuvieron de los pequeños agricultores de la comarca», algo que calificó de «intolerable».

Dicho esto, el portavoz del Grupo Territorial de Senadores del PP aseveró que lo natural es que los pequeños propietarios que fueron expropiados empiecen a agruparse como afectados e inicien el procedimiento de reversión de terrenos contra la Junta, apostillando que con este tipo de actitud, «se está creando una inseguridad jurídica tremenda en relación con el aeropuerto, porque ¿quién va a correr el riesgo de comprarlo sabiendo que cientos de propietarios pueden reclamar su parte?».

Asimismo, Agustín Conde defendió que el PP «ha sido un gran defensor del aeropuerto, pues desde su inicio, hemos creído que esta infraestructuras en Ciudad Real contribuiría al desarrollo de la provincia y de la región. Pero nos duele ver que aquello que fue una buena idea y un proyecto ilusionante, se va a convertir en un pelotazo que van a pegar unos cuantos con la inestimable ayuda que la Junta».

Por último, el senador toledano recordó que acompañó al presidente regional, José María Barrera y a los consejeros del ramo, cuando era ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos, para que desbloqueara determinados aspectos de ese aeropuerto, «pero jamás pude imaginar que iba a convertirme en pretexto para que unos cuantos amigos del poder dieran el pelotazo de su vida».

Por ello, apuntó que la administración pública ha de atender los intereses generales, «y no facilitar negocios particulares para que algunos salven de la quema de su ruina algunos de los activos que tienen gracias a la actuación del poder público», finalizó.

Plusvalías multimillonarias para los socios del aeropuerto de Ciudad Real tras la modificación de la LOTAU impulsada por Barreda

El pasado 14 de mayo de este singular 2009, el parlamento regional de Castilla-La Mancha votó y aprobó, con los exclusivos votos del partido del presidente Barreda, la modificación de la ley del suelo regional (LOTAU). El día 15 “El Mundo” titulaba la noticia de la siguiente forma: «La Junta manchega remata el “pelotazo” del aeropuerto».

Este titular se refiere a las sospechas de lex in privos lata (ley promulgada a favor de determinado o determinados individuos) que pesan sobre esta modificación legal. Ella fue solicitada por los promotores del Aeropuerto de Ciudad Real ―entre los que brillan con capital propio Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo, los hermanos Barco Fernández y CCM― y apoyada inmediatamente por Barreda, unido a estos empresarios o a algunos de ellos por una conocida y pública amistad.

La situación ha hecho que se levante el tono por parte de la oposición en Castilla-La Mancha. En este sentido el diputado regional Leandro Esteban aseguró el pasado 15 de mayo que «no todo el PSOE de la región piensa como sus dirigentes y no todo el PSOE está de acuerdo con la actitud de golfería y chulería política que ayer protagonizaron sus dirigentes en las Cortes» y acusó a Barreda también de mantener una actitud «favorecedora de un interés y para unas personas muy concretas».

Naturalmente, los protagonistas del negocio del Aeropuerto de Ciudad Real, inevitablemente ligado a la otra gran actuación urbanística en la provincia, tanto por su dependencia funcional, como por los propietarios de los capitales invertidos, el Reino de Don Quijote; niegan rotundamente toda posibilidad de trato de favor e incluso niegan su propio protagonismo y niegan más rotundamente aún que el asunto sea un «pelotazo».

En una reciente entrevista (de la que a continuación inserto varios fragmentos y que se puede escuchar íntegra desde este enlace) concedida por Domingo Díaz de Mera a la Ser de Ciudad Real, este importante empresario de la región reconocía sin ningún empacho ser buen amigo del presidente de Castilla-La Mancha al igual que lo era de varios dirigentes del PP regional, de lo cual estaba orgulloso. Añadía que el aeropuerto de Ciudad Real no es ningún «pelotazo», que él únicamente es propietario «directamente» del 2,99% del capital y que la modificación de la LOTAU sólo implicaba que las empresas que se instalaran en los más de 12 millones de metros cuadrados que ocupa el aeropuerto, podrían a partir de ahora tener «su propia escritura».

Para reforzar estas afirmaciones, el mismo día en que se aprobaba la modificación de la LOTAU, que permitirá a los propietarios del aeropuerto segregar suelo y venderlo como parcelas industriales ―un negocio que según El Mundo reportaría unas plusvalías cercanas a los 3000 Millones de Euros (medio billón de Pts.)― Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo y Antonio Barco Fernández, hicieron pública su dimisión como consejeros de CR AEROPUERTOS.

El 2.99% de Domingo Díaz de Mera.

Como hemos visto, en la entrevista concedida a Ser Ciudad Real, Domingo Díaz de Mera asegura ser el propietario «directamente» de sólo el 2,99% del capital del aeropuerto. Por lo tanto, se trataría exclusivamente de un socio minoritario entre tantos otros y en esa situación el «favor» del presidente Barreda, de haber existido, sería irrelevante y lo verdaderamente decisivo estaría en la significación del proyecto para los intereses regionales.

Seguramente Domingo Díaz de Mera no falta a la verdad al decir esto porque advierte que ese es el porcentaje del que es propietario «directamente». La cuestión, por tanto está en determinar de qué porcentaje es propietario «indirectamente» esto es, a través de persona jurídica interpuesta.

La estructuración del capital del aeropuerto de Ciudad Real es compleja y se difumina entre varias sociedades. La principal, no obstante, es CR AEROPUERTOS. Los accionistas de esta empresa son:

INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO SA, con un 43,78% del capital.

CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN, con un 25,72%

IBERDROLA, con un 9,22%

AEROPUERTO DE CIUDAD REAL SA, con 7,84%

RIO DE LOS AUSINES, con el 5,14%

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA, con el 5,00%

En consecuencia, los mayores accionistas de CR AEROPUERTOS son, con ventaja CCM e INVERSIONES AEROPORTUARIAS DEL CENTRO. Ahora bien, el capital de esta última sociedad está repartido de la siguiente forma:

DOMINTO DÍAZ DE MERA LOZANO, tiene el 48,93%

GLOBAL CONSULTING PARTNERS es propietaria del 39,92%

PROMOCIONES GONZÁLEZ (Aurelio González Villarejo) tiene el 11,11%

ASAVINE y GRUPO EMPRESARIAL HC, tienen un porcentaje indeterminado.

Tengo para mí que el 48,93% de un 43,78% es más que el 2,99% pero es que, también, GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL es una empresa que Díaz de Mera comparte con los Sanahuja y algunos otros empresarios. Así, a través de COPORACIÓN INDO MA SL, Díaz de Mera tiene el 19,58% de GLOBAL. Por su parte GRUPO EMPRESARIAL HC también pertenece a Díaz de Mera y de ella este «buen amigo» de Barreda posee un 30,00%.

La repentina dimisión.

Con lo dicho anteriormente, la noticia de la dimisión de Díaz de Mera, Méndez Pozo y Barco Fernández de sus puestos en el consejo de CR AEROPUERTOS alcanza su auténtica dimensión. En lo que se refiere al control de la empresa es completamente irrelevante porque dicho control no depende de los órganos de administración, sino de la propiedad del capital y, que se sepa, las distintas participaciones de estos empresarios en el negocio no han sido vendidas ni donadas.

Por el contrario, la dimisión parece obedecer a una mera actuación propagandista con la que se intenta dejar sin argumentos a las noticias que la prensa estatal viene publicando desde hace tiempo y que en conjunto hacen que el proyecto del aeropuerto desprenda un intenso fumus malus iuris, cosa que con su dimisión vienen a reconocer estos empresarios, o dicho de otra manera ―véanse aquí las últimas declaraciones de Díaz de Mera― lo que reconocen es que su presencia en él cuestiona el proyecto y la propia actuación de Barreda.

Además, como he dicho más arriba, no sólo la prensa está levantando la voz contra la modificación de la LOTAU solicitada por los accionistas del aeropuerto y prontamente hecha suya por Barreda. Dolores de Cospedal acusó el pasado día 14 a Barreda de «amparar, impulsar y proteger, y defender la tropelía cometida hoy en la región». La viceportavoz del Grupo Popular, Carmen Casero, por su parte, calificó la modificación de la Ley del Suelo regional como «perversión legislativa y golfería política». Hoy el tono, con las declaraciones de Leandro Esteban, sube aún más y, lo que resulta más importante, conecta el asunto de la modificación de la LOTAU, del aeropuerto y de la cercanía personal de sus accionistas a Barreda, con el caso CCM.

Todo esto, en conjunto, debe preocupar a Barreda que hasta el último momento ha intentado conseguir el apoyo del PP para la reforma de la LOTAU. Es lógico que le preocupe. Desde hace mucho el PP de Castilla-La Mancha parecía una sección política de los gobiernos de Bono y de Barreda. El cambio de política introducido por Dolores de Cospedal le debe tener perplejo pues no está acostumbrado a que en Castilla-La Mancha exista oposición.

La modificación de la LOTAU no es un «pelotazo» de los socios del aeropuerto.

Otra de las cosas que niegan, no sólo Díaz de Mera, sino los demás socios del aeropuerto y el propio presidente Barreda, a través de sus portavoces, es que la modificación de la Ley del Suelo sea un «pelotazo» para esos socios.

En este sentido, El Mundo, en su edición del 21 de abril de 2009 titulaba la noticia sobre este asunto de la siguiente forma: «'Pelotazo' en el Aeropuerto de Ciudad Real. El PSOE manchego cambiará la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo. La modificación legal multiplicará el valor de los terrenos hasta 3.000 millones de Euros».

El día 15 de mayo, uno después de que el parlamento regional aprobara la modificación de la ley, ese mismo periódico decía: «la Junta manchega remata el 'pelotazo' del aeropuerto. El Gobierno de Castilla-La Mancha cambia la ley del suelo para propiciar la venta del aeródromo con plusvalías multimillonarias».

El diccionario de la Real Academia no recoge ninguna acepción del término «pelotazo» relacionada con el mundo de los negocios. No sé, por tanto, si este vocablo de germanía moderna es aplicable o no al asunto del aeropuerto pero si con él se quiere significar la obtención de una fabulosa diferencia entre precio de adquisición y precio de venta propiciada mediante maniobras oscuras o actividades meramente especulativas, puede que la palabreja no esté mal elegida.

Las plusvalías a las que se refería el diario El Mundo, el medio billón de Pts. traen causa del tratamiento legal que la LOTAU daba a los «proyectos de singular interés regional». Básicamente, esa figura jurídica propiciaba tres grandes ventajas, en este caso, para los promotores del aeropuerto.

En primer lugar dejaba al margen a los ayuntamientos afectados, de manera que los promotores se ahorraban cantidades millonarias en tasas y cesiones a estos. En segundo lugar, el monopolio sobre el negocio quedaba garantizado para los promotores, que por mandato legal eran los únicos que podían explotar directamente el proyecto. En tercer lugar, la adquisición del terreno podía hacerse de forma inmediata por vía de expropiación forzosa y urgente sin tener que afrontar molestas e interminables negociaciones con los agricultores afectados. Todo ello sin olvidar las cuantiosas ayudas con dinero público que de suyo acompañan a la declaración de «singular interés».

De todas estas ventajas aprovechadas en su día por Díaz de Mera y los demás socios del aeropuerto, la de la expropiación es la más hiriente y nos retrotrae a las «desamortizaciones» del XIX, un pasaje bastante desconocido de nuestra historia que llenó los montes de partidas de bandoleros y los frentes de batalla de carlistas rebeldes.

El Mundo ya publicó en su edición del día 13 de mayo pasado que, como consecuencia de la condición de «singular interés» del proyecto, los terrenos ocupados por éste fueron expropiados forzosamente y que la cantidad pagada por metro cuadrado osciló entre los 54 céntimos de euro para el suelo de secano y el euro con veinte céntimos para las parcelas de regadío. El detalle de esos pagos se puede ver en el blog «Modus Tolens» del periodista Carlos Otto.

Es verdad que no todo el suelo ocupado por el aeropuerto fue expropiado. Su centro gravitacional, la finca de los Barco Fernández, fue comprado por la propia sociedad en la que éstos participan, pero lo que en definitiva tenemos aquí es un suelo adquirido a 54 céntimos el metro, que después de la modificación de la LOTAU solicitada por los socios del aeropuerto y defendida y aprobada por Barreda y su partido, pasa a tener un valor estimado de 600 € el metro.

Ahora bien, esta modificación era absolutamente necesaria para que esas plusvalías pudieran materializarse. Como he dicho, una de las grandes ventajas de los proyectos de «singular interés» era el blindaje monopolístico del negocio, pero para ello la ley impedía la segregación de parcelas en los suelos incluidos en tales proyectos. Nadie, sólo los promotores, podía explotar el negocio directamente. A cambio, naturalmente, estos adquirían la obligación de cargar con el riesgo de la aventura.

Sin embargo, la gran ventaja, tras el fiasco inmobiliario español y el desmoronamiento de los tinglados finacieros mundiales, se había convertido en una losa que asfixiaba a Díaz de Mera, a CCM y a sus demás socios.

Si querían deshacerse del proyecto ―y querían― tenían que hacerlo en su totalidad. Debían encontrar un comprador que se hiciera cargo, por completo, de un negocio ruinoso, de un aeródromo en el que ni los grajos toman tierra. El comprador se ha buscado pero no se ha encontrado, así que la solución parecía sólo estar en la posibilidad de parcelar el suelo y venderlo, recalificado de facto para usos industriales, zonas de ocio y actividades hoteleras. Eso, precisamente, es lo que Barreda, a través de la modificación de la LOTAU, ha hecho en favor de las sociedades del aeropuerto.

Con esto, lo que pretendía ser un negocio dedicado al tráfico aeroportuario, cosa que había servido para justificar el «singular interés» y las expropiaciones de los terrenos, se vuelve, esencialmente, mera actividad especulativa de venta de suelo adquirido ―por no decir arrebatado― a 54 céntimos y vendido a 600 €. El asunto, desde luego, parece rentable.