Pompa come con los administradores de Urbaplaning, la promotora de Aurelio González Villarejo

En el día de ayer, 22 de mayo de 2008, se celebró una comida en Carranque, en el bar del mismo nombre, establecimiento que pretende entrar en la historia de la gastronomía a costa de cierto cocimiento compuesto de conejo y caracoles; y también, en la historia de la política local, debido a la mucha inclinación que Pompa, el alcalde, siente por el lugar.

A la puerta de dicho bar, como se puede comprobar en las fotografías, permanecieron aparcados tres automóviles: un peugeot 407, que es el utilizado por Pompa para sus desplazamientos por la zona, Un mercedes E-320, usado por Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González Villarejo; y un todoterreno “tuareg” propiedad de Román Conde Alonso; junto con Alberto González, administrador de DESARROLLOS URBAPLANING S.L.

El hecho tiene relevancia si se atiende a dos noticias provenientes de fuentes fiables. La primera de ellas hace referencia a la aprobación definitiva, por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo del PAU del campo de golf.

Al parecer, el proyecto está aprobado a falta de la subsanación de algunos defectos menores de carácter formal. Sin embargo, no se percibe por parte del Ayuntamiento ninguna prisa en subsanar tales defectos. ¿Hay alguna razón que explique esto? Hay una y es, desde luego, poderosa. La aprobación definitiva del PAU supondría la obligación, por parte del Ayuntamiento, de conceder a VILLA ROMANA GOLF las licencias oportunas. Esas licencias permitirían a PEYBER-CCM comenzar a edificar pero, también, harían efectiva la obligación de pagar a los propietarios que vendieron en su día, las cuantías aplazadas en los contratos de compraventa; en la mayor parte de los casos, según he podido comprobar, el 20% del precio total de venta.

Esto, sin duda, teniendo en cuenta el volumen de suelo adquirido por PEYBER-CCM en la zona, representa una cantidad muy respetable, cantidad que en un momento de desplome del sector inmobiliario, no les debe parecer muy oportuno desembolsar.

Cabe pensar que los administradores de PEYBER-CCM podrían estar considerando preferible retrasar la concesión de las licencias todo lo posible ya que así, por un lado, evitarían que su liquidez se viera gravemente afectada, como digo, en un momento de crisis aguda del gremio y, por otro, haría que quienes les vendieron sus tierras, en la mayor parte de los casos aplazando, como he dicho, ese 20% hasta el día de concesión de las licencias, les estén proporcionando un crédito millonario a interés cero, que es un interés muy ventajoso, como todo el mundo sabe.

La segunda de las informaciones se refiere a la situación de quiebra fáctica del Ayuntamiento. Recordemos que la Corporación debe cerca de 7 millones de Euros a los bancos y que la posibilidad de amortizar esos créditos dependía, según informe del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, de los ingresos por licencias de edificación, es decir, de los PAUs en vías de aprobación, fundamentalmente, del campo de golf y de las Montanillas II.

Esto pone a Pompa en un angustioso dilema. Por un lado debería acelerar la aprobación del PAU del campo de golf para contar con los ingresos derivados de esa “promoción”, pero si hace eso podría estar poniendo en graves aprietos a PEYBER antes de que las “viviendas público-privadas” de Barreda lleguen en su auxilio... Y aquí es donde entran el conejo y los caracoles, quiero decir, la reunión celebrada ayer entre Pompa, Alberto González Tostado y Román Conde Alonso.

En Carranque a nadie se le escapa (tampoco a los administradores de URBAPLANING) que Pompa siente más predilección por PEYBER que por la promotora de Aurelio González Villarejo, de manera que no es nada descabellado conjeturar que durante esa reunión Pompa haya tratado de presionar a los administradores de URBAPLANING para que acudan en su socorro, por ejemplo, adelantando ciertas cantidades a cuenta de las licencias del PAU de las Montanillas II.

Las viviendas público-privadas de Barreda más caras que las de renta libre

Ahora resulta que la "ocurrencia" social de Barreda para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda oculta una notable subida de los precios de éstas con respecto a las de renta libre y con el añadido de garantizar a unos pocos, y muy conocidos en Notitia Crimins, promotores inmobiliarios el buen fin de su negocio, puesto que es el propio gobierno regional el que se compromete a comparles tales viviendas si éstas no se venden.

La cosa tiene una lógica aplastante. En la región existen, más o menos, unas 84.000 viviendas que están resultando imposibles de vender, más aquellas otras en proyecto o en vías de construcción. Un plan de vivienda que realmente abaratara el precio en relación con las de renta libre o la construcción de las 50.000 viviendas protegidas que Barreda ofreció en su campaña electoral, entrarían en competencia directa y desigual con las urbanizaciones del conquense Aurelio González Villarejo, con las de Carlos Durán Sánchez, con las de PEYBER, con las de Menchero, con las del Pocero o con las de Domingo Díaz de Mera, por citar algunos nombres significativos y aceleraría su defunción económica.

Una cosa así significaría arrojar a demasiada gente conocida a la trituradora del "concurso de acreedores". Limpiaría con escoba de hierro las excrecencias de especuladores inclinados a jugar en el mercado sólo cuando se les garantiza una ventaja segura y eso, precisamente, es lo que Barreda parece estar dispuesto a evitar a toda costa y a cualquier precio.

No es otro el efecto del invento de Barreda. Mientras las viviendas "público privadas" garantizan la actividad y el beneficio de estas promotoras en los tiempos magros, los "campos de golf" podrán permanecer en conserva a la espera de mejor fortuna. ¿Es esto una malversación fabulosa de fondos públicos? No, sólo es un acto político amparado por la discrecionalidad, también política, del Gobierno de Barreda que, desde luego, no comparte intereses económicos con estos promotores que he citado y con otros cuyos nombres, de momento, reservo, pero si los actos de los hombres delatan sus intenciones, este último acto de Barreda es muy util para revelar la verdadera intención de esta carta (para leerla correctamente, basta pinchar con el ratón sobre cada imagen) Dirigida por Barreda a Francisco Hernando "El Pocero" de Seseña y fechada el 22 de junio de 2006:

En fin, reproduzco aquí la noticia completa publicada por COTIZALIA sobre el tema:

"El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha firmado el pasado lunes por la Junta que preside José María Barreda, la ministra del ramo, Beatriz Corredor, sindicatos y empresarios de la región es superado por la realidad del mercado. Sucede que las viviendas público-privadas (VIPP) que el pacto propone para que los jóvenes mileuristas accedan a una vivienda digna son más caras que las libres. ¿Supone este plan una socialización encubierta de las pérdidas para ladrilleros y sus financiadores?

El precio del metro cuadrado de cada vivienda VIPP oscila entre los 1.857 y los 2.142 euros. Precio sensiblemente superior a los 1.447,5 euros por metro cuadrado que costaba de media en la región la vivienda libre en el primer trimestre de 2008, según el propio Ministerio de Vivienda que dirige Corredor, firmante del pacto propuesto por Barreda. Los datos oficiales muestran cómo el metro cuadrado de vivienda libre en Guadalajara y Cuenca ya es más barato este año que en el trimestre anterior. El propio texto original, que pueden consultar aquí, sitúa el precio medio de la vivienda libre en Castilla-La Mancha en 1.519 euros por metro cuadrado.

Como quiera que las estadísticas del Ministerio de Vivienda son frecuentemente cuestionadas por los expertos, este diario ha comparado los precios de las viviendas subvencionadas de Barreda con los precios a la venta de viviendas de obra nueva en las localidades más pobladas de Castilla La Mancha en portales inmobiliarios. El resultado es que se pueden encontrar viviendas nuevas en Toledo capital por 1.063 euros por metro cuadrado, incluso en el casco histórico por 2.050 euros, menos aún que la parte alta de la horquilla de precios propuesta por Barreda. Lo mismo ocurre en Guadalajara, donde no es difícil hallar obra nueva a 1.617 euros por metro cuadrado. La media baja considerablemente a medida que las promociones se alejan de los centros de las capitales. Por ejemplo, el precio medio de la zona de La Sagra, área cercana a Madrid donde se levanta el Residencial Francisco Hernando de El Pocero en Seseña, está fijado en 1.769 euros por metro cuadrado.

PP: "No pueden ser los jóvenes los que paguen las pérdidas del ladrillo"

El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha repite a lo largo de sus 21 folios el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna garantizado en el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, desde que se ha conocido el contenido del texto, las críticas han arreciado.

Especialmente virulenta ha sido la reacción del PP. El secretario general del Grupo Popular de las Cortes autonómicas, Marcial Marín, ha acusado a Barreda de contribuir a una escalada de precios "sin precedente" y de firmar la "pena de muerte" para la vivienda de protección oficial. En su opinión, los jóvenes de Castilla-La Mancha no pueden hipotecar el 87% de su sueldo durante cincuenta años. "No pueden ser ellos los que paguen las pérdidas del ladrillo. Barreda se burla de esta manera de todos ellos y de su escaso poder adquisitivo, máxime cuando se compara con su sueldo VIP, que es más de cien veces superior al de un joven castellano-manchego", ha afirmado.

Asimismo, ha estimado que si el Gobierno autonómico encargase construir viviendas VIPP para cada demandante registrado, tendría que presupuestar la cifra de 7.176 millones de euros adicionales para garantizar su venta a los promotores, el 81% del presupuesto regional. Marín ha puntualizado además que en la región existen 26.945 empresas que se dedican a la construcción y tienen el derecho de participar en este plan de construcción, "aunque el presidente autonómico se empeñe en que sólo unos 25 serán los promotores".

Para el PP, Barreda, con este plan, va contra la autonomía y la financiación de los ayuntamientos, puesto que promoverá mediante concurso público, de carácter supramunicipal o de interés regional, transferencias y reclasificación de suelo desde la propia Junta, "quitando la financiación a los propios municipios. Creemos que financiar viviendas de promoción privada en suelo privado no es la labor de un gobierno", ha señalado. Finalmente, ha destacado que es un plan "inexplicable" que oculta algunos intereses "que no nos quieren confesar"".

Las viviendas público privadas de Barreda

Alejandro Pompa no es un hombre “luminoso, pero sí un buen conductor de luz”. Iluminó la escena de Carranque, enseguida la de Illescas y su foco ya empieza a alumbrar las escalinatas del palacio de Funsalida.

Digo esto porque no estaría de más que, con la luz que refleja Pompa, se lea e interprete la “ocurrencia” de Barreda de promover “viviendas público-privadas” garantizando a los promotores la financiación y la compra con dinero público de sus promociones si estos no consiguen venderlas.

Cayo Lara, coordinador regional de IU en Castilla la Mancha considera esta “iniciativa” una forma de burlar el compromiso electoral de Barreda sobre vivienda protegida. Es cierto, pero hay que preguntarse por qué Barreda siente ese impulso tan irresistible, por qué necesita transformar en privado lo público, es decir, por qué necesita eludir las limitaciones y controles que impone la legislación sobre vivienda protegida. También, por supuesto, hay que preguntarse a quién beneficia el invento, cui prodest?

Este pacto por la vivienda, el “Pacto del Cigarral”, lo ha firmado Barreda con la Confederación de Empresarios de Castilla la Mancha, la misma organización, patronal o lobby, en la que tienen un papel muy destacado o dominante Aurelio González Villarejo o Domingo Díaz de Mera, ambas personas ligadas a José Bono y, por tanto, a Hernández Moltó, desde antiguo, como también lo puede estar otro “empresario”, Antonio Méndez Pozo, que alcanzó cierta notoriedad en Burgos hace algunos años y que, ahora, la está alcanzando en Castilla la Mancha.

El interés de estos y otros empresarios en el “Pacto del Cigarral” es comprensible. Lo que está en peligro no es sólo la inversión de la CCM o de la CAM en las 14.000 viviendas de “El Pocero” sino, por ejemplo, el tinglado de “El Reino de Don Quijote”, una mezcla de parque temático, gigantesca promoción inmobiliaria y acumulación de garitos de juego de azar; las 24.000 viviendas de Tofiño en Illescas; las 3.000 que, más o menos están en marcha en Carranque, el no inferior tinglado urbanístico de Borox, con alcaldesa consorte administrando una promotora inmobiliaria cuyo capital social alcanza, si no recuerdo mal, los doscientos millones de pesetas... Y todo esto cubierto por una impresionante madeja de “razones sociales” tras las cuales, siempre, acaban apareciendo, tenazmente, los mismos nombres y la misma estrecha relación, ya sea financiera o personal, con el poder político de la región.

La “ocurrencia” de las “viviendas público-privadas” puede interpretarse como una opción política, buena o mala, pero también como el síntoma de una infiltración irreversible del interés privado, en la cosa pública,de la transformación de la Cosa Pública en Cosa Nostra, de manera que “promotor” y “legislador” se confunden en un sistema perverso en el que la zorra cuida de las gallinas y en el que le ley se hace para garantizar sinecuras y canongías, beneficios, en definitiva, para los bolsillos privados de aquellos que hacen las leyes públicas.

Cayo Lara afirmaba, según publica Europa Press, que “esta medida tomada por el Ejecutivo regional es 'una cortina de humo' para incumplir los compromisos que adquirió en las elecciones de construir 50.000 VPO, 'saliendo con la historia de las VIPP que fomentan la compra de viviendas libres'”.

También aseguró que “el 'Pacto del Cigarral', como lo llamamos nosotros, ha nacido muerto y es un fracaso urbanístico, porque ha sido impulsado por unos cuantos promotores", y el apoyo de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, "es puramente testimonial, ya que ahí tenemos la opinión de Pedro Solbes, de no apoyar a los constructores que han estado especulando estos años, que tiene más peso en el Gobierno que la opinión de una ministra que acaba de llegar”.

Es, creo yo, mucho más que eso, es el aviso de un mundo obsceno, que amenaza con llegar, si es que no está llegado ya, en el que el robo no puede ser delito puesto que es el ladrón quien hace la ley. La cuestión es ¿quién puede vivir en un mundo así? Nadie, me parece a mí, porque hasta la Cosa Nostra siempre ha tenido sus leyes.

Riolobos se pregunta por los "intereses ocultos" de Barreda

Según un despacho de Europa Press hecho público hoy, Carmen Riolobos se pregunta por los "intereses ocultos" que hay tras la "ocurrencia" de Barreda (un presidente al que bien se podría tener como fiduciario del consejero vitalicio José Bono, dicho esto, siempre, en términos políticos, faltaría más) De comprar con dinero público, es decir, con el de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, las viviendas que los promotores castellano-manchegos no están consiguiendo vender.

La señora Riolobos se pregunta por los beneficiarios de la "ocurrencia" de Barreda y también si está en las intenciones de este señor, de Barreda quiero decir, comprar al "Pocero" las viviendas que vegetan en el PAU del Quiñón, en Seseña. Es una buena pregunta, sin duda: Cui prodest..., pero insuficiente. Hay que concretar más si es que el PP de Toledo quiere abandonar la preocupante conducta omisiva con la que ha tolerado lo intolerable durante el último lustro. Veamos alguna de esas preguntas "más concretas":

¿Qué hacen Juan Tomás Vidal, antiguo Director General de Hacienda, bajo la responsabilidad de Hernández Moltó, consejero entonces del mismo ramo, durante los gobiernos de José Bono; compartiendo administración en varias de las empresas del Grupo VEMUSA, el de Enrique Ventero Terleira, detenido e imputado en la Operación Malaya?.

¿Qué hace ese mismo Juan Tomás Vidal, junto con José Luis Rodríguez Holgado, compartiendo consejo de Administración con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) En la mercantil VILLA ROMANA GOLF, en Carranque?

¿Por qué José Manuel Tofiño Arrogante, hijo de Tofiño Pérez, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, creó una sociedad junto con los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) De forma simultánea a la tramitación y adjudicación de la contrata de mantenimiento de carreteras de la zona 2 de Toledo por un montante de 27 millones de Euros?

¿Por qué Tofiño Pérez, alcalde de Illescas, ha permitido que el hormigón de su amigo Carlos Durán Sánchez y de PEYBER, destruya un yacimiento arqueológico visigodo en la zona del arroyo de Bohadilla, en Illescas?

¿Cuál es el papel, en Illescas y en Carranque, de Aurelio González Villarejo, empresario de la construcción, amigo personal de José Bono y estrechamente relacionado con Juan Gracia Jiménez, administrador de PEINSA-97, empresa que ha salido a relucir en los principales casos de corrupción denunciados en Murcia, también en los vinculados a la operación Malaya?

¿Por qué Tofiño Pérez y Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque ahora imputado por delitos de corrupción, han dado o están dando la gestión del agua de Illescas y de la Sagra Alta a AQUALIA, empresa del grupo FCC, el de Alicia Koplowitz, la misma que acompañó a Aurelio González Villarejo y a Domingo Díaz de Mera, en el desembarco en COLONIAL, de la mano del ahora "despedido" Luis Portillo?

¿Hay más relaciones entre González Villarejo y la CCM, es decir, Hernández Moltó, y cualquiera de los implicados en la Operación Malaya?

¿Tiene Tofiño Pérez o cualquiera de los miembros de su familia, alguna relación con la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA, una de las firmantes del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas?

¿Tiene la CCM alguna vinculación con CAJA SOL o con alguna de sus empresas relacionadas, Caja de Ahorros esta, que ha sido vinculada por la prensa con la trama vasca de la Operación Malaya o con directos implicados en dicha Operación?

¿Tiene la mercantil URBAN CASTILLA-LA MANCHA algún nexo con las empresas incluidas en la llamada "trama vasca" del caso Malaya?

¿Piensa Barreda comprar algunas de las 24.000 viviendas que Tofiño impulsa en Illescas y cuyos promotores principales son CARVIER (Carlos Durán Sánchez) DESARROLOS URBAPLANING-Grupo G.V. (Aurelio González Villarejo) y URBAN CASTILLA-LA MANCHA (Miguel Angel González Resino, en la primera foto de esta página)?

Para responder a todas estas preguntas y a otras muchas que son pertinentes, ya he dado algunos datos en esta página, y daré más, sin la menor duda. Entre tanto copio aquí, la nota publicada por Europa Press:

"Riolobos criticó la demagogia del vicepresidente primero, Fernando Lamata, al decir que los beneficiados serán los demandantes, 'cuando sólo él y el señor Barreda saben realmente quien se va a beneficiar. No quieren que se conozca la verdad'. Asimismo, se preguntó 'qué esconde y qué oculta' el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, detrás de ese documento, informó el PP en nota de prensa. 'Firmar un plan sin que lo conozcan los legítimos representantes de la voluntad ciudadana --los diputados del Parlamento regional-- no solamente es dudoso y malévolo, sino una práctica que repugna a la democracia y al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad', señaló Riolobos. La portavoz del PP se preguntó si en las viviendas que la Junta comprará a los promotores se incluyen también las viviendas de 'El Pocero' en Seseña (Toledo) que se han quedado sin vender y donde sobran 'muchos miles', ya que, si el Ejecutivo autónomo se convierte en la mayor inmobiliaria de la región 'hay muchas dudas en el aire y mucho interés oculto' y los ciudadanos, también el medio millón de ellos que vota al PP, tienen derecho a conocer la verdad. 'José María Barreda está gobernando de espaldas a las instituciones y a los ciudadanos, pasa de consentir el urbanismo salvaje de su amigo 'El Pocero' a actuar como promotor inmobiliario que venderá viviendas más caras que las VPO. ¿Por qué no hace viviendas protegidas, más baratas?. Actúa como cuando se subió el sueldo de forma escandalosa o cambió la Ley Electoral de manera unilateral para poder perpetuarse en el poder', declaró".

La conexión malaya IV. Peinsa-97, Enrique Ventero y Aurelio González Villarejo

Aurelio González Villarejo (en la foto, junto a José Bono) Constructor de posición dominante en los ámbitos administrativos de Illescas y Carranque, Toledo; es decir, de José Manuel Tofiño Pérez y Alejandro Pompa Mingo, alcaldes de dichas localidades; mantiene directas y estrechas relaciones mercantiles con Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97, empresa inmobiliaria relacionada con varios de los más importantes casos de corrupción denunciados en la región de Murcia.

A su vez, el propio Juan Gracia Jiménez tiene documentadas, también, conexiones directas con personas investigadas o detenidas en el ámbito de la “Operación Ninette” y de la Operación Malaya, como es el caso del alcalde de Los Alcázares, Murcia o de Enrique Ventero Terleira, detenido durante la investigación de la Operación Malaya.

Recapitulación.

Según lo visto hasta ahora, la Caja Castilla-La Mancha, presidida por Hernández Moltó, antiguo diputado a Cortes y Consejero de Hacienda de José Bono, participa, a través de la sociedad LAS LOMAS DEL POZUELO S.L., con Enrique Ventero Terleira en el Plan Parcial Torre del Rame, en la localidad murciana de Los Alcázares, escenario de la reciente OPERACIÓN NINETTE, en la que, entre otros, fueron detenidos el alcalde y el arquitecto del municipio.

Enrique Ventero Terleira fue detenido en el contexto de la OPERACIÓN MALAYA y se encuentra en libertad bajo fianza de 300,000 €.

En el Consejo de Administración de esa sociedad (Las Lomas del Pozuelo) Constan Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. El primero fue, entre otros cargos, Director General de Hacienda en varios gobiernos de José Bono. Ambos son, en la actualidad, directivos de la CCM y Administradores de la mercantil PROMOCIONES MIRALSUR S.L., que también aparece en el Consejo de Administración de LAS LOMAS DEL POZUELO.

Además, Juan Tomás Vidal es vicepresidente de la mercantil VILLA ROMANA GOLF S.L., adjudicataria de un PAU con campo de golf, de un millón de metros cuadrados en la localidad toledana de Carranque, cuyo alcalde, Alejandro Pompa Mingo, tiene diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Illescas, por presuntos delitos de corrupción cometidos durante la tramitación de ese PAU, a más de los delitos que se le imputan en el Juzgado de Instrucción nº 2, también de Illescas.

José Luis Rodríguez Holgado, a su vez, también es Consejero, junto al aparejador municipal de Carranque, Jesús María Gallego Peinado y los hermanos Díaz Bermejo, de VILLA ROMANA GOLF.

Por otra parte, Ventero Terleira no es el único detenido en la OPERACIÓN MALAYA con el que Hernández Moltó, Juan Tomás Vidal y J. L. Rodríguez Holgado, comparten intereses mercantiles. A través de INMOBILIARIA CHAMARTÍN S.A. la CCM y los citados Tomás Vidal y Rodríguez Holgado se relacionan con José María González de Caldas, detenido en la tercera fase de la Operación Malaya, con Aurelio González Villarejo, presidente del Grupo G.V. y dueño mayoritario de la mercantil DESARROLLOS URBAPLANIG S.L., adjudicataria de otros dos PAUs en Carranque (que juntos suman una extensión similar al del campo de golf de esa misma localidad) Con la KUTXA, implicada, según el sumario de la Operación Malaya, con los negocios de Juan Antonio Roca en Murcia y con la cadena Hotelera NH HOTELES, cuyo directivo, Heraclio López-Sevillano tenía el propósito de repartirse con Montserrat Corulla (en palabras del Juez Miguel Angel Torres, principal testaferro de Juan Antonio Roca) Una comisión de 3.000.000 de € por la operación de compraventa del frontón Beti Jai de Madrid, propósito que se frustró debido a la detención de la tal Montserrat Corulla.

Un convenio urbanístico en Los Alcázares, Murcia.

La localidad e Los Alcázares ha sido el escenario de la OPERACIÓN NINETTE, secuela de la investigación desarrollada por el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella y que se viene conociendo como OPERACIÓN MALAYA. Como resultado de todo esto, el alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (en la foto) Y el arquitecto del ayuntamiento Mariano Ayuso, junto a otros, acabaron con sus huesos en la cárcel, pero mucho antes, el 5 de marzo de 2004, el pleno municipal de esa localidad ratificaba un convenio urbanístico relacionado con ciertos terrenos incluidos en el PLAN PARCIAL TORRE DEL RAME, zona en la que el sumario Malaya tiene documentados importantes intereses de Juan Antonio Roca, principal imputado en la trama de corrupción de Marbella.

Este convenio se suscribía entre el Ayuntamiento, claro está, y las siguientes personas y entidades:

1. Félix Marín García y Victoriano Manuel Villanueva Colomina, en representación de la mercantil INVERSIONES HIPOTECARIAS MEDITERRÁNEAS S.L.
2. Juan Gracia Jiménez, en representación de PEINSA-97 S.L.
3. Jaime Díaz Linares, representante de PROLIMAR S.L.
4. Joaquín Antonio Grau Pomares, que representaba a la sociedad VILLAS DON QUIJOTE S.A.

Según los términos del convenio, estas mercantiles eran propietarias, en proindiviso, de la parcela definida con el número T-8 del Plan Parcial Torre del Rame destinada a uso terciario y con una superficie de 11.135,94 metros cuadrados.

Por el acuerdo suscrito, las sociedades implicadas, cedían al ayuntamiento una porción de esa parcela, denominada T-8-a, de caber 2.800 metros cuadrados, cesión que en el convenio se califica como gratuita y libre de cargas, usando una expresión falaz porque, por su parte, el Ayuntamiento se obligaba, y así hizo, a trasladar a la parcela matriz toda la edificabilidad correspondiente a la parcela cedida, lo que en términos económicos significa que los cedentes, en realidad, no cedían nada.

A su vez, el Ayuntamiento, “como un equipamiento deportivo más, integrante y enriquecedor del conjunto del Campo de Golf Municipal Torre del Rame” (se lee en el acta citada) Se obligaba a ceder la explotación de ese terreno y de la “Casa Club del Campo de Golf” que se debía edificar en él, a la mercantil GOLF TORRE DEL RAME S.L.

Ya dije en “La conexión malaya I” que esta sociedad pertenecía a la familia Ventero, es decir, al grupo VEMUSA, estando su consejo de administración ocupado, en la actualidad, por Joaquín Ventero Muñoz, Felix Enrique Ventero Muñoz, Javier Ventero Muñoz, Alvaro Ventero Muñoz y por Elsa Ramírez Hidalgo, además de por el significativo Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo. Por su parte el detenido y procesado Enrique Ventero Terleira cesó en su último cargo en esta sociedad, el 22 de febrero de 2008. Sin embargo, tan significativo como esto, si es que no más, son los cargos de esta compañía en el momento de firmarse el convenio urbanístico de referencia. Dicho consejo estaba compuesto por:

1. Félix Marín García, que cesó como administrador el 9 de febrero de 2005
2. Jaime Díaz Linares, que cesa en la misma fecha.
3. Joaquín Antonio Grau Pomares, quien cesa el mismo día.
4. Juan Gracia Jiménez, que también cesa en el cargo en la misma fecha.
5. Joaquín Ventero Muñoz.
6. Ventero Muñoz S.A.
7. Enrique Ventero Terleira.

Es decir, los cedentes de la parcela T-8-a son, al mismo tiempo (con la salvedad de la empresa de Ventero Terleira) Los cesionarios de esa misma parcela ya que, por un lado reciben toda su edificabilidad en el parcela matriz y por el otro, disponen gratuitamente del suelo necesario para levantar en ella las instalaciones precisas para el funcionamiento de un campo de golf cuya explotación se les había concedido, por acuerdo del pleno del Ayuntamiento, un mes antes, concretamente, el 6 de febrero de 2004.

La largueza y generosidad del Ayuntamiento presidido por Juan Escudero en lo que se refiere a ciertos personajes ya era, pues, muy notable años antes del 21 de enero de 2008, día en el que la juez Eva María Algar García, decretó prisión provisional para el propio Escudero, para el arquitecto municipal Mariano Ayuso y para el secretario del Ayuntamiento Diego Sánchez Gómez, entre otros.

De hecho, de todos los nombres que componían el consejo de administración de GOLF TORRE DEL RAME S.L. el que, de momento, más significación ha tenido en los hechos relacionados con la Operación Ninette, es el de Félix Marín García.

El tal Félix Marín, en ese momento uno de los principales propietarios de suelo en el Plan Parcial Torre del Rame, constituyó el 21 de mayo de 2003 la sociedad denominada DORMA GOLF S.L. constando él como socio y administrador único.

Ese mismo día, Félix Marín, a través de DORMA GOLF adquirió más de 20.000 metros cuadrados en la zona que ocupa el Plan Parcial Torre del Rame. El 23 de mayo, dos días más tarde y dos días antes de las elecciones municipales de mayo de 2003, el Ayuntamiento otorgó la aprobación definitiva al citado Plan Parcial.

Un mes después, el 26 de junio, Félix Marín García cedió DORMA GOLF S.L., con todo su patrimonio, a Inmaculada Camacho, cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso (uno de los detenidos en enero de este año 2008) Y prima lejana de Juan Escudero, sin que conste si la cesión fue gratuita o a cambio de precio.

No es esta la única operación oscura que, en esas fechas, implica a la mercantil DORMA GOLF S.L., a Félix Marín, al arquitecto municipal Mariano Ayuso y a su cuñada, Inmaculada Camacho. El mismo 23 de mayo de 2003, como he dicho, dos días después de que Félix Marín cediera DORMA GOLF SL a Inmaculada Camacho, y fecha de aprobación definitiva del Plan Parcial Torre del Rame, el Ayuntamiento presidido por Juan Escudero adjudicó de forma directa, es decir, sin concurso o subasta pública, una parcela de 1.300 metros cuadrados situada en el Plan Parcial La Dorada, a la mercantil MASDEVALLÍA S.L., la cual, tal y como se afirma en la documentación obrante en el sumario Malaya, pertenecía a Juan Antonio Roca Nicolás.

Roca no fue el propietario de esa parcela mucho tiempo. Siguiendo idéntico modus operandi que el utilizado por Félix Marín con DORMA GOLF S.L. y todo su patrimonio, el 8 de julio del mismo año, es decir, unos dos meses después de que el Ayuntamiento se la adjudicara directamente, MASDEVALLÍA S.L. la cedió a DORMA GOLF S.L. que, en ese momento ya estaba en manos de la cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso.

En conclusión, Félix Marín García, Juan Escudero, Mariano Ayuso y Juan Antonio Roca Nicolas, el principal procesado del caso Malaya, parecen ser partícipes en un sistema de pago en especie (suelo urbano, naturalmente) que gira alrededor del alcalde de Los Alcázares, del arquitecto municipal de la localidad y de ciertos familiares suyos. A su vez, tanto Juan Escudero como Félix Marín también están en estrecha relación, según se desprende del convenio urbanístico comentado, con Enrique Ventero Terleira, otro de los detenidos por la Operación Malaya.

Hasta aquí, en los hechos de Los Alcázares, no parece haber ningún dato nuevo que una esta presunta trama de corrupción con personas o entidades presentes en los negocios inmobiliarios de Carranque e Illescas, Toledo. No parece haberlo, pero sí lo hay.

Peinsa-97 y Aurelio González Villarejo.

Otro de los firmantes del convenio urbanístico relacionado con la “Casa Club” del campo de golf Torre del Rame, es Juan Gracia Jiménez, administrador único de la mercantil PEINSA-97, empresa muy señalada, porque son pocos los casos de corrupción denunciados en Murcia en los que el nombre de Juan Gracia Jiménez y de su empresa PEINSA-97 no aparezcan. Así, por ejemplo:

La fiscalía del TSJ de Murcia abrió diligencias contra el alcalde de San Javier, José Hernández por posibles tratos de favor a los constructores Santiago Martinez Esparza y Juan Gracia Jiménez, de los cuales, además, es socio en la mercantil NUEVA VALENCIA AL MAR S.L.

En la misma localidad, la Fiscalía también abrió investigaciones sobre PEINSA-97 a causa de la urbanización denominada “Señorío de Roda” que, según denuncia presentada por el Grupo Independiente de San Javier, se inició sin ningún tipo de permiso y si que estuviera aprobado el plan parcial necesario para iniciar los trabajos.

Lo mismo ocurre en el caso del Plan Parcial “Roda Golf” que supone la recalificación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico de interés agrícola, a favor de URDEMASA, la empresa de Martínez Esparza, socio del alcalde de San Javier y de Juan Gracia Jiménez.

PEINSA-97, también está implicada en el caso del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar. Se da la circunstancia de que en este caso, PEINSA-97 participa junto a la empresa de Félix Marín García, INVERSIONES HIPOTECARIAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.

En la localidad de Mula, el Fiscal Jefe, abrió diligencias contra el concejal de urbanismo Leandro Pérez Cobos, por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, relacionados con la compra, por parte del tal Leandro junto con otros socios, de casi dos millones de metros cuadrados al precio de 55.000 € que después vendió, siendo concejal, en 2004 por 1.162 millones de Euros a las empresas ARTECONS MAR MENOR S.L., URBICOSTA S.L. y GALBA INVERSIONES S.L., todas propiedad de Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97.

En La Unión, PEINSA-97 ha estado implicada en el caso de “La Casa del Piñón”, edificio que fue objeto de un convenio denunciado en su día por presunto tráfico de influencias y prevaricación.

El caso de Pilar de la Horadada tiene, si cabe, mayor importancia. En esta localidad el alcalde Ignacio Ramos fue depuesto mediante moción de censura y con la ayuda de una concejal trásfuga, debido a su oposición al Plan de Actuación Integrada (PAI) de Pinar de lo Romero en el que está prevista la construcción de 5.200 viviendas y el imprescindible campo de golf. El proyecto urbanístico había sido presentado por las mercantiles METROPOL S.L y PEINSA-97 S.L.

En fin, que la compañía de Juan Gracia no parece de esas que las madres aconsejan a sus hijos, pero no obstante, este avispado constructor no está solo. Cierto que el administrador único de esta sociedad es el citado Juan gracia, sin embargo, en Pilar de la Horadada le acabamos de ver presentando el proyecto de “Pinar de lo Romero” junto a la mercantil METROPOL S.L.

Esto es una redundancia porque, según los datos obrantes en el Registro Mercantil, METROPOL S.L. Está participada por PEINSA-97 en un 40%, pero también por CONSTRUCCIONES VILLAREJO S.A. en un 35% y por PROMOCIONES GONZÁLEZ S.A. en un porcentaje indeterminado pero que es de suponer, será el resto, las dos últimas incluidas en el Grupo G.V.

A su vez, METROPOL S.L, tiene dos administradores: Juan Gracia Jiménez y Aurelio González Villarejo, (en la foto anterior junto a Alejandro Gil, Consejero de Urbanismo del Gobierno de Barreda durante la tramitación de la urbanización de "El Pocero" en Seseña) El mismo Aurelio González Villarejo que preside el Grupo G.V. y que controla DESARROLLOS URBAPLANIG S.L., la empresa a la que Alejandro Pompa, el alcalde de Carranque, en la actualidad procesado por un considerable número de delitos relacionados con la corrupción, adjudicó los PAUs de Las Montanillas I y Las Montanillas II; el mismo Aurelio González Villarejo que firmó, con José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas y presidente de la Diputación de Toledo, el convenio de soterramiento de la vía férrea, en calidad de “postulante” a agente urbanizador en el PAU de las 20.000 viviendas que tan animosamente impulsa Tofiño en Illescas; y el mismo Aurelio González Villarejo que desde hace años tan estrecha amistad mantiene con José Bono al que, ya en tiempos lejanos, apoyó en el proyecto de creación de una televisión autonómica, asunto este que en breve trataré aquí con más detenimiento y que nos volverá a llevar al encuentro de gente estrechamente relacionada con la Operación Malaya.

Es más, no acaban en la mercantil METROPOL S.L. las relaciones de Aurelio González Villarejo con Juan Gracia Jiménez. Además de esta sociedad, hay otra constituida el 9 de febrero de 2006 y cuya razón social es NUEVOS ENTORNOS URBANOS S.L. En el consejo de administración de esta compañía aparece, naturalmente, el citado Juan Gracia, pero también dos nombres muy conocidos en Carranque: Alberto Javier González Tostado (hijo de Aurelio Gonzáles) Y Román Conde Alonso, estos dos últimos presentes también en el consejo de administración de DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la única empresa que, en Carranque, “trabaja” en pie de igualdad con PEYBER.

En conclusión, que mientras PEINSA-97 aparece directamente relacionada con numerosos casos de corrupción denunciados en Murcia, con los imputados de la Operación Ninette y con otros sujetos, como es el caso de Félix Marín, presente en extrañas transmisiones inmobiliarias entre MASDEVALLÍA, empresa que, según el sumario Malaya, es propiedad de Juan Antonio Roca Nicolás y varios de los imputados en la Operación Ninette; Aurelio González Villarejo, como ya he dicho, empresario prominente en los ámbitos de poder de José Manuel Tofiño y Alejandro Pompa, está no menos directamente relacionado con el citado Juan Gracia Jiménez, como también lo está Román Conde Alonso, administrador de DESARROLLOS URBAPLANING S.L. y cabeza visible de esta empresa de Aurelio González en Carranque.

Naturalmente, todo esto no significa nada, porque Tofiño y Pompa son “hombres honrados” como dijo Antonio sosteniendo el cadáver de Cesar ante el pueblo romano.

La conexión malaya III. Caldas, Corulla y Villa Romana Golf

Hasta ahora hemos visto como Juan Tomás Vidal, Vicepresidente de Villa Romana Golf (la empresa del entramado societario PEYBER que se alzó con el PAU del campo de golf de Carranque en polémicas, si es que no sospechosas, circunstancias) Y uno de sus consejeros (José Luis Rodríguez Holgado) Aparecen también en los Consejos de Administración de sociedades directa o indirectamente implicadas en el caso MALAYA, a saber: LAS LOMAS DEL POZUELO SA y GESTIONES HERVEMU SL.

A través de estas sociedades mercantiles Juan Tomás Vidal, que ostentara altos cargos en los gobiernos de José Bono, en dependencia directa de su Consejero de Hacienda, el actual presidente de la CCM, Hernández Moltó, compartía intereses mercantiles con Enrique Ventero Terleira y negocios en la vecindad de Juan Antonio Roca Nicolás y de la que, según el sumario de la operación Malaya, era su principal testaferro: Montserrat Corulla Castro, en la foto.

Montserrat Corulla salidendo de los juzgados de Marbella

El imputado González de Caldas y la Caja Castilla la Mancha.

Pues bien, no son estos los únicos imputados en el caso Malaya con los que Hernández Moltó, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, hacen negocios. Otro de los detenidos por el caso del saqueo marbellí, José María González de Caldas, empresario que saltó a la fama por sus trajines con una señorita que no distinguía entre candelero y candelabro, también tiene intereses comerciales comunes con los citados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero, respectivamente, de VILLA ROMANA GOLF SL.

González de Caldas fue apresado el martes 14 de noviembre de 2006 en la que se llamó la tercera fase de la operación Malaya. Según el Auto de Procesamiento de 18 de julio de 2007, “José María González de Caldas y el arquitecto Miguel López Benjumea habrían pagado 60.000 euros también para una licencia de primera ocupación. en el expediente 139/00 en la promoción de 18 viviendas, garajes y trasteros conocida como Señorío de Marbella en el URP-AN-8-La Pepina”.

También, según el mismo Auto: “Las relaciones entre Roca y Caldas no comienzan en el año 2.006. Muchos años antes (sic) sino que han venido realizando negocios inmobiliarios en Marbella a través de algunas de las mercantiles con las que están vinculados, siendo especialmente reseñable, los llevados a cabo por la entidad Huelva Bussines General S.L. y Marina del Rey S.A. y en concreto el convenio de permuta de 27 de febrero de 1.997 suscrito por José María González de Caldas Méndez y Julián Muñoz, por el que ambas entidades se intercambiaban propiedades (anexo 5, Tomo LIX folio 17.393)”.

De hecho, son numerosas las operaciones en las que González de Caldas aparece implicado con Roca o con el propio Julián Muñoz Palomo, según la documentación que obra en el sumario Malaya y no es caso de detallarlas en este artículo. Baste con recordar que el tal José María González de Caldas sigue imputado por delito de cohecho y en libertad bajo fianza.

Pero González de Caldas no sólo tiene negocios en Marbella. También está presente en el Consejo de Administración de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA (CIF: A78552627) Donde ostenta el puesto de Consejero.

Una de las filiales de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA, es la mercantil CHAMARTIN RENTA Y DESARROLLOS SL. El capital social de esta compañía está dividido al 50 % entre INMOBILIARIA CHAMARTIN SA y PLANES E INVERSIONES CLM SA, propiedad casi exclusiva de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN. Por supuesto, en su consejo de administración están los ubicuos Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado.

Item mas, entre los antiguos accionistas conocidos de PLANES E INVERSIONES CLM SA está otro personaje muy conocido en Illescas y en Carranque y al que, en futuras entregas, nos encontraremos por las costas de Levante en comprometidas y muy comprometedoras compañías: Aurelio González Villarejo, el presidente de PROMOCIONES GONZÁLEZ y dueño de la práctica totalidad de DESARROLLOS URBAPLANING SL, compañía que aparece como firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas suscrito entre los “postulantes” a agentes urbanizadores del PAU de 20.000 viviendas que Tofiño impulsa en esa localidad; y también adjudicataria de los PAUs de las Montanillas en Carranque.

La sombra de Montserrat Corulla.

Montserrat Corulla, descrita a lo largo del muy voluminoso sumario Malaya, como la principal testaferro de Roca y a quien el propio Juan Antonio Roca (alias el “Piedras”, alias “Juanito Valderrama”, según denominaciones usadas por la propia Corulla) describe como “una fenómena”, entró en contacto con la trama marbellí a través del despacho de abogados Sánchez-Zubizarreta, los otros, también según se dice en el sumario, testaferros de Roca.

Roca debe ser un hombre con instinto certero para detectar la ambición y los pocos escrúpulos y muy pronto, la empleada del Despacho Sánchez-Zubizarreta empezó a recibir órdenes directas del JEFE. Eso debía fatigarla porque en una de las conversaciones intervenidas por la UDYCO, Corulla se queja de que El Piedras “nunca tiene bastante... Es un estrés”. No obstante, su fatiga, parece ser, se aliviaba pronto yendo de cacería a Zimbague o a otros lugares exóticos.

Las principales responsabilidades de Corulla se centraban en los hoteles y, en concreto, en las inversiones de Roca en Los Alcázares (Murcia) Y en Madrid. No son pocas las gestiones hechas por “Montse” en esa localidad Murciana. Así, por ejemplo, según uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDYCO Costa del Sol) Que obran en el sumario Malaya, se dice lo siguiente:

“Uno.- Que en la documentación intervenida a ROCA en el marco de las Diligencias Previas 76/01 del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional, y más concretamente en el apartado dedicado a “MONTSE” (Montserrat CORULLA CASTRO) se puede leer “subvención Hotel Los Alcázares” seguido de “Hipoteca Hotel Los Alcázares” y, más adelante, en un epígrafe titulado “Estudios Económicos” uno sobre “Los Alcázares”.

…

Tres.- Que de la observación del teléfono número 6204123XX, del que es titular Montserrat Corulla Castro, se desprende que ésta y su entorno mantienen constantes contactos con Mariano Ayuso, arquitecto responsable del área de urbanismo del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia)...”

Ni que decir tiene que este Mariano Ayuso es uno de los detenidos durante la Operación Ninette, cuya conexión con Ventero Terleira, Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado y la Caja Castilla la Mancha, ya se trató en “La Conexión Malaya I”

Además, según el mismo informe de la UDYCO, los intereses de Roca en Los Alcázares se canalizaban a través de las firmas ONE PROPERTIES SL que comercializaba las promociones NUEVA RIBERA BEACH CLUB y NUEVA RIBERA GOLF CLUB y de la mercantil COMPAÑÍA INMOBILIARIA MASDEVALLIA SL, promotora de tales proyectos.

En relación con esto, el citado informe continúa diciendo: “entre la documentación recogida in situ, concretamente en el contrato de reserva de los apartamentos, se señala que el ingreso del precio convenido ha de hacerse en la cuenta corriente número 2105-3053-66-0140005915, de la CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA a nombre de COMPAÑÍA INMOBILIARIA MASDEVALLÍA SL”.

Por otro lado, el trabajo de Montserrat Corulla en Madrid estaba absorbido, en gran parte, por los intentos de recalificación y venta de varios palacetes y, sobre todo, por el cambio de uso del frontón Beti Jai, que se pretendía convertir en hotel.

Esos trámites fueron los que la llevaron a contactar con Alberto Ruiz-Gallardón. La mayor parte de las conversaciones intervenidas por la UDYCO entre el Alcalde de Madrid y la señorita Corulla permanecen en secreto dado su carácter íntimo. Sin embargo en el sumario constan las suficientes como para sospechar una relación cercana entre ambos personajes y no sólo personal, sino también profesional.

Sin embargo, lo que ahora interesa no son las conversaciones de Corulla y Gallardón, sino las que se mantienen entre ésta y un tal Heraclio López-Sevillano (en la foto) Alto ejecutivo de la cadena hotelera NH Hoteles.

Durante el tiempo que dura la intervención de las comunicaciones de Corulla, las conversaciones entre el tal Heraclio López y ésta son constantes y traen cuenta de la venta del frontón Beti Jai, venta que se condiciona a la concesión de licencias para su conversión en hotel de lujo y que de haber tenido éxito hubiera supuesto para estos dos personajes el reparto de una comisión, siempre según datos que constan en el sumario Malaya, de 3.000.000 €. La detención de Corulla, ordenada por Auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella, de 29 de marzo de 2006 frustró el enjuague.

¿Tiene esto algo que ver con Carranque? Al margen de que en la cadena hotelera NH Hoteles consta como accionista la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa y San Sebastián, es decir la KUTXA, implicada en la trama vasca de la operación Malaya; al margen de que esta “trama vasca” desplegó su actuación en las costas levantinas, donde ya nos hemos encontrado a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero, respectivamente, de VILLA ROMANA GOLF SL, relacionados con imputados en el caso Malaya y en el caso Ninette; y al margen de que en esas mismas latitudes también nos encontraremos en embarazosas compañías a Aurelio González Villarejo, dueño de DESARROLLOS URBAPLANING SL, quien también tuvo algo que ver con NH Hoteles a través de NH CUENCA SA; la cadena NH HOTELES ha entrado, a través de MORGAN STANLEY, en el mismo tejido societario que INMOBILIARIA CHAMARTIN SA.

Dicho de otra manera, nuevamente, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodriguez Holgado, así como la Caja Castilla la Mancha, aparecen hermanados por los intereses mercantiles, con personas y entidades relacionadas con la Operación Malaya, pues, como hemos visto, tanto Juan Tomás como Rodríguez Holgado aparecen en el consejo de administración de una filial de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA, entidad en la que participa, también, la CCM.

¿Es esto casualidad? Puede, pero si es así, desde luego se trata de una abrumadora casualidad que cuestiona violentamente todos los conocimientos que hasta ahora tenemos sobre el cálculo de probabilidades.

Por otro lado, hoy se ha hecho pública la última ocurrencia del Presidente Barreda. Propone un sistema de viviendas “público-privadas” que, a grandes rasgos supone que la Comunidad garantizará, comprándolas con dinero público si fuera necesario, la venta de las viviendas, de promoción libre claro, construidas por los promotores en Castilla la Mancha y eso, acompañado de “adecuadas” modificaciones de la LOTAU para facilitarles aún más las cosas.

CUI PRODEST SCELUS, IS FECIT.

Pompa endeuda al Ayuntamiento en 6 millones de Euros

El pasado cuatro de abril de este año 2008 que corre, se publicaba esta noticia:

“Según dijo el portavoz municipal del PP, Marco Antonio Caballero, el Ayuntamiento de Carranque (3.600 habitantes) tiene una deuda «viva» cercana a los seis millones de euros, con un porcentaje de deuda del 118 por ciento sobre los ingresos corrientes, superior al 110 por ciento que fija el Ministerio de Hacienda para autorizar nuevos endeudamientos”.

El asunto ya se trató en el Pleno del Ayuntamiento de Carranque de 27 de septiembre de 2007. En esa fecha, Pompa y sus concejales aprobaron la solicitud de un crédito de cuatro millones de Euros para, según consta en el Acta de la sesión, “financiar parcialmente las inversiones previstas para el ejercicio 2007”.

Es decir, se aprobó y luego se consumó, la contratación de un crédito por valor de 665.544.000 Pts. para hacer frente a gastos no futuros, pues estos serían los correspondientes al ejercicio 2008, sino ya pasados, cosa lógica porque el Ayuntamiento de Carranque debe a PEYBER (el grupo inmobiliario en cuyo consejo de administración se sienta el aparejador, bien que en excedencia voluntaria, del Ayuntamiento) Unos ochocientos millones (menos la parte ya liquidada durante el 2007) De pesetas por la construcción de la Casa de la Cultura.

Pero esto no ha sido todo. El acuerdo que consta en el “Informe de Intervención” adjunto al presupuesto del Ayuntamiento para 2008 (el documento original está disponible para su descarga en la caja de archivos "Ayuntamiento" de la barra lateral de este blog) Supone el endeudamiento de la corporación en 2.000.000,00 € más, lo que, con lo anterior, hace un total de seis millones de Euros, unos mil millones de pesetas.

En definitiva que si Carranque tiene 3.600 habitantes al día de la fecha, cada uno de ellos está endeudado, incluidos los niños, en cerca de 300.000 Pts. y eso para pagar, al menos en su mayor parte, cosas que ya se deben, como la Casa de la Cultura, no cosas que se piensan adquirir.

La situación, de por sí ya resulta exagerada pero se adentra en los terrenos de lo grotesco si tenemos en cuenta los números con los que el Ayuntamiento cerró el ejercicio 2007. Pompa había previsto para ese año unos ingresos de 12.014.790,80€ pero lo que realmente recaudó fue algo menos: 3.860.296,47€.

A pesar de todo, tal escenario no preocupa, en absoluto, a Pompa, hombre pródigo cuando se trata de “disparar con pólvora del Rey”. Según lo manifestado en la referida sesión plenaria de la Corporación, el desfase dramático entre ingresos y gastos, era un hecho meramente “coyuntural” pues los mil millones de pesetas serían pagados sin problemas en el momento en el que se ingresaran las cantidades correspondientes a las licencias de los PAUs del campo de golf, del Murillo y de las Montanillas (PEYBER y GRUPO GONZÁLEZ VILLAREJO) A más de alguna otra promoción de menor calado.

Cierto que uno, que es de letras y no, como Pompa, un “ingeniero naval privado no homologado”, que eso es lo que dijo ser cuando declaró como imputado en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas; no está en condiciones de hacer finos análisis financieros. Por este motivo será mejor reflejar aquí el Informe del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, Juan Francisco Bravo Collantes:

“Todos los servicios (dice el Secretario-Interventor) que deben financiarse con tasas o precios públicos, ya sean legalmente obligatorios... o voluntarios, son deficitarios, por lo que si no se reducen gastos con vistas a adecuarlos a los ingresos disponibles, en poco tiempo no podrán atenderse las obligaciones que generan”.

También advierte el mismo “Informe de Intervención” que en el capítulo de gastos para inversiones, existe una “absoluta dependencia de las mismas respecto de los recursos provenientes del desarrollo urbanístico”. Tales desarrollos urbanísticos son los PAUs llamados “El Murillo” “las Montanillas” y del “Campo de Golf”.

Continúa el mismo informe, advirtiendo que el mencionado capítulo se financia con “subvenciones previsibles pero no acreditadas documentalmente (14,00%) Con subvenciones previsibles acreditadas documentalmente (2%) y con el aprovechamiento urbanístico... (75%), y con fondos propios provenientes de enajenación o aportación de suelo municipal para obras de urbanización (9%).

También, citando al Secretario, la ejecución del presupuesto contando con la efectiva materialización de los ingresos tan frívola, si es que no dolosamente, previstos por Pompa, supondrá la consolidación de una Deuda Viva que ascenderá a 6.750.000€, dos de esos millones, a plazo de un año, cantidad que representa el 118,83% de los ingresos corrientes previstos, y que, por tanto, supera el límite del 110% fijado por el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, e 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; a partir del cual es obligatoria la autorización “de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda”

De la misma forma, con la situación generada, la Corporación “no tiene capacidad para asumir las cargas... De nuevas operaciones de préstamo, que pudieran ser necesarias, ni las derivadas de cualquier nueva implantación o ampliación de servicios, salvo que la gestión urbanística pendiente de las decisiones legales de la Administración Regional permita sanear la situación amortizando anticipadamente siquiera de forma parcial los préstamos vivos”.

El Secretario del Ayuntamiento termina diciendo que “El proyecto de presupuesto (a esta alturas, presupuesto aprobado y vigente) Presenta igual cuantía en ingresos y en gastos, por lo que se encuentra nivelado, conforme exige la normativa aplicable, pero con tanta incertidumbre en la materialización de los ingresos y tan poca prudencia en la autorización de los gastos que su ejecución real será difícil y consolidará un nivel de gasto no soportable con los recursos ordinarios disponibles cuando no existan ingresos coyunturales extraordinarios fruto de la actividad constructora y urbanizadora privada”

Naturalmente, el Informe de Juan Francisco Bravo ha sido ignorado por el “ingeniero naval privado no homologado” con la displicencia de los que saben más de lo que dicen. Por eso, seguramente ha sido por eso, la situación de quebranto financiero del Ayuntamiento no ha impedido a Pompa anunciar la construcción de un nuevo Ayuntamiento; un nuevo Centro Logístico Municipal por valor estimado de 1.000.000€; la construcción de un nuevo CAI con costo estimado de 900.000€; un Hogar del Jubilado y Centro de Día, con coste previsto de 852.000€; etc. obras públicas todas ellas que, me atrevo a aventurar, presuntamente, serán adjudicadas a PEYBER HISPANICA S.L o a alguna de sus más de treinta y nueve sociedades dependientes, o, en todo caso, a alguna compañía en cuyo organigrama se encontrarán nombres conocidos.

Ahora, lo que se debe decidir es si tras esto sólo hay una mera, aunque mayúscula, imprudencia o una delictiva canalización de los fondos públicos hacia las sociedades mercantiles que tan tenazmente gozan de buena fortuna en los ámbitos de poder de Pompa y Tofiño, porque en la situación de anormalidad institucional que se vive en Carranque, esta pregunta debe formularse y contestarse.

En todo caso, al menos una cierta luz de decencia alumbra la escena, pero eso trae a cuenta otras preguntas más difíciles de responder que la anterior. ¿Qué demonios hace ahí Juan Francisco Bravo? ¿Por qué compromete su historia personal, su nombre y su futuro de esta forma? ¿Por qué un hombre que, me consta, tiene una trayectoria intachable, se deja enredar así y por nada? ¿De verdad cree que su responsabilidad quedará a salvo mediante reservas e informes contrarios a las “iniciativas” de Pompa?. Me voy a permitir darle un gran consejo, aunque posiblemente no lo quiera. Debe buscar, cuanto antes, un abogado leal y ducho en derecho penal que sólo sea responsable de su defensa y no de la de Pompa y, además, no estaría de sobra que preguntara cuál es su responsabilidad por los hechos que se están consumando en ese Ayuntamiento, al margen de los informes que pueda estar redactando. En definitiva, que su primera estrategia de defensa, era la buena.

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