Bono, percibirá, anualmente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto de la propia Cámara durante cuatro años. A esto hay que sumar las otras sinecuras de las que disfruta como ex presidente de Castilla-La Mancha.
Conviene recordar, además, que su patrimonio familiar, aflorado hasta la fecha, alcanza como ya determinó el diario Público, una cantidad no menor de séis millones de Euros.
Este próspero empresario, responsable último, por ejemplo, del presunto saqueo de Caja Castilla la Mancha, es uno de los que piden sacrificios en esta hora calamitosa, en estos tiempos en que, diariamente, se ejecutan más de doscientos desahucios, en los que doscientas familias se quedan todos los días sin techo. ¿He de decir qué es lo que la Justicia urge a hacer con él?
Hace no mucho salió a la luz una noticia sin gran repercusión. El Extraconfidencial afirmaba (y aquí, además, aportábamos la documentación) que Bono había defraudado al Ayuntamiento de Toledo 25.000 € en licencias de obras para su Hípica Almenara.
La cantidad no era gran cosa, acostumbrados como ya estamos a saqueos multimillonarios, pero ante el hecho, lo que hay que preguntarse es que si eso hace por 25.000 € ¿qué será lo que es capaz de hacer por 25 millones?.
En cualquier otro lugar civilizado una cosa así habría acabado definitivamente con el futuro político y público del culpable. En España a estos no se les procesa, no se les castiga... ¡Se les recompensa!.
Recuérdese esto cuando el nuevo Gobierno anuncie que otra vez diezmará las nóminas de funcionarios y empleados de empresas públicas, cuando la legislación laboral se diluya, cuando el despido se abarate, cuando se hagan posibles salarios de 400 €, cuando la protección de los convenios colectivos desaparezca, cuando cualquier empleado por cuenta ajena tenga que "negociar" sus condiciones laborales en términos de "esto es lo que hay y si no, que pase el siguiente"... Cuando todo eso ocurra y se anuncie el próximo lunes 19 de diciembre, recuérdese que el empobrecimiento creciente, que la miseria desatada, que las penurias de esta calamidad que no ha hecho más que empezar se está causando, se está imponiendo para rellenar los pozos sin fondo de la corrupción endémica de España, de una corrupción, conocida, consentida y, demasiadas veces, aplaudida.
El fallido aeropuerto de Ciudad Real, en concurso de acreedores y que generó 640 millones de euros de pérdidas, necesitaba una inyección de dinero con la que paliar la ruina que había supuesto el faraónico proyecto para las arcas de empresarios de la zona y de la Junta de Castilla-La Mancha. La sociedad Transworld Cargo & Handling SA presentó a final del pasado año una oferta que no iban a poder rechazar: la compañía, recién creada y formada por un exitoso empresario inmobiliario y un piloto de aviación, quería explotar durante tres años en exclusiva la terminal de carga del aeropuerto manchego. La sociedad contaba con el apoyo de un hombre fuerte de Caja Castilla La Mancha que había sido presidente y consejero de la empresa del aeropuerto. Los administradores judiciales del aeródromo debían informar favorablemente. Uno de ellos no parecía muy convencido y los cerebros de la operación dieron con la solución: entregar dos millones de euros para doblegar voluntades.
La policía vigilaba los pasos de todos los implicados en el intento de compra del aeropuerto. Los agentes del Grupo de Países del Este de la UDEV Central estaban en plena Operación Edén, el mayor golpe asestado nunca al crimen organizado español: sabían que quienes estaban detrás de la propuesta eran personajes como Laurentino Sánchez Serrano, alias Lauro, uno de los reyes de la noche madrileña, amigo de famosos, futbolistas y empresarios; e Ignacio Rocha, el hombre que en 1999 disparó al abogado Emilio Rodríguez Menéndez


















